La evolución legislativa sobre actualización de obligaciones laborales

Por John Alexander Morales P.
Abogado Especialista en Derecho Administrativo

Especial para Jurídica al día

Los efectos de la inflación son especialmente sensibles en el
campo de las obligaciones dinerarias, es decir, de aquellas que deben
satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada -entre
las que se cuentan por supuesto las obligaciones laborales-
pues en la
medida en que la inflación produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la
moneda y ésta mantiene su poder liberatorio nominal, se afecta el equilibrio de
las prestaciones, principio esencial de todo el sistema jurídico.

De ahí que desde tiempo atrás se haya insistido en la
necesidad de actualizar toda obligación de dar sumas de dinero si entre el día
en que se contrajo y la fecha en la que debe pagarse la capacidad adquisitiva de
la moneda se ha visto afectada por la inflación. Tal actualización se lleva a
cabo mediante distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección
periódica de las prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación.

La indexación ha sido definida por la doctrina como un
sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a
las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor
real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o
combinados entre si, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de
aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de
productos alimenticios de primera necesidad, etc.

La indexación busca entonces mantener el valor originario del
crédito dinerario, mediante el empleo de pautas preestablecidas, aplicables a
todas las obligaciones dinerarias que se especifican. Mediante este
procedimiento de ajuste periódico y automático se pueden actualizar salarios,
rentas, ahorros, impuestos y en general todas aquellas prestaciones originadas
en obligaciones que se prolongan en el tiempo.

En Colombia la indexación, indización o corrección monetaria
fue introducida inicialmente por los decretos 677, 678 y 1229 de 1972, con el
fin de canalizar el ahorro privado hacia la industria de la construcción y
posteriormente fue prevista por otras legislaciones como el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, el cual preveía que la liquidación de las
condenas ordenadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
debería decretar en sumas líquidas de moneda de curso legal forzoso en Colombia
y cualquier ajuste sólo podría determinarse tomando como base el índice de
precios al consumidor, o el inciso final artículo 308 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el decreto 2282 de 1989, el cual indicaba
que la actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste
monetario se haría en el proceso ejecutivo correspondiente. Igualmente la Ley 14
de 1984 introdujo el reajuste periódico de los pagos tributarios al Estado y la
Ley 56 de 1985 de los cánones de arrendamiento.

En materia laboral los artículos 146, 147 y 148 del Código
Sustantivo del trabajo previeron el reajuste periódico del salario mínimo legal,
aunque sin establecer inicialmente la indexación. Posteriormente el numeral
segundo del artículo 147 fue subrogado por el artículo 8 de la Ley 278 de 1996,
norma que si hace alusión entre los criterios para la actualización del salario
mínimo el índice de precios al consumidor.

La actualización de las pensiones

En lo referido a las pensiones, inicialmente el Código
Sustantivo del Trabajo preveía en su artículo 261 la congelación del salario
base para el cómputo de la pensión de jubilación, disposición derogada por la
Ley 171 de 1961. Posteriormente las leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988
dispusieron el reajuste de las pensiones de jubilación, de invalidez y de
sobrevivientes del sector privado, público, oficial y semioficial, así como de
las que tuviera a su cargo el Instituto de Seguro Social, atendiendo a
diferentes criterios.

Igualmente, el Legislador previó el reajuste anual de las
pensiones en los regímenes especiales, tales como el de los congresistas.

Así mismo, la Ley 100 de 1993 establece una norma general en
materia de reajuste, cual es que, a partir de su vigencia, todas las pensiones
deberán ser reajustadas, según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y que
las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente serán reajustadas de oficio cada vez y en el mismo porcentaje en que el
Gobierno Nacional incremente dicho salario.

Finalmente el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, en
consideración al sistema de reajuste pensional previsto en las leyes antes
mencionadas para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes
del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto
nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como para los pensionados de
las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional, a la postre condujo a la
pérdida del valor real de las pensiones que inicialmente superaban el salario
mínimo, con el objeto de mantener el poder adquisitivo de todas las mesadas
pensionales, previó tres incrementos, los cuales se realizaron el 1º de enero de
los años 1999, 2000 y 2001, de conformidad con una serie de criterios fijados
por la misma disposición.

Del anterior recuento legislativo se observa claramente que a
partir de los años setenta ha habido una constante preocupación por el reajuste
periódico de las mesadas pensionales una vez estas han sido reconocidas y que el
incremento de estas prestaciones fue paulatinamente ligado al incremento del
índice de precios al consumidor.

La actualización del salario base de liquidación pensional

Una similar evolución se ha presentado en materia del
reajuste periódico del salario base para la liquidación de las pensiones,
materia en la cual se ha presentado una evolución de un régimen en el cual no se
reconocía la indexación de la primera mesada pensional a la actual regulación
donde por el contrario la regla general es la indexación del salario base para
liquidar las pensiones. El numeral primero del artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo regulaba el supuesto de los trabajadores que cumplían los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación (edad y tiempo de servicios)
mientras laboraban y en esa medida no era necesario el reajuste del salario base
para liquidación de la pensión pues la misma disposición establecía que en ese
caso tendrían derecho a ?una pensión mensual vitalicia de jubilación o
pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
de los salarios devengados en el último año de servicio?
.

La pensión de jubilación prevista originalmente en el Código
Sustantivo del Trabajo fue sustituida por la pensión de vejez introducida por la
Ley 100 de 1993. El artículo 21 de esta Ley prevé expresamente la actualización
del ingreso base para la liquidación de las pensiones previstas en dicha ley -
la pensión de vejez, de invalidez y la de sobrevivientes – ?con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE
?. Así mismo, el artículo 36 de la misma contempla la indexación del
salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de los trabajadores
que entraban dentro del régimen de transición previsto por dicho estatuto.
Finalmente, el mismo precepto señala que al entrar a regir la Ley 100 quienes
hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de
vejez, conforme a normas favorables anteriores, sin perjuicio de no haberse
hecho el reconocimiento, tendrán derecho a que se les liquide la pensión en las
condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales
requisitos, dentro de las cuales se incluye la indexación del salario base para
la liquidación de la pensión.

Respecto de otras pensiones distintas a la de jubilación
previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, como por ejemplo la
pensión-sanción regulada por el artículo 267, inicialmente no se preveía la
indexación de la primera mesada, no obstante la norma inicial fue subrogada por
el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993.

De las anteriores anotaciones sobre la evolución legislativa
se desprende por regla general la actualización periódica tanto de las mesadas
pensionales ya reconocidas como del ingreso base para la liquidación de la
primera mesada pensional. La legislación reciente ha previsto que tal
actualización se realice con base en el índice de precios al consumidor, es
decir, ha previsto la indexación de las mesadas pensiónales y del ingreso base
para su liquidación.

Relacionado

La indexación de una suma de dinero se realiza de
conformidad con la siguiente fórmula:

R = Rh. INDICE FINAL   
            
INDICE INICIAL

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el
valor histórico (R.h.), por el guarismo que resulte de dividir el índice final
de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha a la que se
quiere actualizar, por el índice vigente en la fecha desde la cual se quiere
actualizar.

Relacionado

La indexación ha sido definida por la doctrina como un
sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a
las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor
real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o
combinados entre si, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de
aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de
productos alimenticios de primera necesidad, etc.

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