Anotaciones sobre el debido proceso administrativo

Por John Alexander Morales P.
Abogado Especialista en Derecho Administrativo
Especial para Jurídica al día

El derecho al debido proceso administrativo ha sido estudiado
en múltiples oportunidades por la Corte Constitucional. Esta garantía se
encuentra consagrada de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución,
entre otras disposiciones superiores, y consiste en el respeto a las formas
previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito
administrativo, salvaguardando en todas sus etapas los principios de
contradicción e imparcialidad.

Este derecho es definido como el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa,
que guarda relación directa o indirecta entre sí, y cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal.

El objeto de esta garantía superior es entonces asegurar el
ordenado funcionamiento de la administración, la validez de sus propias
actuaciones y, resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de
los administrados.

El derecho al debido proceso administrativo se traduce en la
garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y
adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes
jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de
la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es
entonces la garantía consustancial e insalvable que debe acompañar a todos
aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas,
castigos o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de
los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se
surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación
que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los
asociados.

La visión de la Corte Constitucional

La Corte, desde la Sentencia T-442 de 1992, desarrolló
ampliamente la esencia del derecho fundamental al debido proceso administrativo,
considerando que éste se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta
producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo
el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización
de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones
en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen
los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones
cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa
ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las
providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas
se hayan afectado sus intereses.

El debido proceso tiene reglas de legitimación,
representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e
instancias garantías establecidas en beneficio del administrado, etapas que
deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo señalado. Se concluye
que estos actos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, que
la observancia de la forma es la regla general, no solo como garantía para
evitar la arbitrariedad, sino para el logro de una organización administrativa
racional y ordenada en todo su ejercicio, el cumplimiento estricto para asegurar
la vigencia de los fines estatales, y para constituir pruebas de los actos
respectivos, que permitan examinarlos respecto de su formación, esencia,
eficacia y validez de los mismos.

El contexto del derecho al debido proceso

El debido proceso administrativo comprende una serie de
garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y
procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las
autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los
derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido
proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las
autoridades estatales. Así mismo, es desarrollo del principio de legalidad,
según el cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar
previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden
y el trámite a seguir antes de la adopción de determinadas decisiones.
Igualmente, el principio de legalidad impone a las autoridades el deber de
comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los recursos
administrativos previstos en el ordenamiento jurídico.

Siendo desarrollo del principio de legalidad, el debido
proceso administrativo representa un límite jurídico al ejercicio del poder
político, en la medida en que las autoridades públicas únicamente podrán actuar
dentro de los ámbitos establecidos por el sistema normativo, favoreciendo de
esta manera a las personas que acuden ante quienes han sido investidos de
atribuciones públicas en calidad de funcionarios.

Como puede apreciarse, la aplicación del derecho fundamental
al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas
constituye un desarrollo del fundamento filosófico del Estado de derecho. Por
virtud de ello, toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del
ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de
legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten
con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas,
realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios
vigentes.

Así pues, los actos y actuaciones de las autoridades
administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a
los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de
la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que
no resulten arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de derecho.

De la aplicación del principio del debido proceso se
desprende que los administrados y en situaciones particulares los mismos
servidores públicos, tienen derecho a conocer las actuaciones de la
administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su
derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de
todas las garantías establecidas en su beneficio.

La Corte ha indicado que la cobertura del debido proceso
administrativo se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la
administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo
que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y
ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los
procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de
los ciudadanos.

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