Boletín No. 7

 

 

SEPTIEMBRE     

DE 2010

Publicación mensual.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Calle 5ª No. 1-11 Loma de Cartagena

Tel: 8240151 Fax: 8240458

 

 

Magistrados:

 

 

Dra. HILDA CALVACHE ROJAS (Presidente)

Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO

Dr. NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

 

 

Secretario: CARLOS A. MANZANO BRAVO            Relatora: CRISTINA ZUÑIGA CAICEDO

 

e-mail: czunigac@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

 

 

 


SE DESTACAN A CONTINUACION LAS PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010                                                              


 

 

 

 

INDICE TEMATICO

 

 

 

 

 

A

 

ACCIDENTE DE TRANSITO/ exceso de velocidad causa determinante Pag. 94

 

ACCION DE REPETICION/Normatividad/supuestos para su prosperidad. Pag. 98

 

 

C

 

CONCILIACION EN MATERIA TRIBUTARIA Pag.  89

 

 

D

 

DAÑOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO. Pag 77

 

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUDICIAL. Pag. 36

 

DE LA CAUSALIDAD ADECUADA Pag.  87

 

DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION DE 1991 Pag.  6

 

 

E

 

EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y LAS NORMAS QUE REGULAN EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Pag. 11

 

ES OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EVALUAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES INDISPENSABLES Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. Pag. 25

 

EL DAÑO ANTIJURIDICO Pag. 59

 

F

 

FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CARCELARIO Pag.  54

 

FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO Pag. 51

 

FALLA POR OMISION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA DENTRO DE CENTRO HOSPITALARIO NO FUE ACREDITADA. Pag. 64

 

FALLA EN EL SERVICIO POR UNA SANCION DISCIPLINARIA ATENTATORIA DEL DERECHO Y GARANTIAS DE LOS SUJETOS DISCIPLINABLES PAG.  70

 

H

 

HOMOLOGACION Y NIVELACION SALARIAL Pag. 94

 

I

 

INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCION. Pag.  91

 

 

 

J

 

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DE INTERES/ Unificación de Jurisprudencia respecto de la competencia del Consejo de Estado en única instancia de las controversias por sanciones disciplinarias de retiro del servicio en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.    Pag.  104

 

 

L

 

 

LA AUSENCIA DE CUERPO DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO VIOLA EL DERECHO COLECTIVO DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Pag.  21

 

LA CAUSAL EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD, EN EL CASO DE LA NO INTERPOSICION DE LOS RECURSOS, NO ES DE APLICACIÓN EN LOS CASOS DE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Pag. 45

 

 

 

 

 

M

 

MUERTE DE POLICIALES EN ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO. Pag. 39

 

 

N

 

NOTICIAS DESTACADAS/ Posesión de nuevos Consejeros de Estado 107.

 

P

 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA/ REQUISITO DE LA INMEDIATEZ/ DERECHO A LA IGUALDAD Y SU PROTECCION A TRAVES DE LA ACCION DE TUTELA. Pag. 15

 

PERJUICIO DE ALTERACION DE CONDICIONES DE LA EXISTENCIA EN ASUNTOS DE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Pag. 56

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN LO REFERENTE AL CAMBIO DE PATIO Y LA CANCELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PODÍA REALIZAR EL INTERNO PARA LA REDENCIÓN DE SU PENA  Pag. 19

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS POR UN ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL REVOCADO EN SEDE ADMINISTRATIVA Pag. 67

 

 

 

 

R

 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR SUICIDIO DE UN CONSCRIPTO. Pag.  32

 

RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA POR DAÑOS CAUSADOS EN EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PELIGROSA. Pag. 48.

 

RESPONSABILIDAD MEDICA/ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN Pag. 74

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

SALAS DE NECROPSIA /NORMATIVIDAD APLICABLE Pag.  28

 

SANCION PECUNIARIA POR INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.  Pag. 23

 

 

T

 

TEORIA DE LA RELATIVIDAD DE LA FALLA Pag. 61

 

ACCION DE TUTELA

 

 

 

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LOS DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES EN EL MARCO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991

 

 

 

Magistrado Ponente:  Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia 07/09/2010

Expediente:  20100034701

 

 

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la dignidad humana debido a que fue trasladado a una fase donde se encuentran los internos que no gozan de la posibilidad del beneficio administrativo de libertad por 72 horas.  La  Sala previo estudio de la normatividad atinente a la distribución y clasificación de los internos al interior de las cárceles considera que el INPEC no siguió las pautas señaladas tanto en la ley como en el acuerdo  011 de 1995.  Precisó que si al cambiar a un interno de una fase de mediana a otra de alta conlleva una consecuencia tan determinante para su situación particular, como lo es, el que después de estar conminado a un encierro, pueda contar con unas horas de libertad, lo mínimo que se espera por parte del recluso es que esa decisión tenga un fundamento legal o reglamentario sólido y sea consecuencia de un procedimiento adelantado con las garantías propias de un debido proceso, que no admita, como en este caso, la sospecha de que el cambio de patio se realizó más, en atención a razones moralistas que deslegitiman una orientación sexual diferente a la practicada por la mayoría y solicialmente aceptada, que a un procedimiento con apego a la ley y al reglamento.  Por tanto ordenó al señor Director del Establecimiento Penitenciario de alta y mediana seguridad de Popayán que además de reintegrar al interno al patio al que se encontraba, disponga que la Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas inicie el procedimiento administrativo tendiente a establecer si el mismo debe o no ser cambiado de patio, procedimiento que deberá adelantar con total apego a la ley teniendo en cuenta que el tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto.

 

 

EXTRACTO: Desde hace no poco tiempo, las comunidades homosexuales han luchado para obtener un tratamiento igual al de los heterosexuales, de modo que no se vean discriminadas por el sólo hecho de su identidad sexual. La lucha se ha dado en diversos frentes, pero el más importante ha sido el de la discriminalización de prácticas que forman parte de la vida íntima. En nuestro país, es un hecho cierto que desde la expedición de la Carta Política de 1991, el panorama de los derechos para los homosexuales cambió de manera drástica.  La acción de tutela como instrumento para garantizar el amparo de los derechos fundamentales ha sido el instrumento legal más eficaz, tanto para proteger a los homosexuales en casos puntuales de discriminación, como para empezar a construir una jurisprudencia que, poco a poco, ha estructurado un marco jurídico en el que las parejas homosexuales han ganado terreno. Tan es así, que hoy en día se considera que Colombia es el país más avanzado de América Latina en materia de reconocimiento de derechos de los homosexuales. La Corte Constitucional desde sus inicios se ha ocupado del  tema relacionado con las parejas del mismo sexo, y gracias a diversos fallos sobre la materia, hoy estas comunidades gozan de muchos de los derechos que también cobijan a las parejas heterosexuales. Entre los logros jurídicos alcanzados por las comunidades de homosexuales se encuentra, la reforma al régimen pensional de las fuerzas militares que determina que las parejas homosexuales pueden ser cobijadas con la pensión de sobreviviente, en materia de vivienda no se pueden embargar los bienes de las parejas homosexuales que sean de patrimonio familiar y pueden ser beneficiarios de subsidios si son parejas del mismo sexo.  En cuanto al régimen migratorio, si un extranjero hace pareja con una persona colombiana puede obtener la nacionalidad, si ésta unión es homosexual. Así mismo la Corte ha dicho que las autoridades tienen la obligación de fijar la residencia en el departamento de San Andrés y Providencia a las parejas homosexuales. En lo referente a salud, las parejas homosexuales pueden ser beneficiarias del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, por la muerte de la pareja; igualmente, pueden invocar la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar.
En materia penal los homosexuales, al igual que los heterosexuales, no se ven obligados a declarar en contra de su pareja,  cuando se presenten ante un juez en calidad de testigos o de sindicados. Es más, la Corte ha señalado que, en cuanto a la Ley de Justicia y Paz las parejas homosexuales, que hayan sido víctimas de grupos armados al margen de la ley, también pueden reclamar sus derechos de indemnización y de reparación, siempre y cuando hayan sido víctimas de genocidio, desaparición forzada o tortura.
Entre la multiplicidad de sentencias proferidas por la H. Corte Constitucional, frente al tema debatido, en la Sentencia T- 268 de 2000, al referirse a los homosexuales y la Constitución, puntualizó: “1. Para entender el alcance de la protección constitucional a las diversas  opciones vitales, - entre las que se encuentra la homosexualidad -, es importante tomar en consideración algunos pronunciamientos anteriores de esta Corporación sobre el particular. En efecto, es claro que una sociedad democrática como la nuestra, que no es estática  ni unívoca precisamente por la multitud de voces que la constituyen, debe necesariamente propugnar por el pluralismo (C.P. art. 1) y por el respeto a las diferentes opciones de vida,  a fin de asegurar la diversidad y el desarrollo armónico de todos los derechos que se confrontan al interior de su  tejido social. 2. En ese orden de ideas, entre las múltiples manifestaciones de la diversidad amparadas constitucionalmente, se encuentran entre otras, la diversidad religiosa y la diversidad sexual.   En efecto,  la Carta, al  elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales, permite que  la homosexualidad, - como alternativa  o como inclinación sexual diversa-, se encuentre protegida y no constituya en sí misma un factor de discriminación social que justifique un tratamiento desigual. 3. De este modo, derechos  constitucionales como el libre  desarrollo  de  la personalidad (Art. 16), - que asegura para todos los ciudadanos la posibilidad de buscar opciones personales para su propia vida y manifestar su identidad individual -; el derecho a la intimidad  (Art. 15), - que garantiza un espacio personal y ajeno a la interferencia ilegítima de terceros - ;  y el derecho a la  igualdad (Art. 13), - relacionado con la potestad de recibir un tratamiento igualitario sin discriminación alguna -, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución y reconocidos igualmente en tratados internacionales, que garantizan con relación a los homosexuales, un trato justo, respetuoso y tolerante hacia ello y hacia su condición. 4- Así las cosas,  el Estado, como garante del ejercicio plural de los derechos en una colectividad, debe permanecer en principio neutral ante las manifestaciones sexuales diferentes como la homosexualidad, sin pretender imponer criterios ideológicos o morales específicos. Sin embargo, su injerencia resulta legítima, e incluso necesaria en aras de asegurar los fines del Estado,  cuando las manifestaciones de diversidad o el ejercicio de derechos, atenten indiscutiblemente contra la convivencia y la organización social de manera tal  que resulten abusivas e ilegítimas, en detrimento de la comunidad. Por ende, si bien es cierto que "no existen determinados modelos de personalidad que son  admisibles, y otros que se encuentran excluidos del ordenamiento"[1], y  que "corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones", tal potestad resulta a todas luces limitada por los derechos de terceros y el orden constitucional, precisamente porque ese es el límite propio al que se enfrentan los derechos constitucionales en la Carta. En ese orden de ideas, las manifestaciones de la diversidad sexual sólo pueden ser reprimidas o limitadas  cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, lleguen a afectar los estándares generales  de decencia pública o se conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la adolescencia. Así lo ha asegurado la Corte Constitucional en aquellas sentencias en las que, con la conducta homosexual, objetivamente se han transgredidos derechos de terceros o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad. (Subrayado y negrilla fuera de texto) Sin embargo, todas estas circunstancias que justifican la injerencia del Estado y la restricción de los derechos que sustentan la diversidad sexual, no dependen de valoraciones meramente subjetivas de la Administración sino que deben hacer referencia a conductas que "objetivamente  produzcan  daño social" y por lo tanto justifiquen la  injerencia legítima del Estado, frente al ejercicio de los derechos fundamentales.  5. En el caso específico de los homosexuales, la diferencia en el trato que el Estado les de en relación con otros grupos sociales, requiere además,  de una fundamentación que permita desvirtuar los llamados "criterios sospechosos", es decir,  aquellos criterios que han servido tradicionalmente  como argumentos de persecución y estigmatización, en virtud de la simple diferencia por razón exclusiva de la orientación sexual”.  (…)  EL CASO CONCRETO Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos fácticos, legales y jurisprudenciales, es importante precisar algunos de los argumentos que aduce el INPEC-EPCAMS Popayán, a través de su director, como fundamento para haber trasladado de un patio de mediana seguridad a una de alta seguridad a un interno homosexual. En primer lugar debe resaltar la Sala que en la contestación a la presente acción, después de narrar en extenso y de forma por demás detallada, la situación en que dos guardias encontraron a una pareja de reclusos de preferencias sexuales diferentes a las de la colectividad, sólo se presentan argumentos de tipo meramente moralista para justificar las razones que conllevaron a la Junta de Asignación de Patios y Celdas a realizar el cambio del accionante  de una fase de tratamiento a otra. Es así como además de señalar que atenta contra la moral de los reclusos el que tengan que presenciar actos sexuales diversos a los de sus preferencias y que con la medida adoptada lo que se busca es ejercer control y disciplina a fin de prevenir la promiscuidad y con ello la propagación de enfermedades, no encuentra la Sala sustento alguno que nos indique que con ocasión de la ocurrencia de dichos hechos, a los reclusos encontrados en la situación ya descrita se les adelantó un debido proceso administrativo el cual culminará con la sanción de reubicar al señor ANDRES ANTONIO LASPRILLA. El único documento que el INPEC aportó con la contestación de tutela es el memorando a través del cual los dragoneantes de turno en la noche del 29 de junio de los corrientes, informan al señor Director que encontraron en una celda a dos internos sosteniendo una relación sexual en presencia de otro interno (compañero de celda de uno de los implicados) y en donde recalcan que esa situación se puede prestar para inconvenientes en tanto el señor LASPRILLA tiene establecidas visitas íntimas con otro interno del mismo pabellón. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que los hechos acecidos la noche del 29 de junio sucedieron tal cual lo indican en el memorando los dragoneantes, puesto que en nada distan de lo señalado por el accionante en su escrito de tutela, con lo que se reafirma que la motivación del señor LASPRILLA VALDERAMA al interponer la presente acción constitucional no es ningún momento desmentir lo sucedido ni mucho menos negar sus preferencias sexuales ni los actos que realizó, sino cuestionar y reclamar el respeto a sus derechos fundamentales, en tanto considera que fue desmedida la sanción por lo ocurrido, toda vez que después de 10 días de haberlo encontrado en la situación ya tantas veces referida, se lo cambió de patio con las consabidas consecuencias que ello acarrea para su situación administrativa al interior de la cárcel, puesto que pierde la posibilidad de gozar del beneficio de la libertad por 72 horas, al que dice estar a punto de tener derecho, aspecto que no fue negado ni desvirtuado por el INPEC. En efecto, de conformidad con la normatividad transcrita, es claro para la Sala que si bien es cierto una de las funciones que tiene la Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas al interior de una cárcel, es ubicar y clasificar a los internos por categorías, en los diferentes pabellones y celdas de acuerdo con los parámetros consagrados en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, que nos son otros que en atención a su sexo, edad naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental, no es menos cierto que ello no se puede hacer en forma arbitraria ni a priori, pues la misma ley en su artículo 81, después de establecer las funciones de dicha junta, seguidamente señala que la misma dejará constancia escrita de la distribución de la población reclusa en los diferentes pabellones y celdas, así como de los motivos que dieron lugar a ella y que el traslado de pabellón o de celda de los internos sólo podrá verificarse por dicha junta clasificadora, dejando constancia de los motivos que se tuvieron para realizarlo, y, a renglón seguido determina en forma enfática, que por ningún motivo y sin excepción alguna, se asignará pabellón o celda por mecanismo diferente del señalado en dicho reglamento. Conforme a lo indicado, echa de menos la Sala, la constancia escrita mediante la cual la Junta de Distribución de patios del EPCAMS –POPAYAN, justificó el traslado de patio del tutelante. Aunado a lo anterior se tiene que el artículo 17 del Acuerdo 011 de 1995, establece claramente que la clasificación que realice la Junta de Asignación de patios, atendiendo criterios de personalidad, que sería el caso en el que nos encontramos puesto que el homosexualismo y sus prácticas obedecen al fuero interno y personalisimo de cada ser humano, se debe hacer teniendo en cuenta las recomendaciones del trabajador social o sicólogo del establecimiento y atendiendo las observaciones que sobre el particular haga la Junta de Evaluación y Tratamiento, cuando se trate de condenados. Observaciones que tampoco se acreditó se hubieran realizado en el presente caso, siendo obviamente indispensables a fin de establecer lo que el Director afirma como un criterio meramente personal pues no se sabe con apoyo en que lo asevera, relacionado con que el señor LASPRILLA VALDERRAMA por el hecho de ser homosexual no debe estar en el patio de mediana seguridad en donde no se puede tener control directo sobre él y sí en el patio de alta seguridad el cual es totalmente restringido. Ahora bien, conforme lo señala el señor LASPRILLA VALDERRAMA, uno de los requisitos para ser beneficiario del permiso hasta por 72 horas para salir del establecimiento, sin vigilancia, es estar en la fase de mediana seguridad, por lo tanto, si el cambiar a un interno de una fase de mediana a otra de alta conlleva una consecuencia tan determinante para su situación particular, como lo es, el que después de estar conminado a un encierro, pueda contar con unas horas de libertad, lo mínimo que se espera por parte del recluso es que esa decisión tenga un fundamento legal o reglamentario sólido y sea consecuencia de un procedimiento que se adelante con respeto a las garantías propias de un debido proceso, que no admita, como en este caso, la sospecha de que el cambio de patio se realizó más, en atención a razones moralistas que deslegitiman una orientación sexual diferente a la practicada por la mayoría y socialmente aceptada, que a un procedimiento con apego a la ley y al reglamento.  Así las cosas, para la Sala los argumentos sostenidos por el Director de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, al no permitir desvirtuar los llamados "criterios sospechosos" a que ha hecho referencia la Corte Constitucional, que se dejaron reseñados adelante, y que hacen referencia a aquellos criterios que han servido tradicionalmente  como argumentos de persecución y estigmatización, en virtud de la simple diferencia por razón exclusiva de la orientación sexual, pues como se dijo no existe prueba de que al señor ANDRES ANTONIO LASPRILLA, se lo haya trasladado de patio siguiendo las pautas señaladas para ello tanto en la ley como en el acuerdo aplicables a esa determinada situación.

 

 

 

 

 

 

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y LAS NORMAS QUE REGULAN EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

 

                                                                                             

 

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MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

SENTENCIA 07/09/2010

EXPEDIENTE No. 20100034801

 

 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, interpuso acción de tutela contra LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA., solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,  el derecho de defensa y el principio constitucional de la confianza legítima por considerar que el auto de imputación, el fallo con Responsabilidad Fiscal y sus respectivos autos aclaratorios en el proceso cuestionado, presentan irregularidades que afectan los citados derechos. La Sala al encontrar procedente la acción tutela interpuesta, procedió a analizar el fondo del asunto, explicando los alcances del artículo 29 constitucional y su aplicación a toda clase de actuaciones tanto judiciales como administrativas. En cuanto al derecho del debido proceso en el juicio de responsabilidad fiscal hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Constitucional y realizó análisis de la ley 610 de 2000 que regula actualmente el debido proceso al que debe someterse la declaratoria de responsabilidad fiscal. Adentrándose al caso concreto realizó un recuento de cada una de las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de responsabilidad fiscal y concluyó que la Contraloría Departamental del Cauca no incurrió en omisión alguna atentatoria del derecho al debido proceso.

 

 

EXTRACTO:   El debido proceso administrativo de raigambre constitucional por su consagración en el artículo 29 de la carta fundamental, se aplica a todas las actuaciones tanto judiciales como administrativas y con él se pretende garantizar el respeto por las formas propias de cada juicio, cuya finalidad última, es hacer efectivos los derechos fundamentes de los ciudadanos y la materialización del derecho sustancial. Es así como en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha explicado el alcance que tiene este derecho y su contenido, verbigracia la sentencia C-131 de 2002, al respecto expone: “Las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por cuanto la concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella.” En cuanto al debido proceso en el juicio de Responsabilidad Fiscal en sentencia de constitucionalidad C- 382 de 2.008 se señaló: “El proceso de responsabilidad fiscal se encuentra sometido al derecho al debido proceso, con los matices que le son propios al ejercicio de esa función, siendo aplicables las garantías sustanciales y procesales, tales como los principios de legalidad, juez natural y favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa que comporta el derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de apoderado, a presentar y controvertir pruebas, a solicitar la nulidad de la actuación cuando se configure violación al debido proceso, a interponer recursos, a la publicidad del proceso, a que éste se desarrolle sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Las garantías propias del debido proceso, aplicables al proceso de responsabilidad fiscal, deben también armonizarse con los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales orientan todas las actuaciones administrativas, en particular la gestión de control fiscal.”  La Ley 610 de 2000, es la norma que regula actualmente el debido proceso al que debe someterse la declaratoria de responsabilidad fiscal, con ella se busca que la administración y manejo de los recursos públicos, en las distintas etapas de recaudo o adquisición, conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición sean los adecuados. Por la relevancia para resolver el caso bajo análisis esta Sala se permite transcribir apartes de esta ley, así: “ARTICULO 2º. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ACCION FISCAL. En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo.  ARTICULO 40. APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal.  En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno. ARTICULO 44. VINCULACION DEL GARANTE. Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. (Subrayado fuera del texto) La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella. ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados. El auto de imputación deberá contener: 1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado. 2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas. 3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado. ARTICULO 49. NOTIFICACION DEL AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida la notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 43. ARTICULO 50. TRASLADO. Los presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación personal del auto de imputación o de la desfijación del edicto para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término el expediente permanecerá disponible en la Secretaría.”  De lo anterior se concluye que el proceso de Responsabilidad Fiscal busca el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público y que está sometido a ciertas ritualidades que se deben cumplir por mandato constitucional y legal. 3. Etapas del proceso de responsabilidad fiscal, tal como las resumió esquemáticamente la Corte Constitucional en la sentencia C-840/01. “a.    El proceso puede iniciarse de oficio por las propias contralorías, a solicitud de las entidades vigiladas, o por denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, especialmente por las veedurías ciudadanas. (Artículo 9°). b.      Antes de abrirse formalmente el proceso, si no existiese certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por el término de seis (6) meses, al cabo de los cuales procederá el archivo de las diligencia o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. (Artículo 39).   c.       Cuando se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado,  e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, se ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. (Articulo 40). Una vez abierto el proceso, en cualquier momento podrán decretarse medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables. (Artículo 12)  d.      En el auto de apertura del proceso, entre otros asuntos, deberán identificarse la entidad afectada y los presuntos responsables, y determinarse el daño patrimonial y la estimación de su cuantía. Dicho auto, además, debe contener el decreto de las pruebas que se estimen conducentes y pertinentes, el decreto de las medidas cautelares que deberán practicarse antes de la notificación, y la orden de practicar después de ellas, la notificación respectiva. (Artículo 41)  e.       Como garantía de la defensa del implicado, el artículo 42 prescribe que quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal en su contra, antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, tiene el derecho de solicitar que se le reciba exposición libre y espontánea. De todas maneras, no puede proferirse el referido auto de imputación, si el presunto responsable no ha sido previamente escuchado.  f.       Si el imputado no puede ser localizado o si citado no comparece, se le debe nombrar un apoderado de oficio con quien se continúa el trámite. (Artículo 43).  g.       El término para adelantar estas diligencias es de tres (3) meses, prorrogables por dos (2) meses más, vencido el cual se archivará el proceso o se dictará auto de imputación de responsabilidad fiscal. Notificado a los presuntos responsables el auto de imputación, se les correrá  traslado por el término de diez (10) días a fin de que presenten los argumentos de su defensa, y soliciten y aporten las pruebas que pretendan hacer valer.  (Artículos 45 a 50).  h.   Vencido el término del traslado anterior, se debe dictar el auto que decrete las pruebas solicitadas, o las que de oficio se encuentren conducentes y pertinentes. El término probatorio no podrá ser superior a treinta (30) días; contra el auto que rechace pruebas proceden los recursos de reposición y apelación. (Artículo 51). i.       De conformidad con lo prescrito por el artículo 52, “vencido el término del traslado, y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario competente proferirá decisión de fondo, llamada fallo, con o sin responsabilidad fiscal, según el caso, dentro del término de treinta (30) días.  j.       En los términos del artículo 55, 'la providencia que decida el proceso de responsabilidad fiscal se notificará en la forma y términos que establece el Código Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos allí señalados (…)”.

 

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PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA/ REQUISITO DE INMEDIATEZ/ EL DERECHO A LA IGUALDAD Y SU PROTECCION

 

 

Magistrado Ponente:  Doctor CARLOS E. JARAMILLO DELGADO

Sentencia 23/09/2010

Expediente:  20100037001

 

 

En el sub examine, el actor reclama el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, en atención a que hizo parte del taller “libertad bajo palabra” ejecutado en el INPEC de Palmira, el cual fuera liderado por José Zuleta, quien manifestó que los internos cuyos escritos salieran favorecidos se les entregaría 10 ejemplares del libro Fugaz de Tinta, y que él recibió únicamente una copia, mientras que al interno Ricardo Jimenez le entregaron varias ediciones originales con la respectiva certificación.  La Sala procedió en primer lugar a efectuar un análisis del derecho a la igualdad y su protección a través de la acción de tutela, así como el requisito de inmediatez contemplado en el articulo 86 de la Carta. Precisó que éste asunto no se da el cumplimiento del requisito de la inmediatez por lo que recalca que los jueces constitucionales deben verificar antes de entrar a realizar un análisis de fondo de la vulneración o no de los derechos fundamentales esgrimidos como conculcados, la procedibilidad de la acción de tutela, pues lo contrario implica desnaturalizar la subsidiariedad que reviste la acción constitucional.

 

 

EXTRACTO:  El derecho a la igualdad, previsto en el artículo 13 de la Carta Política, consiste, en que todas las personas nacen iguales ante la ley y que recibirán la misma protección y trato de las autoridades con el fin de que disfruten de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. En sentencia de constitucionalidad C-624 de 2.008, se estructuró el concepto de este derecho en los siguientes términos: “…el derecho general de igualdad, cuya titularidad radica en todos aquellos que son objeto de un trato diferenciado injustificado o de un trato igual a pesar de encontrarse en un supuesto fáctico especial que impone un trato diferente, se trata entonces de un derecho fundamental que protege a sus titulares frente a los comportamientos discriminatorios o igualadores de los poderes públicos, el cual permite exigir no sólo no verse afectados por tratos diferentes que carecen de justificación sino también, en ciertos casos, reclamar contra tratos igualitarios que no tengan en cuenta…” No obstante a lo anterior, se debe entender que la norma no establece una igualdad automática, toda vez que la misma Constitución permite otorgar tratos preferentes a personas que por su situación especial merecen una diferenciación en el trato para garantizar la justicia material. Así las cosas, se tiene que para acreditar la existencia de una conducta discriminatoria es necesario constatar, entre otros requisitos, que la persona que se tiene como referente se encuentran bajo los mismo supuestos de hecho de quien alega la violación del derecho. Ahora, en cuanto a la acción de amparo como mecanismo para proteger el derecho a la igualdad la jurisprudencia constitucional ha puesto en cabeza del tutelante la demostración de un criterio de comparación con el cual se pruebe la discriminación en la cual esta siendo afectado, así en sentencia T338 de 2.008, señaló: “Es preciso demostrar un criterio de comparación, como referente valorativo en relación con el cual se lleva a cabo el juicio de igualdad. Así quien pretende alegar que está siendo objeto de un trato discriminatorio debe enfrentar su situación particular a aquella de otras personas que estando en igualdad de circunstancias fácticas y bajo los mismos parámetros legales está teniendo un trato preferente, con lo cual quedaría demostrada la discriminación”. Al respecto es necesario indicar que el requisito de inmediatez contemplado en el artículo 86 de la Constitución Política, propio de la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional, obedece a la necesidad de evitar la configuración de un perjuicio irremediable caso en el cual se concede como mecanismo de protección transitorio, o en protección de un derecho fundamental, en el cual opera como medio principal de defensa.  En una y otra situación la inminencia de la vulneración, otorga sentido a la procedencia de la acción de amparo, razón por la cual la cercanía de la interposición de la acción de tutela a los hechos que generan la lesión, constituye un elemento de rigurosa observancia, en aras de no desnaturalizar el espíritu subsidiario de la acción de tutela. Así las cosas, el principio de inmediatez es un requisito de estricto estudio en materia de procedencia del recurso de amparo, al respecto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: “(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que la acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la negligencia y la desidia. Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos”. Si bien es cierto,  no existe un término legal que indique en que momento debe presentarse la acción de tutela,  la jurisprudencia se ha referido a éste, indicando que ha de tratarse de un lapso de tiempo razonable, el cual debe considerarse en las situaciones de hecho, que se presentan en cada situación particular. Es oportuno estimar en el caso que ocupa la atención de la Sala, que no se da cumplimiento al requisito de inmediatez, pues no reposa dentro del acervo probatorio, ni se evidencia en el escrito de tutela, argumentos de los cuales se pueda inferir una evidencia que excuse al actor en la mora de un año  para interponer  la presente acción de tutela, pues el interno en ningún momento adujo que el hecho de encontrarse privado de la libertad hubiera significado una imposibilidad física de no poder interponer la tutela tiempo atrás. Es decir, que no se logró corroborar la existencia de motivos válidos que lograran demostrar una justificación para la inactividad del accionante. 2.         El caso en concreto. De conformidad con la jurisprudencia citada y las consideraciones de esta providencia, procede la sala a determinar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante. El actor pretende que se ordene al INPEC, la entrega de 5 ejemplares del libro Fugaz de Tinta, como aconteció en el caso Ricardo Jiménez, debido a que los dos fueron participantes del taller libertad bajo palabra que se llevó a cabo en el año 2008 y sus escritos se seleccionaron para ser parte del libro en mención. La profusa jurisprudencia Constitucional ha establecido, que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual, cautelar y subsidiario, encaminado a proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de las personas cuando estos se vean amenazados. Así pues, la acción de tutela sólo procede ante la inexistencia o la ineficacia de otros mecanismos judiciales frente a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, siempre que el actor haya hecho uso de ellos. Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia C- 590 de 2005 refirió al tema de los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela de la siguiente forma: b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.” Ahora bien, de acuerdo a lo sustentado por el petente, los hechos que se debaten en esta acción datan del año 2008, y que la publicación del libro que reclama le debe ser entregado se realizó en septiembre del año pasado, es decir, que entre el hecho sobre el cual se predica la vulneración de los derechos fundamentales y la interposición de la presente acción ha trascurrido un poco mas de un año. Al respecto es necesario indicar que el requisito de inmediatez contemplado en el artículo 86 de la Constitución Política, propio de la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional, obedece a la necesidad de evitar la configuración de un perjuicio irremediable caso en el cual se concede como mecanismo de protección transitorio, o en protección de un derecho fundamental, en el cual opera como medio principal de defensa.  En una y otra situación la inminencia de la vulneración, otorga sentido a la procedencia de la acción de amparo, razón por la cual la cercanía de la interposición de la acción de tutela a los hechos que generan la lesión, constituye un elemento de rigurosa observancia, en aras de no desnaturalizar el espíritu subsidiario de la acción de tutela. Así las cosas, el principio de inmediatez es un requisito de estricto estudio en materia de procedencia del recurso de amparo, al respecto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: “(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que la acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la negligencia y la desidia. Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos”. Si bien es cierto,  no existe un término legal que indique en que momento debe presentarse la acción de tutela,  la jurisprudencia se ha referido a éste, indicando que ha de tratarse de un lapso de tiempo razonable, el cual debe considerarse en las situaciones de hecho, que se presentan en cada situación particular. Es oportuno estimar en el caso que ocupa la atención de la Sala, que no se da cumplimiento al requisito de inmediatez, pues no reposa dentro del acervo probatorio, ni se evidencia en el escrito de tutela, argumentos de los cuales se pueda inferir una evidencia que excuse al actor en la mora de mas de un año para interponer  la presente acción de tutela, pues el interno en ningún momento adujo que el hecho de encontrarse privado de la libertad hubiera significado una imposibilidad física de no poder interponer la tutela tiempo atrás. Es decir, que no se logró corroborar la existencia de motivos válidos que lograran demostrar una justificación para la inactividad del accionante. Por lo tanto, considera la Sala que la A quo antes de entrar a realizar un análisis de fondo de la vulneración o no de los derechos fundamentales esgrimidos como conculcados, debió en primer lugar estudiar la procedencia de la acción de tutela, pues lo contrario implica desnaturalizar la subsidiariedad que reviste a la acción constitucional, y al realizar ese estudió se habría percatado que el accionante pretende mucho tiempo después que se vio configurado el supuesto perjuicio interponer la presente acción,  sin explicar por que ahora, y no hace un año vio conculcado sus derechos fundamentales. Recalca la Sala, que los jueces constitucionales estamos en la obligación de verificar la procedibilidad de todas las acciones de tutelan que lleguen a nuestro conocimiento, pues si ello no se hace, se cae en el error de estar abrogándonos la competencia, que por los temas debatidos, corresponda adelantarse como procesos ordinarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN LO REFERENTE AL CAMBIO DE PATIO Y LA CANCELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PODÍA REALIZAR EL INTERNO PARA LA REDENCIÓN DE SU PENA

 

 

Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia 30/09/2010

Expediente:  20100039901

 

 

En el escrito de la tutela el señor JHON JAIRO SINISTERRA ALOMÍA manifiesta que no le han permitido seguir realizando su actividad laboral para redención de pena y que lo cambiaron de patio sin justificación. Por su parte el director de la cárcel manifiesta que se le abrió proceso disciplinario al accionante por haberle encontrado $70.000 en una media, como prueba de ello anexa copia del auto de apertura de investigación disciplinaria (fl.21), pero existe prueba de que dicho proceso haya culminado con sanción y que la misma haya consistido en revocarle el beneficio de permiso hasta por 72 horas del que venía disfrutando el interno Sinisterra Alomia; es mas se señala que fue la Junta de Asignación de Patios quien tomó la determinación de reasignar de patio al accionante pero de ello tampoco se aportó prueba con la contestación de la tutela. Ahora bien, se señala que cuando llegó el interno de disfrutar de un permiso de 72 horas, al ser olfateado por unos canes que están entrenados para el reconocimiento de sustancias alucinógenas dio positivo pero finalmente no se señala positivo para qué, pues si esos entrenados animales ladraron era por que el interno tenía algún tipo de droga en su poder, pero se dice en el informe presentado por los dragoneantes que lo que se le decomisó fueron unos billetes que sumaban $70.000, entonces se pregunta la Sala si esos perros olfatean sustancias alucinógenas o dinero, pues si reconocen la tenencia de droga por que no se relaciona en el informe que tipo y que cantidad de droga fue finalmente decomisada. Con lo indicado considera la Sala que no existe un fundamento valido para que por el sólo hecho de encontrarle dinero a un interno, antes de ingresar a la penitenciaría, se deba ipso facto adoptar la medida de cambiarlo de patio y restringirle sus beneficios administrativos. Si bien es cierto, existe en el ordenamiento jurídico una norma que prohíbe a los internos que se encuentren en la fase de mediana seguridad tener dinero, tal como lo manifestó el juez de instancia, en ninguna parte de dicha norma se dice que la consecuencia de ello sea que los Directores de las cárceles puedan, usurpando competencias, revocar permisos administrativos otorgados por un Juez de la República. Lo anterior teniendo en cuenta que ni siquiera se encuentra probado que haya sido la Junta de Asignación de Patios que haya adoptado tal determinación. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que el no permitirle a un interno que está purgando una pena de prisión que realice una serie de actividades a fin de poder redimir parte de su pena, siendo un beneficio consagrado por la ley y del que venía disfrutando ya el señor Sinisterra Alomía, sin justificación aparente y cambiarlo de un patio de mediana a uno de alta seguridad con las consabidas consecuencias administrativas que ello conlleva, son  decisiones a todas luces arbitrarias, pues ese tipo de determinaciones deben adelantarse con estricta sujeción al procedimiento previsto por la ley o el reglamento para tal efecto. Por lo que, tal como sucedieron las cosas, con las decisiones intempestivas que adoptó el director de la cárcel claramente se vulneró el derecho a un debido proceso administrativo que le asiste al interno JHON JAIRO SINISTERRA ALOMIA a fin de que se le respeten los derechos administrativos que ya tenía radicados en su persona. Por lo tanto, considera la Sala que frente a estos hechos sí es procedente la presente acción de tutela pues el perjuicio irremediable se configura para el accionante en la imposibilidad que entraña el no poder recuperar el tiempo que pasa sin el adelantar una actividad que le permita redimir tiempo de la pena que cumple al interior de la cárcel. Si bien la entidad manifiesta la negativa del actor a firmar la notificación de la posibilidad de ser asignado para la realización de una actividad que le permita la redención de su pena, dicha negativa no exime a la entidad de la responsabilidad por la cancelación que realizó arbitrariamente de la actividad que el venía realizando y del permiso del que gozaba. En ese entendido la Sala tutelará el derecho fundamental al debido proceso administrativo del interno y por tanto se ordenará que sea devuelto al patio No 12 y que podrá continuar realizando las actividades que le permitan la redención de su pena,  hasta tanto no se le adelante un debido proceso administrativo que determine cuales son las causas probadas para que ello no deba seguir siendo de esa manera, y hasta tanto las autoridades competentes no cancelen los beneficios otorgados al actor con base al proceso disciplinario. Finalmente considera la Sala pertinente y en forma pedagógica, informar nuevamente a la dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán, que las competencias establecidas en la ley 65 de 1993, han cambiado como se anotó en la presente providencia, motivo por el cual, algunas de las potestades que tuvo en su momento, hoy ya no están vigentes, entre ellas la de la cancelación o suspensión del permiso de 72 horas, por lo que a futuro debe abstenerse de adelantar acciones para las cuales no tiene competencia. Así mismo se le recuerda que todas las decisiones que se adopten frente a las situaciones administrativas de los internos como lo son el cambio de patio y la cancelación de actividades de redención de pena, deben tener plena justificación y las decisiones que las afecten deben adelantarse con pleno respeto al debido proceso, para así evitar la repetitiva vulneración de los derechos fundamentales de los internos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION POPULAR

 

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LA AUSENCIA DE CUERPO DE BOMBEROS VIOLA LA PROTECCION DEL DERECHO COLECTIVO DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS

 

 

Magistrado Ponente: Doctor HERNAN ANDRADE RINCON

Sentencia 16/09/2010

Expediente:  20090030301

 

 

La Sala precisó en este asunto que el municipio demandado no ha violado el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna toda vez que si bien en el municipio accionado no existe cuerpo de bomberos oficial, con la suscripción del convenio interadministrativo con el cuerpo bomberil de Tunía se presta efectivamente el servicio público definido en la Ley 322 de 2006  sin que en modo alguno se pueda aseverar que la administración municipal de Cajibío ha permanecido negligente o totalmente ajena frente a su obligación de prevenir la ocurrencia de incendios u otras calamidades.

 

 

EXTRACTO:  Sobre la necesidad de que los municipios del país cuenten con un cuerpo de bomberos, se ha referido la jurisprudencia del Máximo Tribunal Contencioso la cual ha considerado que la ausencia de dicho cuerpo, o de al menos un convenio de prestación del servicio por parte de un municipio cercano, viola la protección de los Derechos Colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, así lo afirmó en sentencia de 26 de marzo de 2009, con ponencia del Dr Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación 05001-23-31-000-2005-03016-01(AP), en la que explicó: “En orden a resolver lo pertinente, es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 322 de 1996 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se dictan otras disposiciones”, la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado, a quien le corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa, o por medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.  Según esta disposición, es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, lo cual tiene ocurrencia, de acuerdo con el artículo 9º ibidem, cuando dichas entidades territoriales no cuenten con sus propios Cuerpos de Bomberos Oficiales, o cuando la cobertura de éstos no sea la adecuada, conforme a los parámetros que fije la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. De otro lado, prevé el parágrafo del artículo 2º de la Ley 322 de 1996, que los Concejos Municipales y Distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel territorial, de acuerdo a la ley,  para financiar la actividad bomberil. En consecuencia, acreditada la necesidad de dicho servicio en el municipio, procede la Sala a determinar si en el presente asunto se encuentra acreditada la vulneración alegada por la parte actora, de conformidad con las probanzas obrantes. El Caso Concreto. El primer asunto a debatir refiere a la existencia de vulneración del derecho colectivo invocado, al no existir cuerpo de bomberos en el municipio accionado. Analizado el material probatorio obrante en el proceso, se tienen los convenios C10-134 de 29 de junio de 2009 y C10-358 de 30 de octubre de 2008 celebrados por el Alcalde de Cajibío (Fls. 43-50 Cdno Pal.), cuyo objeto es transferir recursos provenientes del recaudo de la sobretasa del impuesto predial, al cuerpo de bomberos voluntarios de Tunía, para garantizar la prestación del servicio de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas, consta Resolución No. 123 de noviembre 28 de 1980, por la cual el Gobernador del Departamento le reconoció personería jurídica al cuerpo bomberil de Tunía, y Resolución No. 6895-09-2008 que inscribió a los nuevos dignatarios de la institución, nombrados en virtud de la Resolución 001 de 21 de enero de 2008, así mismo obra Decreto 009 De 2008, que modifica la composición del CLOPAD, creado por el Decreto 035 de 1995. En consecuencia encuentra la Sala que si bien en el municipio accionado no existe cuerpo de bomberos oficial, con la suscripción del convenio interadministrativo con el cuerpo bomberil de Tunía se presta efectivamente el servicio público definido en la Ley 322 de 2006  sin que en modo alguno se pueda aseverar que la administración municipal de Cajibío ha permanecido negligente o totalmente ajena frente a su obligación de prevenir la ocurrencia de incendios u otras calamidades, pues como se advirtió, el ente territorial no está desprotegido frente a dicho servicio, toda vez que no sólo cuenta con la ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunía, sino con el CLOPAD para atender tales situaciones, razones por las cuales la Sala considera que no se han vulnerado los derechos colectivos invocados, sin que sea dable cuestionar la idoneidad de dicho acuerdo con base en la distancia entre los dos municipios en tanto se tratan de localidades bastante cercanas (20-25 minutos aprox) Así las cosas, encuentra la Sala que fue acertado el fallo de primera instancia al negar la protección del derecho colectivo invocado por lo que debe confirmarse dicho aspecto.

 

 

 

 

SANCION PECUNIARIA POR INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE PACTO DE  CUMPLIMIENTO

 

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Magistrado Ponente: Doctor HERNAN ANDRADE RINCON

Sentencia 16/09/2010

Expediente:  20090030301

 

En criterio de la Sala si bien está acreditada la inasistencia del actor al pacto de cumplimiento, lo cierto es que no existe justificación para acudir al extremo más gravoso previsto en la norma, puesto que el monto de 10 salarios mínimos ha sido utilizado por el Máximo Tribunal Contencioso en casos de temeridad o mala fe, de conformidad con el artículo 38 de la ley 472 de 1998, actuación que en el presente caso no se encuentra configurada.

 

EXTRACTO:  En segundo lugar, en cuanto a la sanción pecuniaria impuesta por el Juzgado de Instancia, la Sala encuentra que tal actuación se encuentra ajustada a la Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema. En cuanto al monto de la sanción, el a-quo acudió a lo dispuesto parágrafo 2 numeral 3 del artículo 101 del C.P.C, aplicable por remisión expresa del articulo 44 de la Ley 472 de 1998, que preceptúa: “Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales…” y, en consecuencia impuso la máxima sanción prevista en dicha norma. La Sala discrepa de dicho monto, toda vez que si bien se encuentra acreditado la inasistencia al pacto de cumplimiento, lo cierto es que no existe justificación para acudir al extremo más gravoso previsto en la norma, más aún cuando la misma jurisprudencia del H Consejo de Estado también ha considerado proceden la aplicación del art 39 del Código de Procedimiento Civil, que tan sólo habla de una multa de 1 a 5 salarios mínimos mensuales. Asi discurrió en sentencia de 1 de junio de 2009 con ponencia de la Dra María Claudia Rojas Lasso “Esta Sala, en reiterada jurisprudencia, ha puesto de presente que la inasistencia del actor popular a la audiencia de pacto de cumplimiento obliga al a quo a imponerle las sanciones previstas. “Al respecto esta Corporación ha señalado: «En sentencia del 25 de agosto de 2001 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la AP-15001-23-31-000-2000-2099-01, con ponencia del Consejero Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se precisó que del texto del artículo antes transcrito (artículo 27 de la Ley 472 de 1998)  claramente se advierte que para efectos de la audiencia especial de pacto de cumplimiento la Ley 472 de 1998 únicamente previó que la inasistencia a la misma por parte de los funcionarios competentes, constituía causal de mala conducta, sancionable con la destitución del cargo. Sin embargo, el artículo 44, ibídem, señala que en los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo, dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se opongan a la naturaleza y finalidades de tales acciones, lo cual, en principio, permite considerar que el juzgador está autorizado para acudir a otras disposiciones que sí prevén la sanción pecuniaria como consecuencia de la inasistencia a una audiencia o diligencia, verbigracia, el artículo 74 de la Ley 446 de 1998, 101 del C.P.C., o el artículo 114 del C.C.A. “Claro está, que no puede perderse de vista que además de esas normas, citadas a manera de ejemplo, en sentencia proferida en el año 2001 para resolver ese caso concreto en ese momento y en lo que resultare pertinente, también cabe tener presente el artículo 39 del C.P.C. relacionado con los poderes disciplinarios del juez, en virtud de cuyo numeral 1º dicho funcionario puede “sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos, y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.”. “Esto cobra más importancia si se concibe a la audiencia de pacto de cumplimiento como la primera oportunidad para lograr la reivindicación del derecho colectivo conculcado, materializándose así sea naturaleza altruista propia de la acción popular que igualmente debe caracterizar a quien la ejerce, y por tanto desprovista de todo interés económico… “…El Tribunal no impuso multa a los actores por la inasistencia a la audiencia de pacto de cumplimiento, sin embargo, dicha sanción no puede ser impuesta en esta instancia debido a que se les estaría violando el Derecho de defensa; no obstante, es conveniente recordar al Tribunal su obligación para que en adelante multe al demandante por su inasistencia a dicho acto procesal.” Negrillas del Tribunal  Al respecto cabe manifestar que el monto de 10 salarios mínimos ha sido utilizado por el Máximo Tribunal Contencioso en casos de temeridad o mala fe, de conformidad con el artículo 38 de la ley 472 de 1998, actuación que en el presente caso no se encuentra configurada En consecuencia se modificará la sanción impuesta por el a-quo y en el sentido de reducirla  a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y se confirmara el resto de la providencia impugnada

 

 

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ES OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EVALUAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES INDISPENSABLES Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD YA EXISTENTES, LOCALIZADAS EN ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA ALTA E INTERMEDIA.

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor HERNAN ANDRADE RINCON

Sentencia 13/09/2010

Expediente:            2008-00375-01.

 

 

La Sala consideró que fue acertado el fallo de primera instancia al conceder la protección del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, como quiera que se demostró suficientemente su vulneración por parte del Municipio de Patía - El Bordo, al no evaluar la vulnerabilidad sísmica ni reforzar de conformidad con la normatividad la infraestructura los edificios donde funcionan el comité local de atención y prevención de desastres (CLOPAD) y la central de operación y control de líneas vitales de suministro de agua y alcantarillado, edificaciones calificadas por la ley como de uso indispensable y de atención a la comunidad. Además hizo énfasis en que la falta de presupuesto para la ejecución de las órdenes impartidas por el a - quo, no es óbice para el cumplimiento de los fallos judiciales proferidos en este tipo de acciones.

 

 

EXTRACTO: Sobre el tema, el Consejo de Estado en sentencia de 12 de noviembre de 2009, C.P. María Claudia Rojas Lasso, Radicación número 50001-23-31-000-2005-90353-01(AP), discurrió de la manera que sigue: “La Ley 400 de 1997 adopta normas sobre construcciones sismorresistentes, con el objeto de establecer criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras propias de la naturaleza o del uso, con el fin de que sean resistentes a sus efectos de manera que pueda reducirse a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. “El artículo 1° ibídem, señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones relacionadas con su objeto y define las responsabilidades de quienes las ejercen, así como los parámetros para la adición, modificación y remodelación del sistema estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente Ley.  “El artículo 4º - 16 ídem, define las edificaciones indispensables como aquellas de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno, tales como hospitales de niveles de complejidad 2 y 3 y centrales de operación y control de líneas vitales. “A las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, debe evaluárseles su vulnerabilidad sísmica de acuerdo con los procedimientos que incluye el Título A de la reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de dicha ley. “Este tipo de edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos que la propia ley y sus reglamentos exigen, en un lapso no mayor de seis (6) años contados a partir de su vigencia. “El artículo A.2.5.1.1 del Decreto 33 de 1998, enumera las edificaciones indispensables así: «[…] Hospitales de  niveles de complejidad 2 y 3, de acuerdo con la clasificación del Ministerio de Salud, y clínicas y centro de salud que dispongan de servicios de cirugía y atención de urgencias, Edificaciones de centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión, Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos, y, En las edificaciones indispensables las estructuras que alberguen plantas de generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendios, y los accesos, peatonales y vehiculares, a estas edificaciones. […]» “Así mismo, el A.2.5.1.2., clasifica como Grupo III – Edificaciones de atención a la comunidad las siguientes: “«[…] Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres. Garajes de vehículos de emergencia, Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, y Aquellas obras que la administración municipal designe como tales. […]» (…) “Lo anterior se puede complementar con lo dispuesto en la normativa citada que considera que los Centros de Operaciones y de Control de las empresas encargadas del suministro de agua, son edificaciones indispensables para la recuperación de la colectividad en caso de un siniestro; de esta forma, a juicio de la Sala, este tipo de estructuras reviste gran importancia social para el desarrollo de la comunidad pues se trata de edificaciones destinadas a la prestación de un servicio público indispensable antes, durante y después de un desastre natural. Así las cosas, es incuestionable la existencia de la obligación legal de evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad ya existentes, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, con miras a ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad igual al de una nueva, construida con observancia de las exigencias de sismo resistencia, como ya se dijo. Debido a lo anterior, no le asiste razón al apoderado del Municipio de Mesetas - Meta en cuanto señala que las actividades desarrolladas por la Administración Municipal son suficientes para garantizar los derechos colectivos alegados, pues es obligación de los Municipios realizar los respectivos estudios de vulnerabilidad sísmica de que trata la legislación aplicable, toda vez que el Decreto 2809 de 2000 que modifica aspectos de los Decretos 33 de 1998 y 43 de 1999, no elimina la obligación de realizar los estudios respectivos en las edificaciones denominadas indispensables y mucho menos varía su calificación.”  Así las cosas, considera la Sala que el debate traído a colación por parte de la actora popular es procedente, y con base en la jurisprudencia trascrita procede la Sala a estudiar el fondo del asunto puesto a consideración. De conformidad con el material obrante en el proceso, se tiene que esta acreditado que el Municipio de Patía es considerado como zona de amenaza sísmica alta, razón por la cual le son aplicables los lineamientos establecidos en la ley 400 de 1997 y normas complementarias que establecen es indiscutible la obligación de realizar los estudios de sismo resistencia y efectuar el reforzamiento de las edificaciones consideradas como indispensables por dichas normas. En consecuencia, las edificaciones donde funciona el comité local de atención y prevención de desastres (CLOPAD) (alcaldía municipal) y la central de operación de líneas vitales de agua tienen la obligación de contar con los estudios de sismo resistencia en los términos de la ley 400 de 1997, dada su condición de centros indispensables y de atención a la comunidad.  En cuanto a la primera de dichas instituciones, el Juzgado de Instancia, a petición de la accionante, ofició a la Alcaldía Municipal, para que certificara la existencia de estudios de vulnerabilidad sísmica y allegara copia autentica de éstos, y de los contratos y actos administrativos expedidos en virtud de obras que hayan sido realizadas para reforzar tal edificación, a lo cual se dio contestación mediante oficio SAF 179 (Fl. 10 Cdno de Pruebas), donde expresó: “Que el municipio de Patía no cuenta con estudios de vulnerabilidad sísmica de la edificación donde funciona el despacho de la Alcaldía ”, que “ la Secretaría de Infraestructura verifica que el servicio se preste correctamente sin riesgos para la ciudadanía elaborando los estudios previos para los procesos contractuales a que haya lugar para la adecuación u obras de infraestructura que se requieran   e informa “que durante el año 2009 se realizaron dos (2) contratos para mejorar el edificio, así: embellecimiento ornamental y arreglo de jardines en la casa municipal”. De conformidad con lo anterior es claro que las obras efectuadas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, si bien buscan mejorar la prestación del servicio, no se encuentran dentro de aquellas que permitan cumplir con lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley 400 de 1997, por lo que forzoso resulta concluir que se ha vulnerado el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Frente a la central de operación de líneas vitales de agua del municipio accionado, se tiene que obra en el proceso respuesta dada por el Gerente de EMPATIA E.S.P en la que  manifiesta que “A simple vista se evidencia que el sistema constructivo empleado consiste en elementos de concreto reforzado por cimentación, vigas y columnas que conforman pórticos, debidamente arriostrados en ambos sentidos, lo cual permite asumir que es poco vulnerable a la acción sísmica”, y que “las condiciones estructurales observadas me permiten asumir que la construcción se realizó observando la normatividad sismo resistente…”.  Tales afirmaciones no pueden tenerse como elemento de prueba acerca de los estudios de sismo resistencia solicitada y, por lo tanto, se comparte el criterio del a-quo en el sentido que una simple afirmación sin sustento o soporte técnico que la acredite y de la cual no es posible inferir que se garantice el derecho colectivo incoado Finalmente sobre el argumento relacionado con la falta de presupuesto para la ejecución de las órdenes impartidas por el a - quo, recuerda la Sala que tal situación no es óbice para el cumplimiento de los fallos judiciales proferidos en este tipo de acciones, a menos que se tratara de una orden de gran envergadura que debiera ser incluida y aprobada por los órganos respectivos, caso en el cual la orden judicial se vería condicionada al seguimiento de los pasos presupuestales requeridos, sin embargo dicha hipótesis no aplica en el caso concreto, toda vez que el mandato proferido en la primera instancia no implica un desgaste presupuestal desmedido y puede ser cubiertas con relativa facilidad por el municipio accionado Así las cosas, encuentra la Sala que fue acertado el fallo de primera instancia al conceder la protección del derecho colectivo invocado, por lo que amerita ser confirmado en su integridad como en efecto se hara.

 

 

 

 

 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO/ SALAS DE NECROPSIA EN EL MUNICIPIO DE MORALES/ NORMATIVIDAD APLICABLE

 

 

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Magistrado Ponente (E ): Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia 28/09/2010

Expediente:  20090025101

 

 

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE NECROPSIA

 

El Decreto No. 786 de 1990 dispone que las necropsias de los cadáveres en estado de descomposición se practicarán en los cementerios públicos y privados o en otros lugares adecuados para ello y distintos de los hospitales, lo cual se consagra en los siguientes términos: “ARTÍCULO 29. Distínguense los siguientes lugares para la práctica de autopsias: a) Las salas de autopsias de Medicina Legal, cuando se trate de autopsias médico - legales, o en su defecto, las previstas en los siguientes literales de este artículo; b) Las salas de autopsias de los hospitales cuando se trate de cadáveres distintos de aquellos que están en descomposición o hayan sido exhumados; c) Las salas de autopsias de los cementerios públicos o privados así como otros lugares adecuados, cuando se trate de municipios que no cuenten con hospital. PARÁGRAFO 1o. A juicio del perito y en coordinación con las autoridades, las autopsias médico - legales se podrán realizar en lugares distintos de los indicados en este artículo. PARÁGRAFO 2o. En los casos de autopsias de cadáveres en descomposición o exhumados, éstas podrán ser realizadas en cualquiera de los lugares indicados en este artículo, distintos de los hospitales.” Siendo obligación de los cementerios públicos y privados, tener o adecuar salas de necropsias; el Gobierno al reglamentar la materia ha ido concediendo unos plazos para que los establecimientos cobijados por las disposiciones que se refieren a los cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres, cumplan con lo que se dispone al respecto.

Así, de manera reciente en la Resolución No. 1447 del 11 de mayo de 2009, el Ministerio de la Protección Social otorgó a partir de la fecha de entrada en vigencia del acto administrativo, un término de un año para que los cementerios en funcionamiento cumplieran con las disposiciones previstas en dicha Resolución, por lo tanto en principio el plazo era hasta el 11 de mayo de 2010 (art. 46 de la Resolución No. 1447 de 2009). Sin embargo, por Resolución No. 1570 del 4 de mayo de 2010 se amplía el plazo para cumplir con las disposiciones pertinentes, modificando el artículo 46 precitado, así: “ARTÍCULO 1o. Modifíquese el artículo 46 de la Resolución 1447 del 11 de mayo de 2009, el cual quedará así: Artículo 46. Transición. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se concede un término de dieciocho (18) meses para que los cementerios que actualmente se encuentren en funcionamiento, cumplan con las disposiciones previstas en la presente resolución.”

En consecuencia, se amplía el plazo para que las respectivas entidades procedan a adecuar o construir sitios que cumplan con la normatividad vigente relativa a cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres; es decir, que hasta el 11 de noviembre de 2010, se pueden adelantar gestiones pertinentes para cumplir con los lineamientos del Gobierno Nacional.

 

 

SOBRE La obligación de probar la amenaza o la vulneración de los derechos colectivos por parte del actor popular la Sala precisó: En el presente caso, el accionante busca la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, los que considera vulnerados por las entidades accionadas, debido a que en el Hospital Nivel I de Morales no se cuenta con sala de necropsias y la que se tiene en el cementerio municipal, no cumple la normatividad respectiva puesto que el lugar no tiene los servicios básicos de acueducto y energía eléctrica, además de ser un lugar abierto al público donde ingresan las personas sin ningún control, generando riesgos de infecciones principalmente para los niños y presentando condiciones de desaseo. La Sentencia de primera instancia negó las pretensiones del actor,  argumentando que no existe una prueba que lleve al convencimiento de que en el MUNICIPIO DE MORALES se están vulnerando los derechos colectivos con la práctica de necropsias en el cementerio, precisando que el servicio de agua ya se está prestando y que el de energía eléctrica se está gestionando. Por lo anterior, la parte actora presentó recurso de apelación señalando que a contrario de lo que considera la señora Juez A - quo sí se acredita la vulneración de derechos, demostrando la improvisación para construir un lugar  para practicar las necropsias.  Así las cosas, a efectos de resolver lo pertinente, se tiene que en principio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, “la carga de la prueba corresponderá al demandante”, es decir, que es deber del actor probar los hechos, acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya protección se reclama con la demanda. Y se afirma que en principio, porque por razones de orden técnico o económico, si no puede cumplir con dicha carga, le corresponde al juez impartir las órdenes necesarias para suplir esa deficiencia, para lo cual puede acudir a las entidades públicas cuyo objeto esté referido al tema de debate, situación que en el caso concreto no se da.  Al respecto el H. Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos: “En esta oportunidad reitera la Sala la importancia de cumplir por parte de los actores con la carga de demostrar válidamente los supuestos de hecho que motivan sus demandas. En efecto, a la luz  del artículo 30 de la Ley 472 de 1998, le corresponde al demandante acreditar y probar los hechos, acciones y omisiones que en su criterio, constituyen la amenaza o la trasgresión de los derechos e intereses colectivos invocados. En ese sentido, se entiende que el actor popular no debe  limitarse a señalar la presunta vulneración de derechos e intereses colectivos con la enunciación de determinados hechos, pues está a su cargo demostrar los supuestos fácticos indicados en la demanda. Empero, de acuerdo con esa misma norma, dicha regla es atenuada tratándose de situaciones en las que por razones de orden económico o técnico la carga de la prueba no puede ser cumplida por el demandante, evento en el cual el juez debe impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito; además, en el caso de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva en virtud de lo antes establecido “el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”. No obstante, resulta forzoso resaltar que el decreto oficioso de pruebas lo que pretende es complementar el acervo probatorio mas no producirlo en su integridad, pues como ya se señaló, es el actor quien deben soportar la carga de demostrar de los hechos u omisiones que a su juicio representan la amenaza o vulneración de los derechos colectivos cuya protección se busca.” (Subrayado fuera del texto) Por tanto, la carga de la prueba impone al actor popular el deber de precisar y probar la  amenaza o vulneración de los derechos colectivos alegados en la demanda. Revisado el expediente, se advierte que la parte demandante no aportó ningún elemento probatorio para demostrar idónea y válidamente el daño, la amenaza o la vulneración a los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, por cuanto no prueba que efectivamente las necropsias para cadáveres en estado de descomposición se estén practicando en el cementerio de manera inadecuada, en condiciones de desaseo y poniendo en riesgo la salud de la comunidad del MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA. En efecto, con la demanda únicamente se allegan unas fotografías (fls. 11 y 12 cuaderno principal), que no permiten determinar el lugar al que corresponden ni tener por acreditada la vulneración de derechos, puesto que el Juez no cuenta con elementos de juicio que le permitan establecer con certeza que tales imágenes corresponden a lo descrito por el demandante. En este punto al contrario de lo considerado por la señora Juez A – quo, el Tribunal no estima que ellas efectivamente correspondan a la sala de necropsias de Morales, precisando que no es suficiente con observar unas fotos que no fueron tachadas de falsas por las entidades accionadas para dar por acreditado un supuesto de hecho, pues la jurisprudencia ha indicado que atendiendo el principio de unidad de la prueba se debe analizar si otros medios probatorios corroboran lo que muestran las imágenes, ya sea por reconocimiento de los testigos o una inspección judicial, por ejemplo. El Consejo de Estado, ha expresado: “Al efecto, debe recordarse que a la luz de lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y debe exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada una. Se trata del principio de unidad de la prueba, por el cual éstas deben valorarse en forma integral, porque de hacerlo en forma individual o separada, los medios resultan insuficientes para establecer la verdad de los hechos y no pueden confrontarse a fin de determinar sus concordancias y divergencias con el asunto debatido.” No obstante la anterior aclaración en el argumento para no darle mérito probatorio a las fotografías ni siquiera para acreditar que corresponden a la morgue de Morales, se tiene que el contenido de la decisión de primera instancia no varía; en cuanto a las anotaciones del actor popular, acerca de la falta de energía eléctrica y agua, se acredita que el primero de tales servicios se está gestionando y el otro, ya se está prestando (fls. 6, 7, 9 y 41 a 43 cuaderno de pruebas), todo lo cual es coherente con el desarrollo progresivo del Estado, que debe propender por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la prestación de los servicios. De esta forma, aunque se carece de una prueba de la violación o amenaza de derechos colectivos, la Sala comparte la decisión de la Señora Juez de primera instancia de conminar a las autoridades de salud del nivel local y seccional, para que vigilen el cumplimiento de la normatividad referente al funcionamiento de los cementerios y la práctica de las necropsias por ser una de sus obligaciones, máxime cuando el Gobierno Nacional ya fijó como plazo hasta el 11 de noviembre de 2010, para adelantar las gestiones pertinentes con el fin de cumplir con los lineamientos señalados, en particular en la Resolución No. 1447 del 11 de mayo de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social.  

 


 

 

 

 

 

REPARACION DIRECTA

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Magistrado Ponente: Doctor HERNAN ANDRADE RINCON

Sentencia 24/08/2010

Expediente: 20060026900

 

 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL SUICIDIO DE UN CONSCRIPTO

 

 

 

SITUACION FACTICA: Los hechos que dieron origen a la controversia se contraen a que el Soldado Regular YONNY ALEXADRO HOYOS VITONCO fue reclutado para prestar el Servicio Militar Obligatorio en el mes de agosto de 2004 asignado al Batallón José Hilario López bajo el mando del Teniente JOSE DANIEL QUINTERO RAYS quien desde el momento en que lo conoció mostró aversión por el Soldado HOYOS VITONCO ordenándole las tareas más dificultosas y denigrantes, razón por la que solicitó por escrito el relevo de la Compañía. Consecutivamente fue trasladado en misión de servicio a la Base Militar del Cerro Munchique en el municipio del Tambo-Cauca pero nuevamente bajo las ordenes del Teniente JOSE DANIEL QUINTERO RAYS quien continuó dándole los malos tratos a que se hizo referencia. Que el día 10 de enero de 2006 el soldado HOYOS VITONCO se encontraba en situación de dirigirse a la ciudad de Popayán con el fin de realizar un curso de ascenso, cuando el Tte QUINTERO RAYS, lo sacó de filas y lo llevó hacia un sitio solitario en el que al parecer lo agredió físicamente toda vez que presentaba maltratos en la cara y le faltaban dos dientes. Al retornar con sus compañeros, YONNY ALEXADRO HOYOS VITONCO entregó un teléfono celular a uno de ellos para que se lo entregara a su madre porque posiblemente no le permitían regresar con ellos a Popayán. Se alejó del lugar y momentos después se escuchó un disparo, de manera posterior fue encontrado muerto sin que se pueda tener certeza si se trataba de un suicidio o del hecho de un tercero. Para la Sala es clara la responsabilidad del Estado en éste caso en razón a que la decisión tomada por la víctima no se produjo de manera voluntaria sino como consecuencia de las presiones ejercidas por su superior, de esta manera en aplicación del criterio sentado por el H. Consejo consideró acertada la decisión del a-quo en cuanto a la responsabilidad estatal existente en cabeza del Ejército Nacional.

 

 

 

EXTRACTO:  De las pruebas obrantes en el proceso se tiene que YONNY ALEXANDRO HOYOS VITONCO al momento de los hechos, se encontraba prestando el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional en el Batallón José Hilario López, acantonado en la Base Militar del Cerro Munchique, municipio del Tambo – Cauca. (Folios 1-5 del C. de P.). Igualmente se encuentra acreditado, con la abundante prueba testimonial obrante en el proceso, que durante la prestación del servicio militar presentó múltiples inconvenientes con su superior QUINTERO, quien le otorgaba un trato discriminatorio, excesivo de trabajo e inclusive humillante, sobre lo anterior así declaró el señor JAIME ANDRES FRANCO DE LA ROSA quien prestó el servicio militar en la misma escuadra: “desde un principio cuando lo rabiaron a el a la compañía del teniente ALEXANDRO nos comento (sic) que habían problemas entre ellos, lo tenía haciendo trabajos extras, lo ponía a hacer cosas, como por ejemplo el en momentos estaba almorzando y lo mandaba con mas soldados a hacer registros a ellos y los mandaba a dormir a un lado aparte de los demas también prestaba centinelato (sic) y le tocaba pasar revista que ese en un trabajo doble (sic) por eso empezaron los inconvenientes porque desde ahí todo era: “HOYOS HOYOS” o sea que el tenía que pasar revista, pasar centinela, y estar a cargo de una escuadra y el hacía todo eso porque el teniente siempre quería que le estuviera volteando y siempre lo amenazaba con los informes y le decía que si no cumplía con lo que él le mandaba a hacer le iva (sic) a hacer un informe y a él no le convenían los informes porque el Quería (sic) seguir con la carrera, pero el comandante se sobrepasaba en las  ordenes hacia el poniéndolo a hacer cosas mas de las que el tenía que hacer, eso fue en el pital y después de eso salimos a vacaciones cuando entramos en licencia fuimos a munchique en la base espesaron (sic) los problemas, en muncihique (sic) porque empezaron a salir cursos extraordinarios y el comandante no lo quería dejar ir a él, en el día lo tenía trabajando y en la noche pasando revista toda la noche… si en varias ocasiones el teniente QUINTERO delante de la formación lo humillaba haciéndolo voltear y diciéndole que no era digno de estar en el ejercicio y que las dragonas que el tenía que eso no era nada…”  En idéntico sentido el señor IVAN DARIO RAMOS indicó:

… el teniente como que hacia mucho uso de su mando y en ciertas ocasiones humillaba a los soldados, como ponerlo a prestar centinela todo un día, no darle descanso, el soldado HOYOS estaba almorzando y lo mandaba a hacer algo y no lo dejaba almorzar, a veces lo doblaba de centinela, cosas así que lo molestan y no lo dejan descansar y lo mandaba fuera de sus horas después de haber prestado sus horas adecuadas le decía vaya que usted es un mal soldado vaya preste centinela. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que antecedieron la muerte del soldado HOYOS VITONCO, son coincidentes los documentos y declaraciones obrantes en el proceso que indican el día 10 enero de 2006, aproximadamente a las 21:30 horas al revisar los equipos de los soldados que se desplazarían a Popayán, el teniente QUINTERO encontró un televisor portátil que le pertenecía, entre las pertenencias del S.R. HOYOS VITONCO por lo que procedió a agredirlo verbalmente y a amenazarlo con no dejarlo bajar a Popayán para que hiciera curso de ascenso. Así lo relató quien para la fecha se desempeñaba como compañero del soldado HOYOS, señor RONALD ANDRES MAMBUSCAY QUILINDO: “Recuerdo más o menos en el mes de noviembre que mi teniente QUINTERO, nos informó a la mayoría de la compañía para decidir quien o quienes iban a bajar para aspirar a ser soldados profesionales, en ese entonces salió el soldado HOYOS VITONCO y el teniente QUINTERO dijo: ud,  soldado HOYOS UD. NO baja o ud. (sic) no lo voy a dejar bajar y ofendiéndolo le decía que era un soldado muy malo que no se merecía aspirar a ser soldado profesional. Sobre la muerte del soldado YONNY ALEXANDRO HOYOS VITONCO, se tiene que no existen testigos presenciales del hecho, sin embargo obran en el expediente diferentes elementos probatorios que inducen a pensar que se trató de un suicidio realizado con su propia arma de dotación oficial. Así se deduce al menos del informe obrante a folio 42 rendido por el Comandante QUINTERO, de la prueba de residuos de disparo aplicada al Soldado con resultado positivo (Folios 18-109 del C. de P.), la inspección judicial al Fusil Galil 5.56 No. de serie 98211647 asignado a HOYOS VITONCO que determinó que dicha arma había sido disparada después de su última limpieza (Folios 111-114 del C. de P.) y del auto por el cual la justicia penal militar se abstuvo de abrir investigación penal al considerar que se trató de “una conducta realizada única y exclusivamente por el hoy occiso Dragoneante  HOYOS VITONCO YONNY ALEXANDRO, sin que nadie le prestara colaboración, auxilio o le indujera a hacerlo”. No obstante la conclusión a que llegó el último documento reseñado en el sentido de que no existió inducción al suicidio, la Sala no la encuentra aceptable dentro del proceso ahora adelantado, toda vez que, se reitera, existe suficiente prueba que indica la existencia de tratos humillantes, jornadas extenuantes de labor y múltiples presiones y acusaciones por parte de su superior Teniente JOSE DANIEL QUINTERO, las cuales llevaron al soldado a la lamentable decisión de terminar con su vida. En este punto cabe recordar que las decisiones proferidas dentro de los procesos penales, no atan a ésta jurisdicción para el establecimiento de la responsabilidad estatal, criterio que ha sido reiterado en innumerables ocasiones por el H Consejo de Estado. No de otra manera puede entenderse que un soldado con los difíciles tratos recibidos, que había prestado con entereza y dignidad su servicio militar y con férreos deseos de acceder a la carrera militar, de un momento a otro, sin ningún tipo de motivación y después de todas las situaciones narradas, decida quitarse la vida con su propia arma de dotación y por tanto carentes de lógica y comprensión de la prueba recaudada resultan las apreciaciones de la accionada en el sentido de que al no obrar solicitud de traslado o queja del soldado HOYOS VITONCO, se pueda concluir la inexistencia del maltrato referido. Respecto a la responsabilidad del Estado en hechos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, el H. Consejo de Estado en sentencia del 2 de septiembre de 2009 con Ponencia de Dra RUTH STELLA CORREA PALACIO en la que razonó de la siguiente manera:  “Se reitera el criterio de la Sala conforme al cual el Estado no es patrimonialmente responsable de los daños sufridos por los miembros de las instituciones armadas cuando éstos se producen como consecuencia de la propia actuación de la víctima, salvo cuando existe el deber de custodia y protección de esas personas, por tratarse de menores de edad; o cuando su decisión no se produce de manera voluntaria sino como consecuencia de presiones ejercidas sobre ella, imputables a la administración; o cuando el hecho es producto de su estado de perturbación mental y la entidad obligada a atender su salud no le ha brindado la debida atención; o cuando se le suministra a quien se encuentra en situación de enajenación mental o emocional conocida instrumentos con los que pueda autoinfligirse el daño. “En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro.” En consecuencia la Sala encuentra acertada la decisión del a-quo en cuanto a la responsabilidad estatal existente en cabeza del Ejército Nacional por la muerte del entonces soldado YONNY ALEXANDRO HOYOS VITONCO, toda vez que se encuentra acreditado que tal situación aconteció dentro de un marco de presiones y maltratos indebidos debidamente acreditados dentro del proceso. A renglón seguido, la Sala debe pronunciarse sobre los perjuicios reconocidos por el a-quo en la modalidad de lucro cesante, los cuales también fueron objeto de apelación por parte de la accionada. Al momento de considerar dichos perjuicios, el a-quo consideró que se encontraba acreditado que el Soldado HOYOS VITONCO, prestaba ayuda económica a su madre ROSA MARY VITONCO NARVAEZ, por lo que el reconocimiento era procedente. Sin embargo tomó como término probable de vida el de la  señora VITONCO NARVAEZ, a pesar que a la fecha del suceso, el señor HOYOS VITONCO contaba con 20 años de edad Lo anterior, en efecto, desconoce los parámetros dictaminados por el H Consejo de Estado, Corporación que en casos semejantes ha enseñado que: “En los términos solicitados en la demanda, y como quiera que se trata de la muerte de un soldado conscripto, la Sala decretará a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que Diego Alberto Marín Gil ha debido percibir durante el período comprendido entre la fecha en que terminaría la prestación del servicio militar obligatorio y el momento en que cumpliría 25 años de edad, como quiera que se entiende, conforme a las reglas de la experiencia, que un hijo ayuda a sus padres hasta que cumple la mencionada edad, oportunidad en la cual se presume inicia una vida independiente.

 

 

 

 

 

 

 

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUDICIAL/Presupuestos

 

 

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MAGISTRADO PONENTE DR. CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

SENTENCIA 02/09/2010

EXPEDIENTE: 2003 044800

 

 

El actor solicita el reconocimiento de los perjuicios a él ocasionados, con motivo de la demora injustificada en la resolución del incidente que propuso el 13 de Noviembre de 1997 con el fin de que se le hiciera la devolución del vehículo del que acreditaba sino su propiedad, si su tenencia legítima,  el cual había sido decomisado el 10 de Noviembre de 1997  y que solo le fue efectivamente entregado el 26 de abril del 2001. Para la Sala la  presunta mora en la resolución definitiva del incidente no obedecio a la injustificada dilación atribuible a la Fiscalía,  sino que ha sido por sobre todo el comportamiento procesal de la parte la que ha llevado a la decisión desfavorable  del incidente. En la providencia se analizaron las normas reguladoras del incidente, aplicables en el presente caso y casos referentes a decomiso de bienes en la jurisprudencia contencioso administrativa y llegó a la conclusión de que además del simple incumplimiento de los términos previstos por la ley para la realización de las actuaciones de las autoridades, lo que debe establecerse es que con ese incumplimiento se hayan afectado injustificadamente los derechos protegidos de las personas.

 

 

EXTRACTO: Para el Tribunal está acreditado que sobre la devolución del rodante se presentó una petición inicial por intermedio de apoderada judicial, quien incluso presentó una  acción de tutela para forzar a un pronunciamiento de fondo por parte de la Fiscalía a cargo del caso.   En el trámite del referido incidente procesal, destaca la Sala y tal como lo enfatiza el Consejo de Estado en la su jurisprudencia más reciente, el análisis de la mora injustificada en la resolución del incidente, debe partir del entendimiento particular del caso, de su  complejidad, de la dificultad probatoria, del comportamiento de la parte,  y como en el caso debatido, de los  señalamientos legales que han impuesto que este tipo de decisiones adoptadas por la Fiscalía deban consultarse con el superior, precisamente debido a la gravedad del ilícito cometido y la lucha en que se encuentra empeñado el estado colombiano en contra del narcotráfico y de las poderosas organizaciones que se valen de todos los medios para proseguir en la comisión de  estos delitos. Lo anterior hace explicable entonces que una petición de incidente de devolución de un automotor trabado en un proceso de transporte de insumos para el procesamiento de alcaloides, deba someterse inevitablemente  a las pruebas necesarias y conducentes en este tipo de eventos, las cuales no son otras que la demostración certera del tipo  de tenencia  que se ejerce sobre el rodante involucrado e incautado por las autoridades, lo mismo que probar la ajenidad de sus propietarios o tenedores con el ilícito cometido, cuestiones que exigen desplegar un conjunto de acciones tales como la postulación incidental, el decreto y recaudo probatorio y finalmente la valoración y decisión del mismo. A  Lo anterior se debe agregar que cuando existía la Justicia regional, encargada de la investigación y juzgamiento de este tipo de delitos relacionados con la producción, transporte o comercialización de narcóticos o de insumos, la misma se había concentrado en el Municipio de Cali,  cuando el hecho sucedía en los departamentos del suroccidente colombiano, lugar desde donde se debía atender el proceso, lo que hacía como es lógico mucho más difícil el trámite y el recaudo probatorio. Así las cosas, sostiene la Sala que el trámite del incidente postulado por la apoderada del actor, tuvo un desarrollo adecuado hasta cuando se ha visto que se decretaron las pruebas que tenían por sentido recibir un testimonio en el Municipio de Ipiales y la verificación de autenticidad de un documento, en este caso aportar la copia auténtica del certificado de transportes y Tránsito, los cuales fueron debidamente diligenciados y despachados. Si bien se observa que  se ha dejado consignado en el cuaderno incidental que la comisión impartida no había sido cumplida, lo que llevó a dictar una resolución de insistencia y luego advertir que la documentación ya había llegado y estaba agregada al cuaderno de copias del incidente, lo que había impedido su evaluación, lo que significó una pérdida de unos meses  en el trámite incidental, lo cierto del caso es que coincide este hecho con la presentación de la acción de tutela, por parte de la apoderada del incidentante, lo que llevó finalmente a resolver el incidente de manera contraria a los interés del postulante, situación que siendo apelada por la apoderada, fue confirmada por la Fiscalía ad quem, siendo la razón esencial de la negativa a entregar el móvil trabado en el proceso la serie de inconsistencias encontradas en los documentos presentados y que la propia testimonial de RUANO no corroboraba el hecho de su presunta tenencia legítima, por lo cual dispuso citar como testigo al propio vendedor del móvil. En consecuencia, no es que se haya presentado una injustificada mora en la definición del incidente, sino cuanto que el mismo fue resuelto de modo desfavorable a los intereses del actor, dado que las pruebas que solicitó no llevaron la suficiente convicción a la Fiscalía sobre los aspectos que usualmente se deben probar en este tipo de eventos. Dicho en otras palabras, la  presunta mora en la resolución definitiva del incidente no obedece a la injustificada dilación atribuible a la Fiscalía, sino cuanto a la  presentación apresurada del incidente, en lo relacionado con la  solicitud de pruebas, que  llevó a que el mismo se despachara de manera adversa al interés del actor, decisión que fue confirmada toda vez que los documentos aportados y el propio testimonio recibido al hoy actor no llevaron certeza a la Fiscalía del estado de ajenidad con el transporte del insumo químico y sobre la propia legitimidad en la tenencia del rodante, por lo que se debe decir que ello es atribuible a la parte, situación que llevó entonces a que la Fiscalía ad quen ordenara la recepción de otras probanzas, entre ellas el testimonio de la persona que fungía en los documentos como vendedor del automotor para que explicara como se produjo la cadena negocial  y junto con ello, el trámite del proceso penal llevó también a demostrar que las personas sindicadas de la supuesta comisión del delito del transporte del precursor químico no tenían comprometida su responsabilidad penal, lo que ha llevado que en fecha 6 de febrero del 2001, se ordenara la preclusión de la investigación, decisión que ha debido ser consultada con el superior jerárquico, dado la especial connotación que tiene este tipo de delitos en el medio colombiano. Una vez que se repone la actuación y se toma la nueva declaración, se decide la entrega del vehículo trabado en el proceso, sometido a la consulta, tiempos en los cuales se observa diligencia y cuidado en el  cumplimiento de esta nueva actuación.  Todo lo anterior indica entonces que en realidad de verdad, es la propia actitud de la parte, su comportamiento procesal apresurado al presentar el incidente, sin sopesar cuáles eran  las pruebas necesarias y conducentes lo que ha llevado a que el trámite del incidente se hubiera fallado en un sentido adverso al interesado, y a que a iniciativa de la Fiscalía ad quen ordenar redireccionar la investigación con la recepción de un nuevo testimonio que ha debido ser solicitado desde el comienzo por la parte actora. En esas condiciones entonces, para el tribunal no existe en el presente caso una deficiente  prestación del servicio judicial, sino que ha sido por sobre todo el comportamiento procesal de la parte la que ha llevado a la decisión desfavorable  del incidente y a su posterior reconducción probatoria y nueva valoración y decisión, sometida a la consulta, por ministerio de la ley. Obsérvese además como en el presente  proceso, aparte que ya el incidente definido por la Fiscalía reconoce una tenencia legítima al señor RUANO sobre el automotor involucrado,  de manera inexplicable se sostiene en la demanda, que también eran propietarios del móvil la señora MARIA GERTRUDIS RUANO, quien es a la vez esposa de uno de los sindicados en el punible objeto de investigación, todo lo cual hace que se termine generando confusión en cuanto a la legitimización en la causa, situación que igual se ha presentado en la resolución del incidente, toda vez que se solicitó inicialmente el testimonio del hoy actor, señor RUANO, cuando ha debido solicitarse desde un comienzo el testimonio del señor AYALA CHAMORRRO para que explicara en concreto como fue la cadena negocial presentada en relación con el móvil incautado, cuestión que ha llevado a negar el incidente con la consecuente reconducción de la investigación, como en efecto aconteció.   Por todo lo anterior, considera la Sala que no se ha configurado en contra de la entidad demandada la deficiente prestación del servicio judicial, lo que lleva entonces a negar  las pretensiones de la demanda.

 

 

 

 

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MUERTE DE POLICIALES EN ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia  23/09/2010

Expediente:  20032231

 

 

 

Los hechos que dieron origen a la controversia se contraen a que el día 20 de octubre de 2002, aproximadamente 400 guerrilleros se tomaron el municipio de Páez, destruyeron la estación de Policía, y dando muerte a varios agentes que se encontraban en la Estación de Policìa.  La Sala en términos de la jurisprudencia contencioso administrativa, en el caso de lesiones o muerte de quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionados con la defensa y seguridad del Estado, precisó que en el sub examine no se ha presentado una falla en el servicio, pues no ha existido la inminencia del ataque guerrillero que hubiera hecho exigible medidas de seguridad excepcionales o el incremento de policiales, así como tampoco se probó que la fuerza pública haya cometido errores tácticos o haya sometido a los arriba mencionados a un riesgo excepcional. Por el contrario, encontró que para la época las autoridades nacionales y en especial los mandos militares y de Policía ordenaron a todos sus miembros tomar las medidas de seguridad pertinentes, y reforzaron a los cuerpos policiales, en particular el de Páez Cauca. Además, enfatizó que los agentes fallecidos el 20 de octubre estuvieron en las mismas condiciones que los otros agentes de la estación de Policía, pues se reportó, aquellos perecieron en su intento de repeler el ataque del enemigo, y otros, que al parecer no murieron, hicieron lo propio desde posiciones geográficas o de combate diferentes. Adicionalmente recibieron apoyo aéreo y posteriormente apoyo terrestre.  Por lo expuesto concluyó que en éste caso, no se ha presentado una falla en el servicio, ni mucho menos se sometió a los agentes de policía cuyos familiares demandan, a un riesgo excepcional o a una desigualdad frente a sus compañeros.

 

 

 

EXTRACTO:  La jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que “quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, asuman los riesgos inherentes a la misma actividad y están cubiertos por el sistema de la indemnización predeterminada o automática (a forfait), establecida en las normas laborales para el accidente de trabajo o en las previsiones especiales que cobijan a los conscriptos.  Y ha precisado que “S)ólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido en los siguientes eventos: a. Por falla del servicio. A este respecto, dijo la Sala Plena en sentencia del 13 de diciembre de 1983, expediente No. 10.807: “1. La doctrina, en el caso de accidente sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación de los derechos a la pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral.  La aplicación de esta regla llamada ‘Forfait de la pensión’ naturalmente hace referencia a los daños sufridos por un funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común.  Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no sólo destinando un régimen de mayores prestaciones dados sus riesgos especiales sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. En principio el régimen de indemnizaciones refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren  satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito. 2.  No obstante cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio, sino que han sido causadas por falla del servicio, el funcionario, o el militar, en su caso, que las sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud... Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente tales como el militar que perece al cruzar un puente en construcción, sin señales de peligro o aquel que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas de servicio y cuando el militar no interviene en el operativo sino que cruza accidentalmente por el lugar.  También se dan los casos en que los hechos exceden los riesgos propios de ejercicio:  tal es el caso del militar que perece en accidente de tránsito debido a falta de sostenimiento del vehículo oficial que lo transporta, o el militar que perece en accidente de avión debido a que éste fue defectuosamente reparado por el servicio de mantenimiento. En todos estos casos la actividad propia del militar no juega ningún papel y su no indemnización plena rompería el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Este principio es fundamental:  todo ciudadano es igual a los demás frente a la ley.  El principio constitucional que ordena al Estado proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y sobre el cual se fundamentan las acciones indemnizatorias según reiterada jurisprudencia de esta Corporación, deben cubrir por igual a quien desempeña una función de servicio público como a quien es un simple ciudadano y no devenga sus ingresos del erario público. No sería justo que la calidad de servidor público prive a un ciudadano del derecho de recibir la protección propia del Estado y de ser indemnizado por las fallas del servicio, bien por acción o bien por omisión”. b. Cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. Ha considerado la Sala que cuando se expone al funcionario a un riesgo mayor se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas y hay lugar a la indemnización plena o integral de los perjuicios causados. Así, en providencia del 3 de abril de 1997, expediente No. 11.187, se precisó: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referidos a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. “Entratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”. Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de julio de 2002, Radicado 14001. Del sub examine La Sala considera que no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado, por cuanto no se evidencia ninguna de las hipótesis jurisprudencialmente señaladas para tal efecto en casos como el de la referencia. Al proceso se allegó copia auténtica de los poligramas números 136, 138, 143, 147 y 178. El primero de estos data de 8 de agosto de 2002, fue enviado a “COMAN – SUBCO – DICUATRO – SIJIN – SIPOL DECAU” e informa que se tuvo conocimiento por parte de la estación de Policía de Belalcázar sobre “amenazas por parte de las FARC, a los señores Alcalde Municipal, concejo municipal y funcionarios públicos”  a través de panfletos en los que se les exige la renuncia en menos de 48 horas, “de lo contrario serán declarados objetivo Militar”. El poligrama 138 de 9 de agosto de 2002 informa al Comando y al Subcomando “DECAU” que regresó la comisión del Cabildo de Tierra Adentro que se hallaba discutiendo con las FARC sobre las amenazas contra el Alcalde, y que informaron que el plazo para que renunciara junto con el gabinete municipal se cumplía a las 12:00 horas del 10 de agosto de 2002, y que existía orden del “SECRETARIADO FARC” de toma subversiva al municipio de Páez “SIN FECHA Y HORA”. En sentido semejante al poligrama 136, obra el número 143, en el que se informa que fueron amenazados la Fiscalía Local y el Juzgado Promiscuo Municipal. El poligrama 147, de 23 de agosto de 2002, dice que en el sitio conocido como el “Páramo” se encuentran 2 frentes de las Farc “realizando retén ilegal y pesca milagrosa, como también repartiendo panfletos alusivos al 6 frente y columna Jacobo Arenas, donde manifiestan una posible incursión a las Estaciones de Totoró e Inzá”. Y finalmente está el poligrama 178 de 9 de octubre de 2002, en el que se informa que se procedió a verificar la presencia de subversivos en el sitio “GUALCANES” en donde se encontró un equipo de campaña. El personal de la Policía regresó a la estación sin novedad. Fls. 12 a 13. C de Pruebas Radicado 2003 1507. Las amenazas comentadas en el poligrama 136 son corroboradas con el listado de Alcaldes amenazados en el Departamento del Cauca en el año 2002, que hace parte de los documentos allegados durante el período probatorio por la Gobernación Departamental. En dicho listado se relaciona al señor Harold Mauricio Casas Cruz como Alcalde de Páez Belalcázar, amenazado el 27 de junio de 2002 por el frente 8 de las Farc “AMENAZAS GENERALIZADAS” y amenazado el 8 de agosto de 2002, misma fecha del poligrama, por un panfleto del 6 frente de las Farc “dirigido a su nombre”. Como medidas adoptadas se relaciona “ESCOLTA 1 Policía – Seguridad esporádica Instalaciones Alcaldía”. Fls. 25 C de Pruebas. De este Alcalde, el Gobierno Departamental del Cauca pidió que fuera vinculado al Programa de Protección del Ministerio del Interior, y solicitó que se le realizara un estudio de riesgo. Fls. 56 a 57 C de pruebas. Sobre las amenazas de las cuales era víctima el Alcalde de Páez, se tiene en el plenario dos oficios dirigidos por éste al Gobernador del Departamento, el primero de los cuales data de 29 de junio de 2002 y en el que le manifiesta que, a pesar de las amenazas de los grupos subversivos, no renunciaría a su cargo y le solicitó protección para su familia y para él, mientras que el segundo está adiado 8 de agosto de 2002, y con el cual simplemente le remite copia del comunicado del 6 frente de las Farc en el que se conmina su renuncia, la de los concejales y demás funcionarios públicos del municipio, y vuelve a requerir la protección pertinente. No se anexó copia del comunicado. Fls. 18 a 19. C. 2004 0369. El Departamento del Cauca remitió al proceso copia de unas actas de unos consejos de seguridad, cuyas fechas y contenido, aparte de señalar la delicada situación de orden público que se vivía en el año 2002 en el Departamento del Cauca y en todo el territorio nacional, no permiten configurar juicio concreto alguno sobre la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de los agentes Caicedo Leal, Guerrero Navia, Girón Alvarado y Durán Velásquez en el municipio de Páez Belalcázar, el 20 de octubre de 2002. Las actas dan cuenta de los consejos de seguridad realizados el 30 de mayo de 2002 –fls. 29 a 32-, 19 de junio de 2002 –fls. 37 a 39-, 26 de junio de 2002 –fls. 40 a 46-, 14 de julio de 2002 –fls. 47 a 55- 16 de septiembre de 2002 –fls. 60 a 62-, 18 y 19 de septiembre de 2002 –fls. 63 a 71-, 20 de septiembre de 2002 –fls. 72 a 775-, y 6 de noviembre de 2002 –fls. 76 a 82. Los consejos anteriores a la fecha de los hechos consideran la necesidad de solicitar al Gobierno Central la permanencia de la Brigada Móvil entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, contienen invitaciones de los mandos militares y de la Policía Nacional a que los funcionarios municipales continúen en el ejercicio de sus cargos, dan cuenta de la presencia de grupos subversivos y de la fuerza pública en distintos puntos del territorio departamental, narran diferentes situaciones de orden público vividas en los municipios y las acciones tomadas para contrarrestarlas, reconocen la grave problemática por las amenazas y renuncias de los alcaldes, e historian, en gran parte, un taponamiento de la vía Panamericana, unas movilizaciones  y un “paro” adelantados por grupos indígenas y otros movimientos sociales. Por su parte, resulta inútil reseñar las actas de los consejos de seguridad posteriores a octubre de 2002, ya que se pretende derivar la responsabilidad de la Policía Nacional por la falla en el servicio o el riesgo excepcional al que presuntamente se sometió a los policiales el 20 de octubre de 2002. Ahora bien, la Sala observa que el Alcalde Municipal de Páez, en oficio de 7 de octubre de 2002 le manifestó al Gobernador Departamental: “Como ALERTA TEMPRANA informo a Usted (sic) que existen serios indicios y movimientos que advierten sobre una pronta y violenta incursión guerrillera en Belalcázar, cabecera municipal de Páez Cauca; razón por la que acudo a su despacho Señor Gobernador para que como jefe del orden público del Departamento tome las medidas del caso a fin de que nos garantice la vida a todos los paeces.” Fl. 20 C. 2004 0369. Se tiene también copia auténtica de los poligramas en que el Comando del Departamento de Policía Cauca enseña a todas las estaciones de Policía Departamentales, sobre las medidas de seguridad que deben tomarse, en días anteriores al 20 de octubre de 2002. Entre las indicaciones dadas están la de extremar las medidas de seguridad, revisar las instalaciones de las alcaldías y entrevistarse con autoridades locales y dejar constancia de lo que se haga. Poligrama 183 de 5 de agosto de 2002. El 3 de septiembre de 2002, en poligrama 1158 simplemente se señala que, según informaciones de inteligencia, las Farc pretendía secuestrar a un funcionario del Departamento, sin más datos. Cabe destacar que en poligrama 1166 de 6 de septiembre de 2002 se informó a la Estación de Belalcázar que, según informaciones de inteligencia, algunos frentes y la columna Jacobo Arenas de las FARC, pretendían llevar a cabo una toma guerrillera ese mismo día. Fls. 95 a 97. Ya sobre lo ocurrido el 20 de octubre de 2002, reposa en el cuaderno de pruebas, a folios 101 a 103, el informe del Comandante de la Estación de Policía de Belalcázar, Augusto Padilla Medina, el cual expresa que la toma subversiva se presentó el 20 de octubre de 2002, desde las 9:30 horas hasta las 18:30 horas. Narra el informe cómo los 4 agentes Caicedo leal, Durán Velásquez, Girón Alvarado y Guerrero Navia, así como el civil Embuz Pardo perdieron la vida al enfrentarse a los subversivos, los cuatro primeros quienes “salieron a tomarse la parte norte de las instalaciones policiales y localidad” y murieron abatidos en combate, mientras que el último de los mencionados murió al pretender dialogar con los subversivos. El informe da cuenta que un grupo de 5 policiales salieron “a cubrir la parte sur por la esquina del parque” y 8 más se quedaron en las instalaciones de la Estación de Policía. Anota además el documento: “Es de aclarar que con anterioridad a la toma no se tuvo información alguna sobre la posible incursión, todo amaneció en completa calma, las actividades se desarrollaban normalmente como cualquier domingo (…) Es de aclarar que el apoyo aéreo con el avión fantasma fue oportuno en los sitios estratégicos para impedir el acceso de bandoleros que venían a cumplir con su plan y apoyar a los que estaban en el pueblo. El avión llegó a eso de las 10:30 horas (…) Así el acervo probatorio, la Sala estima que no hay lugar a declarar la responsabilidad demandada por cuanto no se configura una falla en el servicio, un riesgo excepcional, ni mucho menos el daño ha sido causado con armas de dotación oficial. No se ha conformado, contrario a lo expuesto en la demanda, una omisión de la Policía Nacional como fundamento de la muerte de los agentes Caicedo Leal, Guerrero Navia, Girón Alvarado y Durán Velásquez el 20 de octubre de 2002. No es cierto como lo alega la parte demandante, que los policiales hayan informado reiterada y desesperadamente de una toma guerrillera sobre la población de Páez, en virtud de lo cual se debían extremar medidas de seguridad o reforzar el cuerpo policial. El acervo probatorio ha dado cuenta de unas amenazas que recaían sobre el alcalde municipal, concejales y otros funcionarios, así como sobre la fiscalía local y el juzgado, lo que imponía una mayor protección sobre estos, pero no conllevaba a prever el ataque guerrillero ocurrido aproximadamente 2 meses después de conocerse tales amenazas. Las pruebas permiten afirmar que en el año 2002 se vivía una difícil situación de orden público en el Departamento del Cauca, con especial énfasis en las renuncias de los alcaldes municipales y en los movimientos indígenas y sociales, tal como se registró en las actas de los consejos de seguridad, y que como reflejo de tal alteración del orden público, grupos subversivos hacían presencia y cometían actos criminales en todo el Departamento del Cauca y amenazaban con tomas subversivas todo el territorio departamental, sin especificar la población, fecha u hora en que habrían de ejecutarse, por lo que los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2002 en la población de Páez han de ser calificados como sorpresivos e imprevisibles. Así las cosas, y en términos de la jurisprudencia contencioso administrativa, en el sub examine no se ha presentado una falla en el servicio, pues no ha existido la inminencia del ataque guerrillero que hubiera hecho exigible medidas de seguridad excepcionales o el incremento de policiales, así como tampoco se probó que la fuerza pública haya cometido errores tácticos o haya sometido a los arriba mencionados a un riesgo excepcional. Por el contrario, los elementos de juicio apuntan a que por esas épocas las autoridades nacionales y en especial los mandos militares y de Policía ordenaron a todos sus miembros tomar las medidas de seguridad pertinentes, y reforzaron a los cuerpos policiales, en particular el de Páez Cauca. Además, los agentes fallecidos el 20 de octubre estuvieron en las mismas condiciones que los otros agentes de la estación de Policía, pues se reportó, aquellos perecieron en su intento de repeler el ataque del enemigo, y otros, que al parecer no murieron, hicieron lo propio desde posiciones geográficas o de combate diferentes. Adicionalmente recibieron apoyo aéreo y posteriormente apoyo terrestre. Significa lo anterior que en el caso de la referencia, no se ha presentado una falla en el servicio, ni mucho menos se sometió a los agentes de policía cuyos familiares demandan, a un riesgo excepcional o a una desigualdad frente a sus compañeros. Las situaciones fácticas demostradas en el proceso reflejan únicamente que la muerte de Caicedo Leal, Guerrero Navia, Girón Alvarado y Durán Velásquez, probada como quedó su vinculación a la Policía Nacional, ocurrió en actos propios del servicio. Por su parte, los familiares aducen en las mismísimas demandas, haber recibido ya las indemnizaciones y prestaciones sociales a que legalmente hubo lugar por tan trágicos acontecimientos. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado como un caso típico de riesgos ocasionados en actos del servicio, el de ser heridos los miembros de la fuerza pública en combates con grupos subversivos o con la delincuencia común: En el sub lite, la muerte de la víctima no ocurrió en circunstancias propias de las actividades normales de los agentes estatales miembros de la Fuerza Pública, a quienes se les ha encomendado la protección de la honra, vida y bienes de los ciudadanos colombianos, como por ejemplo el de ser heridos en combates con grupos armados al margen de la ley, en enfrentamientos con la delincuencia común, o morir en medio de un operativo organizado como parte de las funciones a cargo de los uniformados, inherentes a su condición. Sección Tercera, 30 de marzo de 2006, radicado 15441.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia  23/09/2010

Expediente:  20030099100

 

 

LA CAUSAL EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD, EN EL CASO DE LA NO INTERPOSICION DE LOS RECURSOS, NO ES DE APLICACIÓN EN LOS CASOS DE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD.

 

 

La Sala estima razonable que en los casos de privación injusta de la libertad, la no interposición de los recursos no sea constitutiva de una eximente de responsabilidad en los términos del artículo 70 de la ley 270 de 1996, por cuanto dentro del procedimiento penal, el sindicado o imputado tiene derecho a recurrir o no las decisiones, según estime conveniente, como estrategia de defensa.

 

 

EXTRACTO: La ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, consagra en su artículo 65 que, el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.  Desarrolla cada uno de estos supuestos en los artículos 66 a 69, y preceptúa en su artículo 70 la eximente de responsabilidad denominada como Culpa Exclusiva de la Víctima, en los siguientes términos: ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado. Dicha norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria  definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C 037 de 1996. En forma más detenida, debe advertirse que la misma ley, en su artículo 67, numeral 1, prevé: ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:  1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.  La jurisprudencia contencioso administrativa, a partir de las disposiciones transcritas, entiende que la causal exonerativa de responsabilidad, en el caso de la no interposición de recursos, no es de aplicación en los casos de privación injusta de la libertad. Así por ejemplo, ha resaltado: Cuando la ley 270 de 1996 refiere a los presupuestos del error jurisdiccional y dispone que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial, y que la providencia contentiva del error esté en firme, no hace otra cosa que determinar los presupuestos del error jurisdiccional, es decir la materia sustantiva que debe dilucidar el juzgador al momento de fallar.  Tanto es así que el artículo 70 ibídem al cual reenvía el artículo 67, cuando señala que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, quiere significar que si no los interpuso, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial, el daño se entenderá debido a culpa exclusiva de la víctima cuando, entre otros, “no haya interpuesto los recursos de ley”.   Estas expresiones de la ley Estatutaria de Administración de Justicia - daño y culpa exclusiva de la víctima - , dentro del contexto de esas normas, revelan en su orden un elemento esencial de la responsabilidad, y el otro una causa de exoneración por imputabilidad del daño a la propia víctima, elementos, que por su contenido son propios de análisis en las sentencia que resuelva las pretensiones, como así lo sostuvo la Sala en anterior oportunidad. Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de agosto de 2005, radicación 28513. Subrayado original. Y es razonable que en los casos de privación injusta de la libertad, la no interposición de los recursos no sea constitutiva de una eximente de responsabilidad en los términos del artículo 70 de la ley 270 de 1996, por cuanto dentro del procedimiento penal, el sindicado o imputado tiene derecho a recurrir o no de las decisiones, según estime conveniente, como estrategia de defensa. Bajo tal entendimiento, debe descartarse el argumento de la Fiscalía General de la Nación, de que al no haberse recurrido la medida de aseguramiento por parte del señor Manzano dentro del proceso penal, se configura una culpa exclusiva de la víctima en los términos del artículo 70 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia.

 

 

B) PERJUICIOS OCASIONADOS CON LA PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

 

La jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que se presume el perjuicio moral por parte del privado injustamente de la libertad, como por los seres más cercanos a él. Ha dicho: Si bien no existen en el proceso pruebas directas sobre la causación de ese tipo de daños a los actores, por presunción de hombre, las reglas de la experiencia indican que la imposición y ejecución de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, máxime si se tiene en cuenta que es injusta, sumado al hecho de que ésta no contó con el beneficio de libertad condicional, indiscutiblemente producen en el sujeto pasivo afectado con la medida un daño moral, por ser evidente que la internación de una persona en un centro carcelario de suyo genera angustia y sufrimiento moral, pues, como es apenas natural y obvio, por regla general ese tipo de hechos no son precisamente fuente de alegría, gozo o regocijo espiritual; por el contrario, por corta que sea su duración en el tiempo, causan perturbación emocional y desasosiego, en razón de privar a la persona de un derecho fundamental y consustancial al hombre, como lo es la libertad. Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente valoración del Tribunal Superior Español expuesta en sentencia del 30 de junio de 1999: “A cualquiera le supone un grave perjuicio moral el consiguiente desprestigio social, y la ruptura con el entorno que la prisión comporta, además de la angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o temor que suele conllevar.  Asimismo, las circunstancias de edad, salud, conducta cívica, hechos imputados, antecedentes penales o carcelarios tienen relevancia para una eventual individualización de las consecuencias con el consiguiente reflejo en la cuantía de la compensación económica de aquél.” Consejo de Estado, Sección Tercera, 14 de marzo de 2002, radicación 16932. Sobre la presunción del padecimiento de dichos perjuicios por los familiares del privado de la libertad, ha reiterado: Se pone de presente que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detención en establecimientos carcelarios se presume el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño, por la privación de la libertad, de la misma manera que se presume dicho dolor respecto de sus seres queridos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en otras oportunidades. Consejo de Estado, Sección Tercera, 8 de julio de 2009, Radicación 16932 Y sobre la tasación fijó lo siguiente: Por otra parte, no puede perderse de vista el principio de equidad, también previsto en la norma transcrita para ser tenido en cuenta en la labor de valoración del daño.  Su importancia resulta mayor cuando se trata de la indemnización de un perjuicio que, por la naturaleza de éste, no puede ser restitutoria ni reparadora, sino simplemente compensatoria.  En efecto, la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia.  Se impone al juez, entonces, el ejercicio de una cierta discrecionalidad, que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente razonada y fundada en las probanzas que, en el proceso, obren sobre la existencia del perjuicio y su intensidad. No se trata, en efecto, de una facultad arbitraria; por ello, en su desarrollo, debe buscarse también la garantía del principio de igualdad, lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquélla y éstas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización. Y más adelante expuso: Sin duda, la afirmación de la independencia del juez implica la asunción, por parte de éste, de una responsabilidad mayor.  Deberá ponerse especial esmero en el cumplimiento del deber de evaluar los diferentes elementos que, en cada proceso, permitan establecer no sólo la existencia del perjuicio moral, sino su intensidad, e imponer las máximas condenas únicamente en aquellos eventos en que, de las pruebas practicadas, resulte claramente establecido un sufrimiento de gran profundidad e intensidad, superior a muchos de los pesares imaginables. Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de septiembre de 2001, Radicación 1323 – 15646 Indican tales criterios, que los perjuicios morales se presumen respecto del directo afectado o privado injustamente de la libertad, y respecto de sus familiares más cercanos, según las suficientes reglas que sobre el punto ha decantado la misma jurisprudencia. La tasación del monto que se reconoce por perjuicio moral, es de carácter compensatoria, y se hace por parte del juez, teniendo en cuenta, en términos generales, la intensidad del perjuicio, siendo que para la mayor intensidad se reconoce el monto máximo de 100 SMLM. En el sub examine, el reconocimiento de los perjuicios morales procede únicamente para el señor Roger Marino Manzano Valencia, directo afectado y quien otorgó poder, y se excluye cualquier pronunciamiento sobre los demás peticionarios por este concepto. La Sala encuentra razonable reconocer a su favor la suma de 25 SMLM por concepto de perjuicios morales, si se tiene en cuenta que el monto máximo se reconoce en casos de intensidad extrema del perjuicio –muerte, lesiones, privaciones de la libertad por largo tiempo-, mientras que la privación de la libertad del actor solo se prolongó durante 46 días, en los cuales se presume lo embargaron sentimientos de congoja y angustia, pero sin que se haya descompuesto emocionalmente o se le haya imposibilitado recuperar la paz, alegría y el sosiego de su vida diaria personal, en familia y en sociedad. El monto así decretado, además, compensa el escarnio público y la exposición a la prensa, y se atempera a los criterios jurisprudenciales para la tasación del perjuicio moral.

 

 

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia  28/09/2010

Expediente:  2001025600

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA POR DAÑOS CAUSADOS EN EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PELIGROSA

 

 

En el proceso analizado por la Sala quedo establecido que dos agentes de la Policía Nacional salieron en un vehículo de propiedad de la institución a las 20:00 horas, de la estación de Mercaderes, recogieron en el camino a tres particulares, viajaron hasta la vereda Sonbrerillos, pasaron un tiempo en una discoteca, ingirieron bebidas embriagantes y al regresar hacia Mercaderes sufrieron un accidente de tránsito debido al exceso de velocidad, aunado al estado de alicoramiento del conductor, que era un agente de la Policía, así las cosas la relación de causalidad entre el daño sufrido por dos de las ocupantes del vehículos y la actuación de la administración resultó evidente con fundamento en el régimen de responsabilidad objetivo de riesgo excepcional.

 

 

EXTRACTO: De la relación de causalidad entre el daño y la actuación de la administración.  La Sala estima acreditado este requisito para declarar la responsabilidad del Estado en el asunto bajo examen, por cuanto se comprobó que el accidente ocurrió en un vehículo de propiedad de la Policía Nacional, conducido por uno de sus agentes y en compañía de otros dos policiales, quienes en servicio salieron, supuestamente, a patrullar la zona urbana, mas se dedicaron a consumir bebidas embriagantes y a rondar una zona rural, lo que aunado a la peligrosidad que se presume tiene la conducción de vehículos culminó en el accidente ya referido y en el cual resultó muerto uno de los agentes, lesionados los otros dos y lesionadas tres particulares. 1.1 A lo largo del proceso ha quedado acreditada la propiedad de la Policía Nacional sobre el vehículo en el cual ocurrió el automotor, y se constató que uno de sus agentes lo conducía, lo que radica en dicha entidad la calidad de guardián de la estructura y de guardián del funcionamiento, según las cuales debe responder por los daños que se ocasionen por las cosas, ora por sus vicios, ora por su funcionamiento. Dicho asunto dilucidado por la doctrina, ha sido explicado por el Consejo de Estado: Lo anterior indica claramente que la actividad peligrosa referida a la conducción de la motocicleta estaba siendo ejercida por un agente de la Policía por razón de los servicios a cargo de la Policía Nacional y no del municipio, por manera que la entidad territorial demandada no participó en la ejecución de la actividad que generó el daño por cuya indemnización se demanda. En relación con la responsabilidad que surge de los daños causados por actividades peligrosas, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. “Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario. “De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto -que desde luego admite prueba en contrario- pues aún cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario. “O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de que guardián de ellas presúmase tener. “Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada[2] (Subrayas de la Sala). En relación con los daños causados con los objetos inanimados, la doctrina ha distinguido entre el guardián de la estructura y el guardián del funcionamiento, para concluir que el primero debe responder por los daños derivados de los vicios de éstos y el segundo por los derivados de la actividad a la cual se destinan. Consejo de Estado, 26 de marzo de 2008, radicado 16393. Significa lo anterior, que un agente de la Policía Nacional ha desarrollado una actividad peligrosa, la conducción de un vehículo oficial, y que la Institución debe responder por los perjuicios ocasionados por la labor en que éste fue ocupado. Halla la Sala que los policiales salieron de la Estación de Policía de Mercaderes Cauca, de lo que se dejó registro en el libro de guardia, con el vehículo arriba descrito, para realizar labores de patrullaje en la zona. De esto agregan las declaraciones obrantes en el plenario que los Policías aducen haber salido hacia la vereda de Sombrerillos, por tratarse de una zona de presencia de “piratas terrestres” o atracadores. Sin embargo, la misma entidad policial abrió investigación disciplinaria dentro de la cual formuló pliego de cargos contra los agentes Martínez Castillo y Castillo Quisoboni por haber causado daño o pérdida de bienes, elementos, expedientes, o documentos que “hallan (sic) llegado a su poder por razón de sus funciones”. Fls. 241 y siguientes del cuaderno de pruebas 1 y 2. Además, se adelantó investigación penal militar, en contra de los mismos agentes, por los delitos de abandono del puesto y peculado culposo, en la cual se les impuso medida de aseguramiento. Fls. 296 anteriores y siguientes del cuaderno de pruebas 3. Y también la Fiscalía General de la Nación investigó por la muerte del agente Morales. Dichas investigaciones y el material probatorio demuestran que los agentes policiales se encontraban en cumplimiento de sus funciones cuando asumieron realizar una conducta riesgosa, la cual agravaron al haber aceptado la compañía de unas personas particulares y haber ingerido bebidas embriagantes. La jurisprudencia contencioso administrativa ha reiterado recientemente que  “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”. 26 de septiembre de 2002, Expediente: 14.036. Reiterada el 28 de abril de 2010, expediente 17201. Dicha consideración le permite a la Sala tener certeza en la vinculación de la Administración, esto es, de la Policía Nacional, en los hechos demandados, pues a la luz de los administrados, los señores Martínez Castillo, Castillo Quisoboni y Morales Hernández simbolizaban, y así lo materializaban, un anormal funcionamiento del servicio, pues salieron de la Estación de Policía a patrullar la zona, que es una función propia del cuerpo policial, en un vehículo propio y característico de la institución, todo lo cual envolvía su comportamiento dentro del funcionamiento –anómalo- del servicio. Ello hace atribuible a la entidad accionada, Policía Nacional, la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes el 24 de febrero de 1999 en el accidente en que agentes de la Policía y otros resultaron lastimados, y excluye en el sub exámine la configuración de una culpa personal del agente (o de los agentes) frente a las administradas lesionadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  20031304

 

 

 

FALLA EN EL SERVICIO MEDICO/CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO

 

 

 

La Sala no accedió a declarar la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos objeto de la demanda en consideración a que no se estableció con certeza, o al menos con un alto grado de probabilidad preponderante, la causa eficiente del daño.  Lo anterior bajo el régimen de la falla probada del servicio aplicable en eventos en los cuales se discute la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del despliegue de actividades médico-asistenciales, conforme a la cual la administración solamente podrá resultar comprometida como consecuencia del incumplimiento de alguna obligación legal o reglamentaria, de suerte que sea dable sostener que la entidad cumplió insatisfactoriamente, tardía o ineficientemente con las funciones a su cargo o las inobservó de manera absoluta.

 

EXTRACTO:  En cuanto a la conducta desplegada por las entidades demandadas en el presente debate procesal, observa la Sala que, en principio, no puede demostrarse la hipótesis acusatoria de la parte actora, fundada, principalmente, en el hecho de no haber adoptado las entidades accionadas las medidas administrativas y médicas indispensables para garantizar un tratamiento adecuado y un nacimiento en condiciones de seguridad del hijo de la actora LIDIA MARINA HURTADO SÁNCHEZ. En efecto, al proceso se aportó la historia clínica de la señora HURTADO, que da cuenta de las diversas actuaciones médicas llevadas a cabo antes y después del fallecimiento del feto, documento que concuerda con lo expuesto por el médico tratante Iván Jaramillo en la diligencia de recepción de testimonio. A su turno, la parte actora no niega el hecho de haber sido remitida y tratada la señora HURTADO en la ciudad de Cali, por cuenta del Consorcio COSMISUR.  Mas bien corresponde examinar si tales actuaciones son la causa eficiente del daño sufrido por los demandantes, vale decir, si puede establecerse el nexo de causalidad entre la conducta desplegada por las entidades demandadas y el daño irrogado.  El nexo de causalidad Al presente debate procesal la entidad demandada COSMISUR aportó la historia clínica de la demandante LIDIA MARINA HURTADO SÁNCHEZ. De ella, destaca la Sala la realización de diferentes ecografías durante el transcurso del embarazo, la realización de diferentes pruebas de laboratorio y, en general,  la atención brindada por la entidad desde el mes de mayo de 2.001, cuando le fue practicada una ecografía obstétrica temprana diagnosticando un embarazo de 8 semanas y cinco días. Todas las ecografías realizadas a la paciente demostraron una evolución normal del embarazo, sin encontrar alteraciones anatómicas visibles del feto.  En estas pruebas también se estudió el cordón umbilical, el líquido amniótico y la placenta, sin que se haya detectado alguna alteración (fls. 97, 100, 101 y 110). En su declaración jurada, el médico especialista en ginecología y obstetricia Iván Jaramillo manifestó que la señora HURTADO SÁNCHEZ inició control prenatal el 12 de junio de 2.001, que se trataba de un embarazo de alto riesgo por el antecedente de dos cesáreas previas y edad materna avanzada, por lo que la paciente fue examinada cada mes y fue evaluada por ecografía desde la octava semana de gestación. Adujo que se le efectuaron cuatro estudios ecográficos a las semanas 8ª, 18ª, 25ª y 34ª, que fueron reportados normales con crecimiento fetal acorde con la edad menstrual. También resaltó el médico tratante que el embarazo transcurrió en forma normal, los exámenes de rutina igualmente resultaron normales a excepción de una infección urinaria tratada a tiempo. En la semana 33 se encontraron cifras tensionales elevadas de 129/92 y se detectó que el acido úrico estaba ligeramente elevado. No obstante, la función renal, el perfil biofísico fetal y los valores de líquido amniótico fueron normales. Precisó que en ese momento se encontraron cifras de presión arterial de 140/110, por lo que dada la carencia de atención de tercer nivel y atención de neonatos en el Hospital San José de Popayán, para esa época, se recomendó su remisión a Cali. Respecto a la causa de muerte del nasciturus, el galeno expuso que en algunos casos ocurrían muertes fetales de manera súbita, sin que sea dable atribuirla a una causa específica.  La ciencia médica enseña que la muerte fetal intrauterina es una de las complicaciones más trágicas y difíciles de enfrentar en la práctica obstétrica diaria. Ocurre con una frecuencia de aproximadamente 6 casos por cada 1000 nacidos vivos y es responsable de la mitad de las muertes perinatales:  

 

MUERTE FETAL - CAUSAL FETAL

CLINICO

%

GENETICO

%

Síndromes

44,0

Esporádicas

29,0

Malform. Únicas

34,0

No det/clasif

25,9

Disrrupciones

10,4

Cromosómicas

24,9

Displasias

3,1

Multifactorial

11,9

Metabólicas

2,1

Mendeliana

4,7

Otras

6,2

Ambientales

3,6

n = 178
Pauli RM y col: Am J Med Genetics 1994; 50

 

 

Los anteriores datos le permiten concluir al Tribunal que, efectivamente, son muy diversas y complejas las causas que pueden dar lugar a la muerte del feto, por lo que en éste asunto es de fundamental importancia aportar una prueba científica que demostrara cual fue el factor determinante del desenlace fatal. En el caso concreto, se encuentra establecido que la señora HURTADO SÁNCHEZ acudió en forma periódica a las consultas con el profesional de la salud especializado en el tema, se practicó los exámenes ordenados y, en general, imprimió diligencia y cuidado al proceso de gestación. No obstante, la Sala no encuentra establecido con certeza, o al menos con un alto grado de probabilidad preponderante, la causa eficiente del daño, dado que no se dispone de suficiente información para determinar que hubo falla en la prestación del servicio médico suministrado a la paciente, puesto que el manejo del embarazo fue el adecuado según se aprecia del examen de la historia clínica, en la que se registraron las pruebas de vigilancia durante todo el periodo gestacional. Pese a que en el libelo demandatorio se alegó que la orden de atención en tercer nivel solo se dio para el 20 de noviembre de 2.001, no hay pruebas suficientes que le muestren a la Sala que fue ese el motivo de la muerte fetal. Respecto de la hipertensión arterial presentada durante el embarazo, encuentra la Sala que, efectivamente, hubo diferencias notables entre los valores registrados los días 15 y 16 de noviembre de 2.001. No obstante, tal y como quedó registrado en la historia clínica, el internista que valoró a la demandante HURTADO SÁNCHEZ fundó su diagnóstico no sólo en el examen físico realizado a la paciente, sino también en la prueba de orina denominada uroliasis, examen que no indicaba ninguna complicación asociada, puesto que la proteinuria se encontraba en el rango normal y la paciente estaba libre de síntomas de compromiso cardiovascular y respiratorio (fl. 94 c. pbas.). Con fundamento en los resultados así arrojados, el especialista ordenó acudir a consulta con ginecología. Así las cosas y como se dejó visto, el riesgo de un episodio de muerte fetal es variable y en este caso específico no se llevó a cabo pruebas o exámenes posteriores a la muerte del feto que indicaran con certeza cuál fue la causa del deceso, prueba que en criterio de la Corporación era indispensable para establecer el nexo de causalidad entre el daño y la actuación de las entidades demandadas. Un estudio en ese sentido es denominado por la ciencia médica como “estudio etiológico” y comprende: “[…] el estudio materno, clínico y de laboratorio y feto-placentario. El estudio materno, involucra aproximarse a la etiología clínica a través de la anamnesis así como de exámenes de laboratorio específicos como detección de diabetes, isoinmunización, presencia de anticuerpos antifosfolípidos o de transfusión feto materna (Test de Kleihauer-Betke), detección de serología para citomegalovirus, etc. Respecto del estudio fetal, éste debe ser lo más sistemático posible. Como se desprende del estudio de causas fetales y placentarias de muerte fetal, la clave está en realizar: 1) estudio citogenético, 2) examen macroscópico-microscópico del feto-placenta, y 3) estudio radiológico. Es interesante consignar que cuando se evalúan los diferentes exámenes en el estudio de esta condición existen anormalidades en aproximadamente un 30% de los casos en el examen externo-interno del feto-placenta, en un 20% de los exámenes radiológicos y en un 6% de los análisis citogenéticos. Una vez concluido el estudio tanto materno como fetal, el siguiente paso es establecer el riesgo de recurrencia para poder así orientar el manejo clínico de una gestación siguiente.” 6. Conclusión Hechas las anteriores consideraciones, no encuentra la Sala que la parte actora haya demostrado con suficiencia la estructuración de los tres elementos que edifican la responsabilidad del Estado, puesto que al examinar el nexo de causalidad no se apreció un comportamiento inexcusable o desacertado por parte del personal médico que obligue a despachar favorablemente las pretensiones de la demanda.

 

 

 

 

 

 

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Magistrada Ponente: Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  20030143901

 

 

 

FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CARCELARIO

 

 

 

Sobre la protección de los derechos de los reclusos, el H. Consejo de Estado ha dicho que, aunque los derechos de las personas privadas de la libertad se encuentran restringidos, eso no obsta para que se los trate con falta a su Dignidad; de tal modo que el Estado deberá cumplir una doble función: ejecutar la condena impuesta, junto con las funciones propias de la pena, y, proteger la humanidad de los condenados, de tal forma que pueda devolverlos a la sociedad en las mismas condiciones en que los recibió al momento de perder la libertad. Los argumentos del Consejo se resumen así: “(…) Desde el punto de vista jurídico del deber de la Autoridad Carcelaria la tarea protectora tiene como objeto mantener al recluido en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad. El deber de esa protección se amplía en el artículo 44 literal c de la Ley 1260 de 1992, a la custodia y vigilancia constante de los internos. Como se ve del contenido obligacional de esas normas es doble: De un lado los siguientes deberes: la custodia entendida como el deber de cuidado, la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios. De otro lado, la vigilancia, que conlleva el deber de atención exacta en las conductas de las personas a su cargo, es decir, que las personas recluidas en los centros penitenciarios, no realicen conductas atentatorias contra sus propios compañeros, y la comunidad en general. La conducta desplegada por el agente criminal, quebranta el deber de vigilancia impuesta al Estado, por cuanto el daño producido, fue efecto de una persona que se encontraba sometida a la vigilancia especial que se ha aludido. Por consiguiente se infiere: que el INPEC no cumplió con sus deberes de custodia de los presos y de vigilancia del centro carcelario (conducta irregular por omisión), que infringe el ordenamiento jurídico legal visto, y el constitucional (art. 2º sobre el deber de proteger la vida). (…)” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Proceso No. 12814. Sentencia del 23 de marzo de 2000. Como consecuencia de los planteamientos anteriores, esta Sala observa que el deber de custodia de los reclusos es permanente y no puede ser descuidado bajo ninguna circunstancia, salvo en los casos en que se este en presencia de una causa extraña que impida ejercer el control efectivo de las autoridades carcelarias. En este orden, habrá responsabilidad del Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cuando un recluso resulte lesionado dentro de las instalaciones de los centros de reclusión por una falla en el ejercicio de la función de protección y vigilancia de esta autoridad; pues, compete a esta instancia velar porque los reclusos se encuentren en condiciones de dignidad, a pesar que sus derechos se encuentren restringidos de manera legal. Caso concreto Analizado el material probatorio obrante, observa la Sala que el señor ALFONSO MOSQUERA MOSQUERA, sufrió lesiones el día 22 de octubre de 2001. Que el señor ALFONSO MOSQUERA MOSQUERA, al momento de los hechos se encontraba recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario San Isidro en la ciudad de Popayán, como consta a folio 79 del cuaderno de principal. Que el día 22 de octubre de 2001, presuntamente compañeros de reclusión encapuchados, agredieron con arma corto punzante al interno ALFONSO MOSQUERA MOSQUERA. (fl.79 vto.) Que en la Historia Clínica que obra de fl.14 a 18 del cuaderno de pruebas, concretamente a fl.18vto., se lee: “Octubre 22 de 2001. 4:00p.m. Ingresa paciente del patio con el pabellonero y se observa heridas en cara a nivel de pómulo derecho e izquierdo se sutura con 8 puntos el pómulo derecho y con 4 puntos el pómulo izquierdo, pte. refiere dolor. Se deja cubierto con microporo y asistir a curaciones diarias. Se administra Diclocilina #20 e Ibuprofeno #10”. Se puede inferir que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC- faltó a los deberes de cuidado y protección que se le impone respecto a los reclusos, obligación esta que se traduce en el deber de las autoridades penitenciarias de abstenerse e impedir el ejercicio de acciones que puedan poner en peligro los derechos de los sometidos al poder punitivo del Estado. Si bien es cierto el daño no fue ocasionado directamente por funcionarios de la Institución Carcelaria, para efecto de establecer la responsabilidad del Estado por falla del servicio a través de una acción; también es claro que la presencia de actos de violencia que se susciten entre los internos deberán ser conjurados por el personal de dicha Institución, es decir que corresponde a esta implementar todos los mecanismos de protección para los internos, pues si bien, se encuentran cumpliendo una sanción legalmente impuesta, ello no implica que hayan perdido la dignidad inherente a todo ser humano; por esta razón, es atribuible la responsabilidad a cargo del INPEC a titulo de falla del servicio, por incumplimiento de sus funciones de protección de las personas a su cargo. De esta forma, puede observarse que, un interno, que se encuentra bajo la custodia de la autoridad Carcelaria y Penitenciaria no puede resultar herido en actos que, perfectamente, son previsibles. Las capuchas a los internos por ejemplo no deben permitírseles, ni menos aún el ingreso de armas u objetos que pueden ser utilizados para atentar contra los mismos internos o los guardias de la Institución, conducta que tradicionalmente el Consejo de Estado ha demostrado como indicativa de una falla en el servicio, como en seguida se destaca: “En consecuencia, observa la Sala que el sólo hecho de que un interno haya tenido en su poder un arma cortopunzante, con la cual hirió de muerte a uno de sus compañeros, denota un mal funcionamiento del servicio carcelario, pues las autoridades penitenciarias incurrieron en una omisión respecto de su deber de controlar el interior del penal y a los reclusos, impidiendo la entrada o fabricación de armas que puedan ser utilizadas por éstos para atentar contra sus compañeros o, contra los mismos guardias de la institución”. Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, Exp.14670, C.P. Ramiro Saavedra. Vistas así las cosas, la Sala encuentra que la falla del servicio está acreditada en el proceso debido a que el actor fue herido con un arma cortopunzante, la cual no debería haber ingresado al penal, sin que se encuentre demostrada una causal exonerativa de responsabilidad, pues no se encuentra demostrado que la conducta del actor hubiera contribuido a la causación del daño al participar voluntariamente en una riña al interior del penal, razones que llevan al tribunal a considerar que hay lugar a declarar la responsabilidad de la Institución Carcelaria.

 

 

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  20060002900

 

 

PERJUICIO DE ALTERACION DE CONDICIONES DE LA EXISTENCIA EN ASUNTOS DE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

 

 

La parte actora solicitó la suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de los demandantes por concepto de “daño a la vida de relación”, ya que hubo un cambio brusco en su “Modus Vivendi” como consecuencia del deterioro de su imagen, por cuanto fue presentado por las autoridades por los medios masivos de comunicación como integrantes del grupo subversivo de las FARC.

Aprovecha la Sala la oportunidad para precisar que, de conformidad con la pauta jurisprudencial de H. Consejo de Estado que desde el año 2007 y ya en varias oportunidades ha señalado que las denominaciones de perjuicio fisiológico, hoy entendido como daño a la vida de relación, se encuentran inmersas dentro de una categoría que abarca una reparación más amplia que se ha denominado perjuicio de “alteración a las condiciones de existencia”. En efecto, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo adoptó la denominación de “alteración a las condiciones de existencia”, para efectos de indemnizar no sólo los daños ocasionados a la integridad física y/o psíquica, sino cualquier vulneración de bienes, prerrogativas, derechos o intereses diferentes a los señalados, o lo que es lo mismo decir, aquellas prerrogativas que sobrepasan la esfera de lo corporal del sujeto afectado, tales como la honra, el buen nombre, el daño al proyecto de vida, entre otras.    Así, el H. Consejo de Estado, sostuvo: “A partir del fallo anterior, la jurisprudencia ha entendido el daño a la vida de relación, como aquel que “rebasa la parte individual o íntima de la persona y además le afecta el área social, es decir su relación con el mundo exterior; por ello se califica en razón al plano afectado: la vida de relación”. “En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política.  “En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él.” “Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante. “Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”. “Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos” o “las  modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”. “El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones. “En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario.” (Destaca el Tribunal). Así mismo, en sentencia reciente, el H. Consejo de Estado, precisó: “Se solicita en la demanda el reconocimiento de una indemnización por la merma total de su goce fisiológico, al quedar de por vida con graves lesiones corporales, que lo imposibilitarán para realizarse plenamente en su vida. Cabe señalar que la afectación a la que se refieren las demandas ha sido definida por la Sala de manera reciente como “alteración de las condiciones materiales de existencia”, la cual hace alusión a la modificación significativa de los hábitos, proyectos y ocupaciones de la vida de quien padece el daño. La existencia de este perjuicio como la de los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le haya dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida familiar y laboral”. Así las cosas, concluye el Tribunal que el cambio de denominación al que se ha hecho referencia no obedece única y llanamente a la simple conversión de la designación para este tipo de perjuicios extrapatrimoniales, sino que ésta se explica en el ánimo de la Alta Corporación de evolucionar en un concepto que permita atender las pautas de la reparación integral de los perjuicios que han sufrido las víctimas, dado que la nueva noción recoge no sólo los daños causados en la integridad psicofísica del ser humano (perjuicio fisiológico), o las limitaciones que se puedan producir con el mundo exterior (daño a la vida de relación), sino, además, todos los cambios bruscos y relevantes en las condiciones de existencia de una persona, razones todas éstas por las que la Sala acoge la nueva denominación. Superado lo anterior, procede la Sala a realizar el análisis de la petición de reparación de perjuicios por este concepto en el caso concreto. Como se señaló en el aparte de la providencia de H. Consejo de Estado proferida el 11 de noviembre de 2009 que viene de verse, esta clase de perjuicio puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso. Considera la parte actora que el perjuicio por este concepto se ocasionó por la alteración de las condiciones de vida padecidas por el detenido y su familia las cuales no estaban en obligación de soportar. Observa la Sala que esta imputación corresponde al perjuicio moral sufrido por los demandantes el que ya fue debidamente reparado. Así mismo, la parte actora señaló que el perjuicio se causó porque como resultado de la privación de que fue objeto el señor Roberto Augusto Rodríguez hubo un cambio brusco en su “Modus Vivendi” como consecuencia del deterioro de su imagen, por cuanto fue presentado por las autoridades por los medios masivos de comunicación como integrante del grupo subversivo de las Farc. No obra prueba en el expediente que permita demostrar la existencia de alteraciones a las condiciones de la existencia de los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Rodríguez Muñoz, toda vez que las declaraciones rendidas refieren la afectación moral que sufrió la familia del detenido y las dificultades económicas que padecieron, más no existe referencia sobre el alegado deterioro de su imagen frente a la comunidad y la alteración real de sus condiciones de existencia con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto. Así las cosas, no se acredita la existencia de este perjuicios y por tanto se impone desestimar esta pretensión.

 

 

 

 

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EL DAÑO ANTIJURÍDICO

 

Magistrado Ponente: Doctor NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  20030237100

 

 

El daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la Doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta la época, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. Según se desprende del texto de la demanda, el daño antijurídico que se pretende sea reparado por la accionada consistió en la privación de la libertad de que fue objeto el señor IVÁN RIVILLAS QUICENO, la que se alega fue llevada a cabo por orden del Juzgado 27 de Instrucción Criminal, con ocasión de la acción penal adelantada en su contra por la presunta comisión, en calidad de autor, del delito de homicidio en accidente de tránsito, siendo que la citada investigación terminó a favor del demandante y se dice no fue cancelada una orden de captura que se libró por cuenta de ese proceso judicial. Ahora bien, de conformidad con lo afirmado en la demanda, el señor Rivillas Quiceno fue privado de la libertad por espacio de 18 horas por parte de los funcionarios de la Policía Nacional, como se dijo, al no haberse cancelado la boleta de captura de fecha 10 de agosto de 1989, expedida por el Juzgado 27 de Instrucción Criminal en el marco de la acción penal por homicidio en accidente de tránsito. No obstante lo anterior, revisado el expediente se tiene que con los escasos medios probatorios allegados y que fueron referenciados en su totalidad en acápite anterior, no es posible establecer que en efecto el señor Rivillas Quiceno hubiera sido privado de la libertad por parte de la Policía Nacional. Es así como no existe prueba documental que certifique la razón y el tiempo de la alegada detención. Obran en el proceso versiones de los testigos solicitados por la parte actora, sin embargo, de su dicho tampoco es posible establecer que el demandante haya sido privado de la libertad, toda vez que los testigos refieren conocer de este hecho por mención que les hiciera el mismo señor Iván Rivillas Quiceno. En tal sentido señaló Gloria León Franco: “PREGUNTADO. Informe al Tribunal si sabe y le consta, que el señor RIVILLAS QUICENO estuvo detenido, en caso afirmativo, indique como se enteró y si lo sabe, el motivo de dicha detención. CONTESTO. Si el señor Rivillas estuvo detenido en octubre de 2003, porque él nos informó que había sido porque no le habían cancelado una orden de captura desde hacía mil años. Estuvo detenido por espacio de unas 18 o  20 horas.” (Se destaca) Alfredo Valencia Plaza señaló: “PREGUNTADO. Diga al Despacho si tiene conocimiento usted que el señor IVAN RIVILLO (sic) QUICENO, haya estado privado de su libertad. En caso positivo nos dirá todo cuanto sepa al respecto. CONTESTO: Bueno él estuvo detenido, no estoy muy seguro si fue de viernes a sábado o de sábado a domingo en la estación de policía de La Flora (…) PREGUNTADO. Cómo se enteró usted de la detención del señor IVAN RIVILLAS. CONTESTO: Porque él mismo me lo comentó y acompañé a su señora a casi (sic) todas las diligencias para lograr su libertad. (Se destaca) Nótese como el dicho del testigo es contradictorio en si mismo, ya que afirma tener conocimiento por el comentario del propio Iván Rivillas e igualmente por haber acompañado a la esposa del detenido en las gestiones para lograr su libertad, lo que no genera certeza sobre la fuente real de su dicho. Adicionalmente la versión del señor Vicente Cuervo Holguín resulta incongruente con lo afirmado en la demanda sobre las circunstancias en que se dio la detención del accionante Iván Rivillas Quiceno, incluso con lo señalado por los testigos antes citados, pues se afirmó que la detención se llevó a cabo en la Estación de Policía La Flora de la Ciudad de Cali, sin embargo el señor Cuervo Holguín expuso: “PREGUNTADO: Diga al Despacho si tiene conocimiento usted que el señor IVAN RIVILLAS haya estado privado de su libertad. En caso positivo que sabe al respecto. CONTESTO: Si se que hace como unos dos años atrás él llego a la casa en compañía de unos policías que entraron hasta el antejardín y otros esperaron en la calle. Yo me quedé a la expectativa haber (sic) que era que pasaba, él salió nuevamente con la señora, al otro día hablando con doña NHORA nos comentó que era un problema que él había tenido hacía muchos años pero que ya lo había solucionado…” (Se destaca) De otra parte, en cuanto a la vigencia de la orden de captura No. 227 de 10 de agosto de 1989, que habría sido la base de la detención del accionante se tiene que la Fiscalía General de la Nación, para la época de los presuntos hechos, expidió constancia según la cual el actor no tenía órdenes de captura vigentes, y en el mismo sentido, la Policía Nacional refirió no tener la citada orden de captura ni antecedentes de la detención del hoy demandante,  contexto del cual emerge concluir que no se demuestra ni la privación de la libertad de Iván Rivillas Quiceno ni la existencia de una orden de captura vigente a pesar de la terminación favorable al procesado de la investigación penal que se adelantó en su contra, circunstancias que comportan la inexistencia en el proceso del daño antijurídico que se endilga a las Entidades accionadas.

 

 

 

 

 

TEORIA DE LA RELATIVIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  2002170300

 

 

La Sala en este asunto en aplicación de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado en relación con la protección debida a los bienes, la cual ha precisado que las obligaciones que son de cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, tomando en cuenta las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor  previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo, negó las pretensiones instauradas por la parte actora víctima de los actos de los integrantes de los grupos armados al margen de la ley, bajo el entendido de que las autoridades demandadas han cumplido con sus obligaciones dentro de lo que razonablemente se esperaba, acordes sus operaciones en la zona donde supuestamente se encontraba el ganado hurtado, con la capacidad de maniobra que la presencia de los grupos subversivos  les imponían y previa observancia de las estrategias militares y autorizaciones para desplegarse.

 

 

EXTRACTO: “Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, deben precisarse  dos situaciones. La primera, que la protección debida sobre los bienes objeto del hurto no puede ser atribuible a  ninguna de las entidades públicas demandadas, por cuanto es un hecho incuestionable que el hurto de los semovientes fue perpetrado por un tercero: aquí se ha expuesto que lo cometieron integrantes de la subversión que operaban en la zona y que en los casos de protección a bienes expuestos a inminente riesgo,  tal como  lo dice la jurisprudencia que se acaba de citar, se ha debido comunicar a las entidades del estado encargadas de la protección con el objeto de que esas actividades se hayan desplegado a fin de encontrar prosperidad en este tipo de pretensiones. No acontece lo propio en el caso propuesto, es decir, que el actor hubiera informado sobre la presencia de grupos al margen de la ley en la zona donde tenía su centro de actividades agrícolas y ganaderas y por sobre todo que sus bienes se encontraban en grave riesgo de ser hurtados.  La segunda,  es un hecho diferente que se ha propuesto, al decirse que los semovientes fueron hurtados por la guerrilla y que el propio actor desplegó algunas acciones tendientes a la recuperación de los mismos y que en esas pesquisas fue enterado que los semovientes se encontraban en un corregimiento cercano, por lo que así dio aviso a las autoridades, quienes enterados de ese hecho, es decir del hurto del ganado y al decir del actor de la ubicación precisa donde se encontraban los bienes hurtados, las entidades demandadas no hicieron esfuerzo alguno por recuperarlos. Lo que implica un  nuevo tipo de omisión, no a la protección de los bienes o de las personas, sino a la obligación legal que tienen las autoridades de investigar los delitos, de buscar a los responsables de los mismos y de recuperar o restablecer el derecho que se ha conculcado.  Lo anterior nos lleva entonces a analizar la pretensión que se ha propuesto, esto es, si hay responsabilidad del Estado por la omisión en desplegar acciones tendientes a la recuperación de bienes  que han sido hurtados por terceros. No le cabe ninguna duda a esta Sala que si la protección de las personas o de los bienes  se hace con fundamento en las amenazas o serios indicios que existen sobre la posible pérdida de los mismos y no se actúa, surge el deber patrimonial del Estado de responder los por los daños antijurídicos que se han ocasionado, pues en estos casos existe una omisión a un deber impuesto legalmente, pues en esos eventos la inactividad del Estado es la causa del daño, tal como se ha visto que lo ha entendido el Consejo de Estado.  Sin embargo, cuando el hurto ya se ha consumado, es decir, se agotaron  todas las etapas del mismo, en tanto  los bienes ya salieron de la esfera de custodia de su propietario, e ingresaron a la custodia de los delincuentes que realizaron las acciones criminales, en ese evento, resulta cierto que el hecho sólo puede ser imputable a un tercero, aquí los grupos subversivos que operaban en la zona, pues  es esa acción criminal la que lleva a la pérdida del patrimonio del actor.  Ahora bien, establecido está que el actor dio aviso o denunció a las autoridades de la comisión del hurto de los semovientes e incluso expresó que en su denuncia dijo saber dónde se encontraban los bienes hurtados, como lo expresó un informante, y que fue debido a la colaboración oportuna o una reacción tardía  en que incurrieron tales autoridades, por lo  que finalmente los semovientes se perdieron para su dueño. En relación con este aspecto, se ha probado que el actor informó del hurto del ganado a todas las autoridades de seguridad del Estado, Ejército Nacional,  Policía Nacional, D.A.S  recibiendo respuesta de la Policía Nacional donde se le dijo que no había el personal humano y logístico para adelantar operaciones en la zona del hurto, por lo que expresó informar del insuceso al Director de Fiscalías y coordinar tareas con el Comandante del Ejército para ese fin. El Comandante del Ejército Nacional ha expresado que se adelantaban operaciones en el área antes y después del hurto, y que tan sólo el 30 de enero se pudo recuperar unos semovientes.  Con el libro de minuta de guardia se ha encontrado que en efecto el Ejército si desplegó operaciones militares en el Municipio  de Cajibío.  Da cuenta el libro que a las 12:00 horas del 12 de diciembre de 2000 se inició el desarrollo de la operación “SL NIEBLA BALANTA RODRÍGO (…) en el área general de la Vd. Campo Alegre del Mcpio (sic) de Cajibio, contra bandoleros de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc.” (…) A las 14:34 horas, entra en contacto armado la CP CONDOR del TC6/3 “NUMANCIA” al mando del CT Torres en la vereda Campo Alegre del Mcpio de Cajibio, contra bandoleros de la CP Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc resultando herido el ST Galindo en un brazo. A las 14:36 horas sale el helicóptero artillado 4005 (…) con el fin de brindar apoyo artillado sobre el contacto armado, regresando a la unidad a las 15:35 horas”.  Fls. 36 y 38 c. de pruebas.  Para el 8 de enero de 2001 se deja registro del inicio de la operación ofensiva en el área general del Rosario, Cajibio. A las 10:00 horas salió un helicóptero a la zona para brindar apoyo aéreo. Fl. 42 c. de pruebas.  Se registra para el 13 de enero de 2001 la salida a las 08:45 horas de un helicóptero hacia la vereda el Rosario del municipio de Cajibio “con el fin de apoyar las operaciones ofensivas del BCG/3.” Folio 41.  El 30 de enero de 2001, a las 06:40 horas entra en contacto armado el Ejército con bandoleros en la vereda la Meseta del municipio de Cajibio. Folio 53 C. de pruebas. En esta misma fecha se anota el cumplimiento de la orden 003, que se ejecutó en asocio con unos grupos contraguerrillas de la Policía Nacional, “con 60 hombres al mando del CT Bautista, quienes van con la misión específica de recuperar un ganado robado, el cual se encuentra n el Rosario, municipio de Cajibío.” En la anotación de su regreso, se lee: “Informa que se recuperan 30 reses y 5 terneros en la vereda Campo Alegre del Mcpio de Cajibío durante el desarrollo de la ORDOP SLR Rubiano Vivas”. Folio 63 C. de pruebas. Con los anteriores elementos de prueba, la Sala concluye entonces que dos de las entidades demandadas, el Ejército Nacional y la Policía  Nacional, sí dieron respuesta al requerimiento que se les había presentado por parte del actor, por lo que el daño que se ha realizado no resulta imputable a la incuria o negligencia imperdonable de la autoridad militar, puesto que exigir una respuesta  inmediata a la consumación del hecho, desborda la capacidad de acción  de las autoridades aún en los países más desarrollados, más todavía cuando se ha probado con el libro de operaciones militares que éstos hacían presencia en varios sitios del Departamento, precisamente porque es una zona de convulsionado orden público.  Entiende la Sala que en el sub examine las autoridades de la república demandadas han cumplido con sus obligaciones dentro de lo que razonablemente se esperaba, acordes sus operaciones en la zona donde supuestamente se encontraba el ganado hurtado, con la capacidad de maniobra que la presencia de grupos subversivos les imponía y previa observancia de las estrategias militares y autorizaciones para desplegarse. Las anotaciones del libro de operaciones atestiguan la fuerte presencia de grupos subversivos, principalmente de las FARC, en el Departamento del Cauca, y registran los operativos que desarrolló la fuerza pública para la época de los hechos de la demanda, así como la recuperación de unas reses hurtadas, previa “orden tipo judicial” y con ayuda del apoyo armado a fin de contrarrestar la oposición de los grupos subversivos en la zona donde los semovientes se encontraban. Lo anterior significa que las autoridades demandadas, en especial la Policía y el Ejército  Nacional, si bien como autoridades están en el deber de proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra y bines como lo dice el artículo 2 de la Constitución Nacional, también lo es que ese mandato para hacerse efectivo, debe partir del análisis real y concreto de si en cada caso el Estado contaba con la suficiencia de medios y de hombres para poder cumplir el deber de protección y vigilancia, pues de otro modo se llegaría a extender su responsabilidad sin límites, de tal modo que el Estado sería responsable por omisión de todos los hurtos que se cometen en Colombia, lo cual, desde luego, no es el principio de responsabilidad patrimonial que se ha cimentado en el artículo 90 constitucional.  Por lo anterior, el Consejo de Estado  ha tenido que aludir a una falla del servicio más realista y acorde con los medios económicos, físicos y humanos de que se dispone, precisamente para ponerle un límite a la omisión,  con la  teoría de la RELATIVIDAD de la falla del servicio, en el sentido que el Estado ni puede ser responsabilizado de todo tipo de daños, y que en concreto, en asuntos relativos a la omisión en el deber de vigilancia y protección, se debe analizar cada caso según la situación concreta y probatoria, además de los medios logísticos y humanos que tenían las entidades demandadas para enfrentar el requerimiento que se les ha solicitado.  No se puede predicar en el presente caso una omisión reprochable por incumplimiento a un deber legal, en que incurrieron las entidades demandadas, en cuanto no desplegaron actividades inmediatas para la recuperación de unos semovientes, porque se ha probado que el Ejército si realizaba operaciones en la zona, antes y después del hurto, con los medios físicos y humanos de que disponía, y conscientes de que se trataba de enfrentar a subversivos que habían perpetrado la acción criminal, por lo que se comprende que la reacción institucional no puede ser apresurada y torpe, con desconocimiento de la táctica característica de la Fuerza Pública, que lleve a la exposición a un riesgo innecesario y al sacrifico de vidas humanas. Concluye la Sala que lamentablemente el daño se ha consumado a pesar de la actividad de las entidades demandadas, por lo cual no pueden ser condenadas.

 

 

 

 

 

NO SE CONFIGURÓ FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN O VIGILANCIA DENTRO DE CENTRO HOSPITALARIO

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia 14/09/2010

Expediente:  2004172300

 

 

 

La demanda estuvo encaminada a que se declare administrativamente responsables a las entidades demandadas, de todos los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la falla del servicio de protección y vigilancia que conllevó al asesinato de la señora Amparo Figueroa el día 15 de agosto de 2002, dentro de las instalaciones del Hospital Local del Municipio de Miranda – Cauca.  La Sala realizó un análisis de diferentes situaciones relacionadas con la víctima, verificó el contenido obligacional de protección a la señora Figueroa sin llegar a configurar, la responsabilidad de las entidades demandadas por su muerte.

 

 

 

EXTRACTO: “En criterio de esta Sala, el sub judice no encaja en ninguna de las hipótesis en que hay lugar a declarar la responsabilidad del estado por falta o falla en el deber de protección, pues no se demostró que el asesinato de la señora Amparo Figueroa se haya perpetrado con complicidad de miembros del estado, no hay solicitud de la administrada elevada ante las autoridades para que se le brinde protección y su muerte no era un hecho previsible debido a las especiales circunstancias que la rodearon. En consecuencia, tampoco se configurará la relación causal adecuada entre la omisión en el deber de protección y la producción del daño. 6.4.2. De lo probado en el proceso se tiene que la señora Amparo Figueroa se desempeñaba, a la fecha de los hechos, como Auxiliar de Enfermería en el Hospital Local de Miranda, y que murió el 15 de agosto de 2002 en horas de la mañana en su sitio de trabajo como consecuencia de unos impactos de bala propinados por una persona con un arma de fuego. Luego de su asesinato, la señora Bonilla Urbano denunció el hecho ante la Inspección de Policía de Miranda, y la Fiscalía de Corinto inició una investigación penal, de la cual no se conocen sus resultados, por no haber sido traída al proceso de la referencia. 6.4.3. Ahora, ninguna de las situaciones expuestas en la demanda como posibles motivo o razón de la muerte de la señora Amparo Figueroa logra tal virtualidad.  Así, pudo constatarse que las malas relaciones de la señora Figueroa con sus compañeros de trabajo databan del año 2001, cuando entre los involucrados lograron un acuerdo el 1 de mayo de 2001, época en la que la señora Figueroa laboraba en la vereda el Cabildo, mientras que el lugar en que ocurrió su muerte fue el Hospital de Miranda, donde llegó a laborar desde el 4 de enero de 2002. Esto muestra que los inconvenientes de tipo laboral que tuvo la señora Figueroa fueron un poco más de un año antes de su deceso, y aparte de haberse dejado registro de ello en el asunto de la referencia no pudo comprobarse que dicha situación haya influido directa o indirectamente, bien por interés de alguno de los involucrados, en la muerte de la señora Figueroa. Por haber trabajado en una zona rural, la señora Figueroa solicitaba desde el año 1997 hasta las proximidades de su deceso, el reconocimiento de un 20% en su salario, situación sobre la cual no se allegaron al proceso documentos en debida forma que dieran cuenta definitiva de ello, situación que por demás, rebasa el ámbito del pronunciamiento del juez en la demanda de la referencia, pues ninguna relación tuvo esto con la muerte de la señora Figueroa, y mucho menos con los perjuicios que se les haya ocasionado a los demandantes. El haber sido víctima la señora Amparo Figueroa de persecuciones por miembros de la Policía Nacional culminó con el archivo de una investigación preliminar adelantada por esa Institución, en razón a la desidia de la mentada señora en suministrar los nombres de los policiales implicados y al parecer por haber interpuesto la queja para lograr intereses personales; por lo que ello no lleva al convencimiento de que la señora Amparo Figueroa ciertamente era tildada por miembros de la Policía Nacional como auxiliadora de la guerrilla, con lo cual ninguna relación puede estimarse entre las afirmaciones que en ese sentido se hicieron en la demanda y la muerte de Amparo Figueroa. Sobre la queja interpuesta en la Personería Municipal de Miranda Cauca, por el allanamiento efectuado en su residencia, la Sala ha constatado, por certificación de la misma Personería, que ello no ha tenido trámite alguno, lo que ha de llevar las responsabilidades que el ordenamiento jurídico señale y que no son de incumbencia de este juicio, y significa simplemente la manifestación de la señora Figueroa de que su casa fue allanada de forma irregular, sin que ello haya sido relacionado de manera alguna con su muerte. Finalmente, ha encontrado la Sala que debido a la infraestructura del Hospital de Miranda, existe un servicio de cafetería por el cual transita personal externo e interno de la Institución, sin control alguno, el cual se ubica diagonal a la estación de enfermería, lugar de muerte de la señora Amparo Figueroa, y que están separados por unas simples divisiones de madera y de vidrio que cumplen la función de pared y ventana, sin que signifiquen ser mayores elementos de seguridad, protección o restricción para las personas. Además, hay certeza de que el Hospital cuenta con servicio de vigilancia, el cual no hace requisas en las entradas o salidas del centro médico. Estos dos aspectos le dan a entender a la Sala que por los lados de la Cafetería del Hospital y la estación de enfermería las personas que laboraban en el Hospital como las que no, transitaban o ingresaban sin restricción o control alguno, punto que no ameritó cambio alguno en el sentido de reforzar el control al ingreso de las personas o de restringir el paso por la cafetería y la estación de enfermería en razón a que la señora Amparo Figueroa se encontrara amenazada o hubiera informado de esto a alguna autoridad o directivo del Hospital. Sobre las amenazas, tema en el cual cae el oficio de 6 de agosto de 2002, a folios 75 y 260, debe anotar la Sala que no se halla elemento de juicio alguno que dé cuenta de su existencia sobre la señora Amparo Figueroa, por lo cual mal ha podido predicarse en la demanda que ella informó de tales amenazas, cuando no han podido ser comprobadas. 6.5. Juzga entonces la Sala que, a pesar de la existencia de diverso material probatorio, en el sub judice no se demostraron los extremos necesarios para declarar la responsabilidad que por la muerte de la señora Amparo Figueroa el 15 de agosto de 2002 en el Hospital de Miranda Cauca, hayan podido tener las entidades demandadas, y en general el Estado, pues no se tiene certeza de la calidad de amenazada que posiblemente ostentara la señora Figueroa antes de su muerte, o de que corriera un riesgo causado por sus malas relaciones laborales o por persecuciones de miembros de la Policía Nacional, y mal ha de predicarse entonces que ella solicitó protección alguna o que sus especiales circunstancias impusieran a las demandadas brindarle protección, de lo que se destruye la configuración de una posible omisión en el deber de protección en el asunto de la referencia, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.”

 

 

LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ES LA ADECUADA PARA PEDIR LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS OCASIONADOS POR UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE, AFECTADO DE ILEGALIDAD, YA NO HACE PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE

 

 

 

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Magistrado Ponente:  Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia: 30/09/2010

Expediente:  20080019200

 

 

 

 

“Al respecto el H. Consejo de Estado ha sido claro en manifestar que la acción de reparación directa es la adecuada cuando el acto administrativo que origina la lesión ha desaparecido del ordenamiento jurídico en virtud de la aplicación del instituto de la revocatoria directa, pues aunque se encuentre extinto el acto afectado de ilegalidad, de todas formas, la lesión persiste en el administrado quien tiene pleno derecho de acceder a la justicia para pedir la reparación del daño que se le ha ocasionado por parte de un agente del Estado, y, cuyo mecanismo de reclamación no será otro que la acción de reparación directa; los argumentos de la Corporación se esbozan así: “ (…) Ante todo la corporación considera que el criterio sostenido por el Tribunal de instancia para considerar inepta la demanda por equivocada escogencia de la acción por parte del actor, no es de recibo, frente a la filosofía consagrada constitucionalmente en materia de prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental, pues si bien es cierto que,  cada  una de las acciones, más técnicamente pretensiones, contenidas y disciplinadas en el Código Contencioso Administrativo, responden a un supuesto de hecho debidamente delimitado en dicho código de procedimiento, diferenciándose claramente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la acción de reparación directa, fundamentalmente por la circunstancia de que la primera es procedente cuando al restablecimiento del derecho se ha de llegar previa declaratoria de ilegalidad del acto cuya nulidad se demanda  en tanto que la órbita de acción de la de reparación directa, no reclama declaratoria de ilegalidad de acto administrativo alguno como condición para su prosperidad, no lo es menos que, en un caso como el presente, la circunstancia de que se hayan proferido actos administrativos y posteriormente se hayan revocado, ha de ser necesariamente considerada, en orden a la determinación de la vía procesal idónea y adecuada para el reconocimiento de los perjuicios que se demandan. En este orden de ideas y como quiera que el acto administrativo de adjudicación desapareció de la vida jurídica por virtud de su revocatoria es imposible dentro de una lógica elemental sugerir al demandante que ha debido impugnar aquel acto mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras razones, porque la propia administración reconociendo la falta de fundamento de la resolución de adjudicación procedió a revocarla y en esa medida imposible le resultaba al demandante haber optado por la acción de nulidad, que supondría cuanto lo primero la existencia del acto administrativo -vigencia- y lo segundo, la ilegalidad del mismo, presupuestos ambos indispensables para la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Téngase presente que, al margen de la existencia del acto administrativo, bien pudieron haberse ocasionado perjuicios, cuyo resarcimiento no desaparece, por la circunstancia de la revocatoria del acto administrativo, que habiendo tenido una vida efímera fue revocado posteriormente y ello comporta precisamente lo contrario a lo sostenido por el Tribunal, esto es, la desaparición del acto administrativo como consecuencia de la prosperidad de la revocatoria directa, impide al afectado por aquel acto administrativo, solicitar el reconocimiento de eventuales perjuicios por la cuerda propia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por ausencia de acto. Desde luego que, en un caso como el presente, la vía procesal con que cuenta el administrado para hacer valer su derecho sustancial es indudablemente la acción de reparación directa.  Y no se diga que como el eventual perjuicio sufrido por el demandante encuentra su origen en un acto administrativo la única vía procesal para el reconocimiento de los perjuicios derivados del acto es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello vulneraría el derecho del justiciable a utilizar la figura de la revocatoria directa en sede administrativa y ello en manera alguna puede sostenerse. En conclusión:  la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa, cuando la parte afectada ha solicitado su desaparecimiento por la vía gubernativa o mediante la revocatoria directa como mecanismo de control de  la actuación administrativa. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Sentencia del 24 de agosto de 1998, radicación no. 13685. Consejero Ponente Dr. DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ. (…)” En pronunciamiento más reciente, la Corporación sostuvo que: “ (…) ...la acción de reparación directa es procedente para obtener la indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo ilegal cuando tal ilegalidad ha sido declarada judicialmente, pues tal declaración deja a la vista una falla en el ejercicio de la función pública. Por ello, la demanda no podía ser rechazada.” La causa del daño, tal como lo plantea la demandante, es el acto administrativo declarado ilegal, sacado de la vida jurídica por el juez contencioso administrativo, no susceptible de ser demandado otra vez. Sin duda, los perjuicios aducidos por el actor, podrán ser reparados en caso de que se encuentren acreditados debidamente. Obviamente, el haber desvirtuado la presunción de legalidad del acto del que el demandante dice se derivaron tales efectos, no obliga al reconocimiento de lo pedido por él, pues para ello debe haber certeza sobre todos los elementos de la responsabilidad. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Auto del 15 de mayo de 2003, expediente no. 23205. Consejero Ponente Dr. ALIER HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ. (…)” Adicionalmente reiteró que:

“(…) Como en su oportunidad se expuso, la procedencia de la acción de reparación directa en los casos en que la propia administración ha revocado un acto administrativo, con el que se causaron perjuicios, es una expresión del derecho a acceder a la justicia consagrado en el art. 229 de la Carta. En virtud del derecho constitucional mencionado, el juez, al examinar la procedencia de una acción ejercida por un particular, que busca solucionar una cuestión que al parecer compromete la responsabilidad del Estado, debe favorecer la opción que le permita a ese particular poner en movimiento el aparato judicial, procurando que la seguridad jurídica y el debido proceso no resulten sacrificados. En casos como el presente, se debe considerar la acción de reparación directa dado que el acto administrativo que presuntamente generó los perjuicios desapareció del ordenamiento jurídico, en el momento en que la administración reconoció su error. En estas circunstancias, es posible afirmar que el daño que se causa a los administrados únicamente se torna antijurídico en el momento en que la administración, reconociendo la ilegalidad del acto, decide retirarlo del ordenamiento jurídico. Con anterioridad a ello, el acto se encontraba protegido por la presunción de legalidad y, en consecuencia, los efectos que generaba se reputaban legales. En efecto, si se entiende, como lo ha expuesto la jurisprudencia, que únicamente es indemnizable el daño antijurídico y que dicha “calificación se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto el deber de soportarlo” es posible afirmar que el daño causado por un acto administrativo cobijado por la presunción de legalidad no es antijurídico sino en el momento en que la administración reconoce que el acto es ilegal, lo retira del ordenamiento jurídico y, por lo mismo, desaparece el deber de los administrados de soportarlo. En conclusión, es procedente la acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios causado por u acto administrativo que ha sido revocado por la administración. Lo anterior no obsta para que, como se dijo en la providencia de abril de 2001, el juez deba analizar si efectivamente el acto revocado era ilegal, si dicha ilegalidad se produjo como consecuencia de la actuación de la administración y si los perjuicios causados son indemnizables. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera. Sentencia del 7 de julio de 2005. Consejero Ponente Dr. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ. (…)” Hechas las anteriores precisiones, es obligado para la Sala desestimar la excepción de inepta demanda, ya que no puede negársele el acceso a la justicia a un ciudadano que siendo sancionado, confía en que dicha imposición se ha hecho conforme al ordenamiento jurídico y en respeto de las garantías constitucionales, bajo el supuesto que las personas depositan su confianza en la administración, la cual a su vez, presta los servicios inherentes a su naturaleza y de los cuales resultan beneficiarios los mismos depositantes, para que posteriormente se concluya que la sanción impuesta ha sido resultado de una actuación violatoria de derechos fundamentales como el debido proceso, teniendo que cargar al ciudadano con el malestar de la sanción y, adicionalmente, impidiéndole la oportunidad de manifestar su inconformidad, esta vez, por la vía jurisdiccional. “

 

 

 

 

FALLA EN EL SERVICIO POR UNA SANCION DISCIPLINARIA ATENTATORIA DEL DERECHO Y GARANTIAS DE LOS SUJETOS DISCIPLINABLES

 

 

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Magistrado Ponente:  Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  20080019200

 

 

Las pretensiones estuvieron encaminadas a derivar responsabilidad a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la sanción disciplinaria impuesta al señor JAIME ARTURO PEÑA MUÑOZ mediante Resolución No. 012 del 30 de septiembre de 2005, proferida por la Procuraduría Regional del Cauca, la cual fue objeto de revocatoria directa mediante  providencia del 22 de junio de 2007, proferida por el Procurador General de la Nación. La Sala abordó temas relacionados con la caducidad de la acción, apoyándose en criterios jurisprudenciales, manifiesta que en el caso de la reparación directa, los dos años deberán contarse desde que se encuentra en firme el acto que revoca, pues solo ahí es que el afectado puede darse cuenta del daño antijurídico que se le ha ocasionado, ya que, la entidad al aceptar el error cometido, además, esta aceptando que la sanción impuesta genera un perjuicio no justificado por el ordenamiento jurídico , es decir que, no era obligación del involucrado tener que soportarlo, además el tema relacionado con la procedencia de la acción de reparación directa cuando el perjuicio es ocasionado cuando este ha salido del mundo jurídico en virtud de la revocatoria directa de la entidad que lo profiere. Concluye afirmando que la Procuraduría Regional del Cauca causó un perjuicio al disciplinado quien no tenía la carga pública de soportar la sanción impuesta, situación que permite deducir la responsabilidad de la entidad por el daño antijurídico ocasionado al demandante.

 

 

 

EXTRACTO:  “La jurisprudencia sobre el régimen subjetivo de responsabilidad, esto es, por falla en el servicio, establece que corresponderá al Estado la reparación de toda lesión que cause a los administrados a través de sus agentes con ocasión de un daño antijurídico, es decir que, no deba ser soportado por el particular, y, que resulte probado y atribuible a la entidad generadora del perjuicio; este postulado encuentra su sustento en la cláusula general de responsabilidad estatal contenida en el artículo 90 de la Carta Política, disposición normativa ampliamente decantada no solo por la Jurisprudencia Contencioso Administrativa sino también por la Jurisprudencia Constitucional.  Por lo anterior, no es necesario hacer el análisis sobre el régimen de responsabilidad aplicable a este caso, el cual, es el general para la atribución de responsabilidad extracontractual del Estado en ejercicio de la acción de reparación directa. En el caso sub examine, se encuentra acreditado el daño ocasionado a un ciudadano quien tuvo que soportar una decisión de autoridad disciplinaria, la cual, siempre estuvo afectada de ilegalidad por violación de derechos y garantías constitucionales; motivo por el cual, también se encuentra probada la naturaleza antijurídica del mismo. Consecuentemente y analizando la providencia mediante la cual la entidad revoca directamente la decisión de su delegada, puede observarse que ella misma acepta el error cometido en el curso del proceso disciplinario objeto de la lesión que actualmente se debate, en los siguientes términos: “ (…) En este orden de ideas, es claro para el despacho que la Procuradora Regional del Cauca, no solo pasó por alto los cuatro (4) oficios en los que el Jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía Cauca, manifestaba que el ST CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ, se encontraba laborando en el Comando Operativo de la Policía Nacional con sede en Bogotá, sino la información que de propia mano suministró el servidor, al momento de presentar su versión libre en la que señala su lugar de ubicación y el número telefónico de su residencia. Tal inobservancia, llevó a la Procuradora Regional erradamente al declarar a los investigados, implicados ausentes, sin haber agotado previamente la notificación personal a través de funcionario comisionado, por encontrarse un de ellos, el ST. BUSTAMANTE BERMÚDEZ, en sede diferente a la del competente. En  verdad, como lo afirma la solicitante de la revocatoria, no fueran mayores los esfuerzos que se desplegaron para realizar la notificación personal del auto de cargos, que como lo estipulan las normas en cita debe agotarse antes de proceder a realizar por cualquier otro medio. El simple formalismo de requerir a los afectados para que se notificaran del auto de acusatorio-sic-, no puede ser tenido por esta instancia funcional, como proceder convalidante de la actuación omisiva, cuando existe en el expediente un gran número de comunicaciones que reseñan el lugar de ubicación del disciplinado BUSTAMANTE BERMÚDEZ y menos, cuando es el mismo procesado el que identifica su lugar de ubicación y los datos donde se le puede citar. El debido proceso en materia disciplinaria constituye una limitación a la potestad disciplinaria del Estado, en cuanto comprende las garantías sustanciales y procesales diseñadas para asegurar la legalidad y eficacia de la actividad procesal en la investigación y juzgamiento de las faltas disciplinarias en aras de proteger los derechos de quienes pueden verse involucrados en procesos disciplinarios. (…) Así las cosas, y como al no haberse observado las formas propias que para los efectos se han impuesto en la parte adjetiva del Estatuto Disciplinario, para surtir la notificación personal del auto de cargos, entiende el despacho quebrantados manifiestamente los derechos constituciones y fundamentales de Defensa y Debido Proceso que le asistían al servidor CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ. (…).”   Por otra parte resulta indispensable estudiar la providencia mediante la cual se resuelve una petición de la apoderada del señor Jaime Arturo Peña Muñoz, quien fue omitido en el fallo revocatorio de la sanción disciplinaria. La referida providencia incluye en el fallo al señor Peña Muñoz, en los siguientes términos:  “ (…) Para el despacho es claro que, la Procurado Regional del Cauca, no solo pasó por alto las diversas manifestaciones efectuadas por el investigado PEÑA MUÑOZ, en las que informaba los lugares donde podía ser citado o ubicado para los efectos de notificación o requerimiento por parte del Ente de Control, datos que fueron suministrados directamente por el disciplinado en las diversas oportunidades en que compareció a surtir actos de notificación. Tal inobservancia, llevó a la Procuradora Regional erradamente a declarar a los investigados, implicados ausentes, sin haber agotado previamente la notificación personal a las direcciones o teléfonos de la ciudad donde informó PEÑA MUÑOZ, se encontraría o podría ser localizado. No entiende el despacho, por qué motivo, pese a encontrarse en el expediente dirección donde podía ser ubicado el disciplinado PEÑA MUÑOZ y habiéndose logrado su comparecencia durante las etapas de indagación e investigación disciplinaria, no fue citado conforme a la previsiones de las normas arriba referenciadas, cuando se presentaban las condiciones para ello y se procedió de manera genérica, se libró el oficio 084 del 14 de abril de 2005, a la Jefatura de Talento Humano de la Policía Nacional, división Cauca. (...) Para garantizar el derecho de defensa, se le debe otorgar al investigado la oportunidad de tener acceso directo a la actuación procesal que contra ´le se adelanta cuando el Estado hace uso del poder punitivo, a través de los mecanismos procesales que la ley ha regulado específicamente de acuerdo con la naturaleza propia de cada actuación, según la clase de procesos penales, disciplinarios o correccionales. La notificación personal tiene la virtualidad de asegurar plenamente el derecho de las personas a ser oídas dentro del proceso disciplinario con las debidas garantías constitucionales, y que también se erige en la forma de comunicación que en mejor forma asegura la realización de los principios de seguridad jurídica, de celeridad y de eficacia de la función disciplinaria, al permitir completa claridad respecto de los plazos o términos dentro de los cuales deben cumplirse las actuaciones procesales que les siguen. Por ello, el legislados la ha contemplado como la forma adecuada para surtir la notificación de las principales providencias dentro del proceso disciplinario, como es el caso del pliego de cargos. (…) Asi las cosas, y como al no haberse observado las formas propias que para los efectos se han impuesto en la etapa adjetiva del Estatuto Disciplinario, para surtir la notificación del auto de cargos, entiende el despacho también quebrantados de manera manifiesta, los derechos constitucionales fundamentales de Defensa y Debido Proceso que le asistían al servidor JAIME PEÑA MUÑOZ, (…).”  Del análisis de las piezas probatorias anteriores, sin vacilación, se puede concluir que un ciudadano ha sido lesionado con una actuación administrativa, daño que ostenta la calidad de antijurídico, bajo el entendido que una persona no puede soportar la carga de una sanción disciplinaria que ha tenido en el trascurso de su imposición, actuaciones atentatorias de derecho y garantías fundamentales de los sujetos disciplinables. Por otra parta, la misma Procuraduría General de la Nación, como sustento del acto revocatorio, acepta que se estuvo en presencia de una actuación violatoria de derechos por parte de la Delegada, pues, la falta de notificación, de todas formas, impide al procesado el ejercicio pleno de la defensa que le asiste en desarrollo de un proceso administrativo adelantado en su contra; y mas aun como una garantía que tiene toda persona para poder contrarrestar una eventual arbitrariedad de los administradores del ius puniendi del Estado. Por consiguiente, para la Sala queda demostrado que el señor Jaime Arturo Peña Muñoz, tuvo que soportar los rigores de una sanción disciplinaria , que, impuesta con violación de derechos y garantías constitucionales, ostenta la calidad de antijurídica y, adicionalmente, encuentra la Sala que dicho daño es atribuible a la entidad demandada, toda vez que fue la Procuraduría Regional del Cauca la que impuso una sanción disciplinaria desatendiendo los rigores procesales, entendidos estos como la garantía que tienen todos los administrados en el curso de un proceso legal, ante una autoridad competente y garantista de la dignidad humana y demás garantías procesales establecidas en cabeza de los sujetos disciplinables. Así las cosas, queda probado el nexo causal entre el daño ocasionado por desatención al proceso disciplinario, específicamente en materia de notificación de las actuaciones y providencias dentro del proceso disciplinario y, la omisión flagrante de la entidad, generadora del daño. En conclusión, la revocatoria directa de la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría Regional del Cauca a favor del señor JAIME ARTURO PEÑA MUÑOZ la, en virtud de la violación de garantías y derechos fundamentales, configura sin lugar a dudas, la existencia de un daño antijurídico, atribuible al Estado, cuya responsabilidad se concreta en la reparación de la lesión ocasionada al demandante. “

 

 

 

 

 

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD MÉDICA DEBEN ESTAR ACREDITADOS EN EL PROCESO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN, EN ESPECIAL LA DEMOSTRACIÓN DEL NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTIVIDAD MÉDICA Y EL DAÑO.

 

 

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Magistrado Ponente: Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  2004006001

 

 

 

La parte actora solicita se declare al Hospital Universitario San Josè de Popayán y a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional responsables de los perjuicios irrogados a Javier Andrés Ocaña producido por la omisión en la prestación los servicios médicos que le originaron osteomielitis crónica activa.  El asunto fue analizado bajo los presupuesto del régimen de falla del servicio por omisión; al efecto se valoraron todas y cada una de las piezas procesales: historia clínica, declaraciones médicas, dictamen pericial, para concluir de acuerdo a su análisis que el procedimiento brindado por el Hospital Universitario San José y la unidad de sanidad del Departamento de Policìa Cauca fue el adecuado.

 

 

EXTRACTO:  “Observa la Sala, que el procedimiento dado a JAVIER ANDRÉS OCAÑA BURBANO desde el día del accidente y su ingreso por esa misma fecha al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN fue el adecuado y oportuno en cuanto a valoración, diagnóstico de la lesión, ordenes médicas, notas consignadas en la historia clínica, tratamiento con medicamentos adecuados- suministro de antibióticos como profilaxis antibiótica (para evitar o disminuir riesgos de infecciones)-,  manejo conforme al criterio  médico de especialistas en infectología, traumatología, cirugía plástica, terapia del dolor, nutrición y dietética, comités de heridas e intervenido quirúrgicamente el mismo día en que se produjo la lesión.  (fl.7 y 10 del cuaderno de pruebas No.1). Notándose en la misma diligencia y cuidado en la atención recibida por el señor OCAÑA BURBANO. Además, la gravedad de la fractura predisponía al paciente a la adquisición de todo tipo de infecciones como la osteomielitis crónica, una de las tantas complicaciones que pueden presentarse ante fracturas y heridas graves. Es preciso señalar  que, la osteomielitis (infección en el hueso), es un riesgo que tienen todos los pacientes hospitalizados y una de sus causas puede ser una patología de fractura abierta de pierna grado IIIB. Se resalta como en su oportunidad lo hizo el apoderado del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN, que a la cirugía de injertos óseos, se le da la connotación de urgente por el apoderado de la parte demandada, pero si observamos las notas de mayo 3 y julio 19 de 2001 de la Clínica de Fracturas ODONTOCAUCA S.A.- Centro Médico de Especialistas, no encuentra esta sugerencia, se consigna que requiere  una cirugía electiva, programable cuando el médico tratante lo estime pertinente. (fl.9 y 10 del cuaderno principal), cirugía que no se podía realizar en las instalaciones del Hospital Universitario San José de Popayán, debido a que no se cuenta con los recursos técnicos para este tipo de procedimientos.  Igual podemos decir sobre el procedimiento seguido tanto en SANIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA- CAUCA como en el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA, Entidades Prestadoras de Salud donde en las Historias Clínicas del actor observamos un manejo adecuado, con inclusión de información fundamental sobre los procedimientos médicos practicados. En efecto son contentivas de diagnósticos, pronóstico y seguimientos, con la máxima información posible a cerca del señor JAVIER ANDRÉS OCAÑA BURBANO. Rompiéndose de esta manera el nexo causal que busca imputar responsabilidad al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN, NACIÓN- MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL- HOSPITAL CENTRAL Y SANIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA-, por cuanto las secuelas físicas del señor OCAÑA BURBANO tuvieron su causa directa en el accidente de tránsito que le produjo fracturas graves que lo predisponían a la adquisición  de todo tipo de infecciones, en especial la de grado IIIB. Ahora bien, tampoco existe demostración de que el procedimiento o cirugía de injerto óseo se hubiese dilatado en el tiempo como ya se anotó por razones de orden administrativo e incluso médicas, ya que en la historia clínica del Centro Médico Imbanaco se expresa que el paciente presenta infección en tibia derecha y requiere cirugía pronto, que el proceso que se cumple es de drenaje de absceso y la causa básica de la remisión es por la no autorización de la POLICÍA para realizar la cirugía, anotación que por si sola no es demostrativa de que la EPS hubiese demorado sin justificación alguna la entrega de la orden de apoyo para la cirugía. Como si se demostró que al paciente se le recomendó el colgajo (injerto de piel), lo que no aceptó, originando una mayor dificultad en el proceso de consolidación de la fractura, circunstancia que posiblemente pudo haber incidido en la  reaparición de la infección. Del acerbo probatorio recaudado resulta imposible afirmar que existe responsabilidad por parte de las entidades demandadas, como se expresa  a través del proceso por la parte demandante, quien en el escrito de apelación acepta que la responsabilidad médica es de medio y no de resultado (fl.194, parte final del cuaderno principal), es decir el médico no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle todo su apoyo en procura de su mejoría. Argumenta que no se extremaron  todas las precauciones posibles con el fin de evitar o disminuir al máximo el riesgo, afirmación desvirtuada con el dictamen pericial donde en respuesta a la pregunta relacionada si de la atención brindada al paciente en la Clínica La Estancia y el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, se puede derivar la osteomielitis crónica  padecida por el paciente, responde: No se tienen elementos de juicio para contestar esta pregunta. No hemos tenido oportunidad de revisar las radiografías ni el estado del paciente para enfatizar la presencia de una Osteomielitis crónica de la tibia…La infección ósea es una enfermedad que puede reactivarse por múltiples causas en el transcurso de la vida de cualquier persona que la ha tenido…”. En materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos que la configuran, en especial la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño. No obrando prueba idónea  demostrativa de la falta o falla del servicio  y obrando si sustentación  médica y administrativa de su actuación en relación con la atención al señor JAVIER ANDRÉS OCAÑA BURBANO,  concluye la Sala que no se encuentra probada la imputación sobre presunta falla del servicio  de parte médica u hospitalaria, por lo que precisa confirmar la Sentencia apelada.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE GRUPO

 

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Magistrado Ponente: Doctor NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Sentencia  14/09/2010

Expediente:  20070014201

 

 

LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y LA DIRECCION ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL SON RESPONSABLES DEL DAÑO ANTIJURIDICO PRODUCIDO A DIVERSOS CULTIVOS DE CARÁCTER LICITO, CON OCASIÓN DE LAS ASPERSIONES CON GLIFOSATO

 

 

“Según se desprende del texto de la demanda, el daño antijurídico que se pretende sea reparado por las Entidades demandadas consistió en la afectación de diversos cultivos de carácter lícito ubicados en las Veredas de El Diviso, Diamante, Lucitania, La Guinea, Naranjal y Las Pilas del Municipio de Argelia, Cauca, y en las Veredas de La Granja, El Carmelo, El Fresno, Tequendama y Santa Inés  del Municipio de Sucre, Cauca, con ocasión de las aspersiones con glifosato realizadas en la zona los días 24 y 25 de junio y 21, 22 de mayo, 4 y 5 de junio de 2005, respectivamente, por la Policía Nacional en desarrollo del programa de erradicación de cultivos ilícitos; así como la pérdida de la certificación de café orgánico expedida por IMO CONTROL y sus diversas consecuencias, por efecto de la misma circunstancia. Obra a folios 29 a 30 del cuaderno de pruebas N° 1 declaración del señor Freddy Edisson Urbano Moreno, de profesión agrónomo y quien tuvo conocimiento de los hechos por desempeñarse, para la fecha de los acontecimientos, como asesor de COSURCA, en calidad de tal se desplazó a cada una de las veredas ubicadas entre los municipios de Sucre y Argelia, aproximadamente dentro de los 12 y 15 días siguientes a las citadas fumigaciones y encontró quemados varios cultivos. Literalmente el declarante señaló: “Si me consta la ocurrencia de fumigaciones en los municipios mencionados (Municipios de Argelia y Sucre), pero frente al químico utilizado realmente no me consta, entiendo que fue Glifosato, porque los mimos que la hacían así lo mencionaban en los medios de comunicación. Los productores nos informaron sobre la ocurrencia de estas fumigaciones, por lo que COSURCA me delegó a mí directamente viajar hasta la zona y constatar la veracidad y la magnitud de esta (sic) fumigaciones, y pues desplazándome por cada una de las veredas ubicadas entre los municipio (sic)  de Sucre y Argelia, en este último se encontraban las veredas EL DIVISO, EL DIAMANTE, LUCITANIA, LA GUINEA entre otras; encontrando quemados los cultivos de café, de papaya, arracacha, yuca, fríjol, caña, tomate así como los pastos de los potreros. Yo fui, pasados entre doce y quince días de pasadas las fumigaciones en el año 2.005…(…) Los cultivos alimentarios de caña, yuca, arracacha, guandul, fríjol, tomate, maní, piña, entre otros, se murieron por completo, se quemaron y el fruto se les cayó y desaparecieron, en cuanto al cultivo de café, tambien (sic) se le observó manchas y quemazón en sus hojas y caída de frutos, pero el árbol como tal, no se murió, sino que con el tiempo se recuperó…” En cuanto a la pérdida de la certificación del café orgánico de los cultivos, manifestó: “… y con toda esa información se presentó un informe a COSURCA. (sic) Donde contemplaba todo el daño que se había causado con esta fumigación y se emitió un comunicado a la empresa certificadora llamada IMOCONTROL con sede en Bolivia, informando la afectación del café orgánico informando que se acopiaría mas de este café, hasta tanto ellos efectuaran una evaluación para otorgar la certificación que permitiera una autorización para establece (sic) cuando se podía acopiar nuevamente. Después de un plan de trabajo que la misma entidad certificadora sugirió, sobre aplicación de purines, compostados, que desintoxicaran el suelo y los cultivos, pasados quince meses de las fumigaciones y efectuada ya la depuración, emitieron una nueva certificación para el acopi (sic) y exportación del café orgánico, esto ocurrió para el año 2.006”  En el mismo sentido declaró el señor FERNELI SAMBONI LEDEZMA, de profesión agrónomo y quien tuvo conocimiento de los hechos porque para la época se desempeñaba como técnico de ASOPROA, en cuanto al daño causado en los cultivos lícitos, manifestó: “…fueron cultivos que desaparecieron totalmente, que comenzaron acercarse (sic) desde su cogollos hasta las raíces, el café empezó a cecarse (sic) los cogollos, no murió como si le paso al plátano, la yuca, la caña y también desde el momento de las fumigaciones se deja de acopiar café orgánico, porque hay un producto químico que lo afecta y el café que debe producir  ASOPROA, debe ser libre de todo producto químico, porque hay unas normas europeas y americanas por los (sic) cuales se rigen las certificaciones de producto orgánico que en ese momento era IMO CONTROL del país de Bolivia, y en ese momento por los hechos de fumigación, se perdió la certificación dad (sic) y el café que se acopió de ahí en adelante fue de tipo comercio, perdiendo el valor de sobre precio como premio a los agricultores por producir dicho café.” Así mismo, la señora ELSI BIBIANA BOLAÑOS LARA, quien tuvo conocimiento de los hechos por haber estado en el lugar de los mismos en las fechas de las fumigaciones y quien se desempeña actualmente como facilitador técnico de de ASPROSUCRE, refiriéndose al caso de esta asociación indicó que: “... se afectaron los cultivos de yuca, plátano, caña panelera y arracacha, maíz, y fríjol, así como potreros; se secaron completamente y al cultivo de café se le cayeron las hojas, los frutos más maduros y se secó el cogollo de los árboles de café…” . Consonantes con las anteriores declaraciones son entre sí las rendidas dentro del proceso por los señores OCTAVIANO ANACONA, ALONSO MUÑOZ SANCHEZ, SEGUNDO VALENTIN TRUJILLO, EDILIA ORTEGA GOMEZ, SEGUNDO PEREGIRNO GOMEZ MAMIAM y TEOVALDO SOTELO NAVIA. Es del caso advertir que aunque los declarantes están o estuvieron vinculados con las asociaciones demandantes, sus testimonios no fueron tachados de falsos por la contraparte que tuvo la oportunidad para hacerlo y, además, como se vio, los mismos son concordantes y coherentes entre sí, por lo tanto aquellos tienen pleno valor probatorio para sustentar dentro del proceso las circunstancias a las que hacen alusión, especialmente, el daño sufrido por los cultivos lícitos que se ubican en las zonas de los municipios de Argelia y Sucre, Cauca. Adicionalmente, se encuentra en el plenario certificaciones expedidas por el Alcalde y el Personero del Municipio de Argelia, Cauca, en las que hacen constar que entre los días 24 y 25 de junio de 2005, se llevaron a cabo fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos en las veredas de EL DIVISO, DIAMANTE, LUCITANIA, LA GUINEA, NARANJAL y LAS PILAS, aspersión que afectó varios cultivos de fincas pertenecientes a la Asociación de Productores de Argelia ASOPROA. Obra también certificación suscrita por el Alcalde y el Personero del Municipio de Sucre, Cauca, en la que hace constar que entre los días 21 y 22 de mayo y 4 y 5 de junio de 2005, se llevaron a cabo fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos en diferentes veredas LA GRANJA, EL CARMELO, EL FRESNO, TEQUENDAMA y SANTA INES, aspersión que afectó cultivos de varias fincas pertenecientes a la Asociación de Productores de Alimentos de Sucre ASPROSUCRE. En ese contexto, analizadas las anteriores declaraciones, en conjunto con las certificaciones expedidas por los señores alcaldes y personeros de los municipios de Argelia y Sucre, Cauca, es posible establecer que efectivamente existió un daño en los cultivos lícitos ubicados en las jurisdicciones de las citadas entidades territoriales. Adicionalmente, obra a folio 146 del cuaderno principal N° 1 copia auténtica de certificación suscrita por el Gerente General de IMO CONTROL Latinoamérica Ltda., según la cual, los productores de café orgánico de las asociaciones ASPROSUCRE y ASOPROA, incluidas en los informes técnicos de COSURCA de fechas 27 de junio y 21 de julio del año 2005, fueron suspendidos del programa de certificación IMO Control, no pudiendo acopiar como ecológico el café a partir de la fecha de las aspersiones aéreas con productos químicos ocurridas en la región. Señala el documento que la decisión se tomó atendiendo el grado de afectación colateral que las fincas de dichos productores sufrieron como consecuencia de las aspersiones aéreas con productos químicos, los cuales fueron empleados por programa del gobierno nacional de Colombia para la erradicación de los cultivos de coca. Se advirtió que el levantamiento de la suspensión estaba sujeto a la realización de nuevas inspecciones. Atendiendo el contenido de la certificación a la que acaba de hacerse alusión en conjunto con las declaraciones ya analizadas, resulta del caso concluir que los cultivos de café ubicados en las jurisdicciones de los municipios de Argelia y Sucre, Cauca, fueron asperjados con algún químico, en consecuencia de lo cual los productores perdieron la certificación de café orgánico. Así las cosas, resulta probado el daño causado a los demandantes, por lo que la Sala procederá a analizar si aquel es imputable en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, o si se encuentra configurada alguna causal de exoneración de responsabilidad respecto de dicha entidad del Estado. 3.1.1.2. La imputabilidad Según la demanda, el daño que pretende sea reparado por las Entidades demandadas fue producto de las aspersiones aéreas realizadas con el herbicida glifosato por parte de la Policía Nacional en algunas veredas de los municipios de Argelia y Sucre, Cauca, los días 24 y 25 de junio de 2005 y 21, 22 de mayo y 4 y 5 de junio, respectivamente, en desarrollo de la política de pública de erradicación de cultivos ilícitos. En ese contexto, y tal como se dejó establecido en la primera instancia, el título de imputación por el que debe regirse el asunto es el objetivo por daño especial, que supone, para efectos del reconocimiento de una indemnización, la existencia de un daño causado por el Estado en desarrollo de una actuación legítima que rompe el equilibrio frente a las cargas públicas y que, por lo tanto, debe ser reparado.  

 

En cuanto a la imputabilidad de la responsabilidad la Sala preciso:  (…) La anterior información resulta pertinente para establecer que las aspersiones que se realizan sobre los campos de cultivos ilícitos no son exactas, sino que en la operación es muy probable que se rocíen cultivos de carácter lícito y que se causen daños en ellos. Adicionalmente, aunque se advierte que las áreas potencialmente afectadas son pequeñas comparadas con la superficie TOTAL  de Colombia, también se advierte que el estudio se basó en un número de cultivos relativamente pequeño, sin embargo, en cualquier caso, ello no significa de ninguna manera que no se afecten campos localizados fuera del objetivo y que no se causen daños. En un aparte posterior del documento referido se expuso: 4.1.3 Efectos del glifosato en organismos ambientales no objetivo El mecanismo de acción del glifosato es mediante la alteración de la vía metabólica del shikimato que lleva a la síntesis de los compuestos aromáticos en numerosos microorganismos y plantas. El glifosato inhibe la vía del shikimato al bloquear la 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), lo que reduce la síntesis de aminoácidos aromáticos y causa la acumulación de altas concentraciones de ácido shikimico y sus derivados. El glifosato se disemina a los tejidos en crecimiento activo, y es particularmente efectivo en la mayoría de las plantas ya que su degradación es lenta. Por consiguiente, el herbicida se propaga por toda la planta antes de que se evidencien los síntomas…. (…) 4.1.3.3 Efectos del glifosato en las plantas …Esto confirma que, como en otras plantas, la absorción a través de las hojas es la principal ruta de penetración en la planta.” (Destaca el Tribunal).  Este aparte del documento que se estudia permite determinar que al igual que en otras plantas, el mecanismo de acción y la absorción del glifosato es el mismo que se presenta en las plantas de coca. (…) De conformidad con los apartes traídos al proceso del anterior documento, es posible concluir que el herbicida denominado glifosato puede afectar todo tipo de plantas de diversas maneras e, inclusive, causarles la muerte bajo determinadas circunstancias. Así mismo, es posible colegir que las zonas y vegetación afectadas con el herbicida pueden ser recuperadas, circunstancia que implica necesariamente que ha precedido un daño y que reafirma que el herbicida está en la capacidad de causarlo.

 

Abordó el tema relacionado con la caducidad respecto de los damnificados que integren el grupo con posterioridad a la publicación del fallo para precisar:  Teniendo en cuenta los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala traerá a colación la sentencia de constitucionalidad C- 241 de 2009, referente a la caducidad de los afectados que no concurran en la acción de grupo, la Corte Constitucional afirma que lo que dispone el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 en lo referente a la caducidad de las personas que no concurrieron al proceso, es contrario a los propósitos de la acción de grupo, ya que va en contra de derechos fundamentales tales como el acceso a la administración de justicia y el debido proceso y, además, establece una discriminación entre los sujetos que se encuentran en igualdad de situaciones fácticas, con fundamento en lo cual resolvió declarar inexequible la parte acusada por la parte demandante del mencionado artículo. Respecto de lo anterior, los argumentos de la Corte Constitucional, fueron los siguientes: En todo caso, es preciso reconocer que resulta factible entender la intención de la norma, que como ocurre con todas las demás disposiciones legales vigentes sobre caducidad o prescripción de las acciones judiciales, no es otra que procurar el pronto y oportuno logro de la seguridad jurídica, estimulando al titular del derecho a actuar de manera diligente, so pena de que en vista de su desinterés, aquél pueda considerarse extinguido. Tal como es absolutamente claro en la jurisprudencia constitucional, esta finalidad no es en sí misma opuesta en modo alguno a los mandatos superiores, sino por el contrario, claramente válida y concordante con ellos. Sin embargo, en el presente caso una disposición de este tipo supone la directa negación de los objetivos que persiguen las acciones de grupo establecidas en el artículo 88 superior, uno de los cuales es la posibilidad de que todos los integrantes del grupo se beneficien del impulso de la actuación dado por parte de cualquiera de ellos. Por ello, dentro de este contexto constituye un contrasentido deducir efectos desfavorables de la transitoria inacción de alguno(s) de los interesados. Así las cosas, la aplicación de esta regla dentro del proceso de las acciones de grupo marcha en contravía del propósito que la norma superior asignó a tales acciones, por lo que desde la perspectiva constitucional, ella resulta inadmisible. (…) Finalmente, no escapa a la Corte que, tal como lo afirman los actores, el precepto estudiado lesiona también el derecho a la igualdad de que trata el artículo 13 superior. Ello por cuanto, presentándose originalmente identidad de circunstancias entre todas las personas afectadas por un mismo hecho dañoso, y existiendo también en cabeza de todos ellos el derecho a beneficiarse del ejercicio de la acción de grupo iniciado por uno cualquiera de ellos, algunos de ellos podrán ver cercenado su derecho a la correspondiente indemnización como resultado del no ejercicio de las acciones individuales procedentes, requisito que dentro del ya explicado contexto de la acción de grupo, no estarían obligados a agotar. ” En ese orden de ideas, frente a los motivos de inconformidad de la parte actora respecto a la caducidad de los ausentes en el proceso, se entiende que con la sentencia de inexequibilidad proferida por la H. Corte Constitucional no caducará la acción para estos, por lo que la sentencia deberá ser revocada en este punto.

 

Concluyó:  “no le cabe duda a la Sala de que la aspersión aérea del glifosato puede afectar cultivos lícitos aledaños a las zonas de la fumigación, ya sea por aplicación incorrecta o por la deriva, tal como se expone en el Estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente que se analizó con anterioridad. De igual manera, es posible concluir que dicha aspersi ón puede causar daños en los cultivos vecinos, circunstancia que, incluso, ha sido prevista por las Entidades del Estado encargadas del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, en virtud de lo cual aquellas han dispuesto un procedimiento administrativo para resarcir los posibles perjuicios que las fumigaciones puedan generar en los cultivos lícitos.

 

La Sala en este caso acudió a la prueba indiciaria para determinar que, efectivamente como se señaló en la demanda y como fue reconocida en la sentencia que se impugna, el daño de los cultivos lícitos, como la pérdida de la certificación de café orgánico expedida por IMO CONTROL tuvo su origen en las operaciones de aspersión del herbicida glifosato en virtud del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos del Gobierno Nacional. En cuanto a la utilización de los indicios en éste asunto precisó la Sala : “Ahora bien, es del caso señalar que los indicios constituyen medios probatorios que a pesar de no acreditar directamente un hecho si permiten indicar su existencia, para ello deben estar debidamente probados en el proceso y concurrir entre sí de manera tal que permitan inferir la ocurrencia cierta de otro suceso. El H. Consejo de Estado ha hecho uso de los indicios en varias oportunidades para efectos de establecer la ocurrencia de determinados hechos que no han podido ser demostrados de manera directa, así por ejemplo, en un caso que tuvo bajo su conocimiento, hizo alusión al concepto de indicios según el profesor Parra Quijano, y con fundamento en ellos logró establecer la responsabilidad patrimonial del Estado en el asunto. En esa oportunidad el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso: Sobre el indicio, su definición y naturaleza, el profesor Parra Quijano ilustra el tema, para lo cual parte del hecho que “... casi toda la doctrina considera que los indicios son medios de prueba ... sólo que no son representativos, ni muestran directamente el hecho, sino que lo indican (el que interesa al proceso)”.Agrega el autor, quien realiza un acto lícito, voluntariamente lo hace frente a testigos; “por el contrario, quien prepara la comisión de un delito procura hacerlo de tal manera que nadie lo presencie; sin embargo, por ser éste un comportamiento humano que afecta en alguna forma la realidad, deja huellas producidas en la comisión del mismo que permiten descubrirlo e identificar a su autor”… el mismo autor, señala: “Los indicios son partes accesorias de un todo y cada uno tiene que ocupar su lugar, determinándose unos con otros ... Esto es lo que se llama concordancia y estos hechos permiten hacer inducciones-deducciones que conducen a señalar al señor como uno de los autores del hurto, que es lo que se llama convergencia. La concordancia se predica de los hechos y la convergencia del proceso lógico que relaciona los distintos hechos con uno distinto investigado”. Y según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, citado en la misma obra, “en la valorización de la prueba indiciaria, el juzgador no debe considerar aisladamente cada hecho, con independencia absoluta los unos de los otros, pues su resultado, para los fines del proceso, no se obtiene sino por la coordinación de los indicios entre sí, y por la relación de dependencia que ofrecen los unos con los otros para llegar a la comprobación del hecho que se trata de demostrar” (Sala de Casación Penal, sentencia de 16 de junio de 1950). Si bien la prueba indiciaria tiene su mayor florecimiento y aplicación en el campo penal, el Consejo de Estado ha recurrido en varias oportunidades a ella para resolver casos, especialmente para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso sub examen, acreditados en el proceso, representan una individualidad que determinan aspectos diferentes que CONCUERDAN entre sí, pero todos CONVERGEN a probar un mismo hecho: que fueron miembros de la Policía Nacional quienes dieron muerte al señor PASTOR BALLESTEROS.Así las cosas, probado como está que el herbicida glifosato es capaz de generar daños (incluso la muerte) en cultivos diferentes a los ilícitos que se buscan erradicar, que se realizaron fumigaciones con el herbicida en los Municipios de Argelia y Sucre, Cauca, los días 24 y 25 de junio de 2005 y 21, 22 de mayo y 4 y 5 de junio, respectivamente, que en las zonas de la aspersión se encuentran ubicados los cultivos de los asociados de ASOPROA y ASPROSUCRE, que dichos cultivos resultaron dañados y que tal daño se produjo con bastante proximidad a la fecha de las fumigaciones, que no existe dentro del proceso prueba que permita inferir, al menos de manera sumaria, la existencia de una causa diferente a la aspersión que hubiere podido originar el perjuicio y que las declaraciones rendidas dentro del proceso son coincidentes con dicha información, es coherente concluir que todas las pruebas relacionadas a lo largo de la providencia constituyen indicios que analizados de manera integral y sistemática son suficientes para determinar, dentro de criterios de razonabilidad y con un alto grado de probabilidad, que, efectivamente como se señaló en la demanda y como fue reconocida en la sentencia que se impugna, el daño de los cultivos lícitos, como la pérdida de la certificación de café orgánico expedida por IMO CONTROL tuvo su origen en las operaciones de aspersión del herbicida glifosato en virtud del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos del Gobierno Nacional, programa ejecutado a través de la Policía Nacional en el marco de una actividad legal y legítima del Estado. Resulta oportuno precisar que la erradicación de cultivos ilícitos que adelanta el Gobierno Nacional es una política pública amparada por normas superiores cuyo objetivo principal es velar por la salud de la población, la preservación y el equilibrio del ecosistema y, además, eliminar los ingresos de grupos subversivos que operan en el país, es decir, el programa propende por el bienestar general de la comunidad y, por lo tanto, se constituye en un actividad lícita del Estado, de manera que no es posible endilgársele responsabilidad por falla en la prestación del servicio por razón de la licitud de su actuación, lo que no es óbice para reconocer indemnización a quien, sin estar en el deber jurídico de soportarlo, la actividad legítima de la Administración le haya causado un daño especial, tal como ocurrió en el presente caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Magistrada Ponente: Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia  28/09/2010

Expediente:   20060016701

 

 

EXCESO DE VELOCIDAD CAUSA DETERMINANTE DE LOS HECHOS

 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que en ejercicio de la acción de grupo y de conformidad con lo establecido en la Ley 472 de 1998, se deprecó declarar a la Nación - Instituto Nacional de Vías responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los demandantes como consecuencia del accidente de tránsito sufrido el 27 de diciembre de 2004, cuando los actores se desplazaban en un bus de la empresa Transportes Puerto Tejada en la vía panamericana kilómetro 88 entre Santander de Quilichao y Villa Rica. La sentencia de primera instancia no acogió las pretensiones de los actores. Inconforme con tal decisión, la parte actora formuló recurso de apelación, fundamentalmente, por considerar que en el sub judice se aplicó un régimen distinto al que correspondía y por la inadecuada valoración probatoria. Respecto del primer motivo de inconformidad, precisa el Tribunal que los vehículos involucrados en el accidente, si bien se dedicaban al servicio público de transporte de pasajeros, no eran de propiedad del Estado, sino que pertenecían a particulares y se encontraban afiliados a las empresas privadas Transipiales S.A. y Transportes Puerto Tejada S.A. De esta manera, es claro que la actividad de conducción de vehículos automotores no fue desplegada por la Administración y, por tal motivo, no pueden examinarse las acciones y omisiones atribuidas a las entidades accionadas bajo el pretendido régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional en la conducción de vehículos. En ese sentido, el análisis de la responsabilidad civil extracontractual del particular que prestaba el servicio público es el que debe efectuarse bajo el régimen de las actividades peligrosas, estudio que correspondería al procedimiento y jurisdicción propios de los particulares. En el caso concreto, las empresas transportadoras no fueron citadas ni vinculadas al presente debate procesal, dado que la causa petendi del grupo actor es, fundamentalmente, el resarcimiento del daño ocasionado presuntamente por las omisiones en la señalización y la remoción de obstáculos en las vías.  Al no acreditarse que los vehículos con los cuales se causó el accidente estaban bajo la administración o cuidado de las entidades vinculadas al presente proceso, no es del caso dar aplicación al título de imputación del riesgo excepcional, en los términos deprecados en el recurso de apelación. De esta manera, el análisis del asunto debe efectuarse bajo el régimen genérico de responsabilidad, esto es, la falla en el servicio, tal y como lo efectuó la falladora de primera instancia.  El Consejo de Estado ha concretado los elementos que, bajo dicho régimen, deberán concurrir para declarar la responsabilidad cuando la causa eficiente del daño sea una omisión: “[…] La responsabilidad del Estado resulta comprometida siempre que se logre establecer en el proceso: i) la obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal atendidas las circunstancias particulares del caso; iii) la existencia de un daño antijurídico; iv) la relación causal entre la omisión y el daño.  “(…) Planteó el memorialista en la apelación, que la juez de primera instancia valoró erradamente las pruebas aportadas al proceso, al considerar únicamente ciertos aspectos de la prueba y admitir como demostrados algunos hechos a partir de pruebas inconducentes.  Sea lo primero advertir que al presente negocio se aportó el proceso penal iniciado por las lesiones sufridas por los hoy demandantes. Bajo esa perspectiva, no se estructuran, en principio, los supuestos enunciados en el artículo 185 del C.P.C. para apreciar la prueba trasladada. No obstante lo anterior, la Sala tiene en cuenta el criterio jurisprudencial esbozado por el Consejo de Estado sobre algunas pruebas recaudadas en las actuaciones penales: […] Respecto de las pruebas que obran en el caso materia de estudio, se tiene copia de los procesos penal […] y el disciplinario […] por los hechos objeto de la demanda; sin embargo, las pruebas contenidas en ellos no pueden valorarse en el presente proceso, toda vez que no fueron solicitadas por ambas partes en los escritos de demanda y contestación, como tampoco cumplen con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, para el traslado de pruebas (folios 153 a 246, cuaderno 1, 1 a 194, cuaderno 2, cuaderno 3). Debe anotarse, en todo caso, que los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales, las necropsias y las actas de levantamiento de cadáver, aún así obren en el expediente penal, pueden valorarse en este proceso, como quiera que el inciso segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil así lo determina.” (Destaca el Tribunal) A juicio de la Sala, los informes técnicos rendidos por entidades estatales adquieren especial relevancia probatoria en el sub judice, toda vez que la verdad material no podría determinarse sino a partir de las probanzas recaudadas en la actuación penal, pues por la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la demanda indemnizatoria presentada por el grupo actor, para la determinación judicial de las causas que dieron lugar a los daños se precisaba la inmediata intervención de expertos, inmediatez que no podría lograrse en la presente actuación contencioso administrativa, habida cuenta que mientras se decretaban y practicaban las pruebas en la correspondiente oportunidad procesal, los elementos y evidencia a partir de la cual deberían rendir su concepto los expertos, o habrían desaparecido, o se habrían deformado. Ahora bien, encuentra la Sala que no le asiste razón al impugnante respecto del supuesto yerro cometido en la sentencia de primer grado en punto a la valoración probatoria, pues cierto es que en nuestras codificaciones procesales opera, por regla general, la sana crítica como principio fundamental para la valoración probatoria. Por consiguiente, a partir de los diversos elementos de convicción recaudados en la contienda le es permitido al juez dar por demostrados los hechos que incumben para la aplicación de las normas en que se basan las pretensiones o las excepciones formuladas por las partes, sin que sea dable exigir el decreto y práctica de determinada prueba para acreditar determinado hecho o circunstancia. “(…)A juicio de la Sala, la aludida obligación de señalizar –y la concerniente a mantener en adecuado estado las vías, de manera que se permita su uso sin obstrucciones– se encuentra radicada en cabeza de la Unión Temporal concesionaria, dado que por su cuenta y riesgo tiene asignada la obligación de conservar la carretera en la que sucedieron los hechos, de conformidad con el Contrato de Concesión No. 005 de 1999. La vigilancia del cumplimiento de tales obligaciones incumbe al Instituto Nacional de Concesiones, según la cesión que de tal contrato le efectuó el Invías. (ii) Omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para atender la obligación: observa la Sala, tal y como lo hizo la juez de primera instancia, que si existían señales de advertencia para los conductores que transitaban por la vía en la que ocurrió el siniestro. En efecto, según el informe rendido por la Policía de Carreteras (fl. 323 c. pbas. # 2), se encontraron las señales reglamentarias SR 30 de velocidad máxima 60 km/h, a una distancia de 200 metros del accidente y SR 30 de velocidad máxima 30 km/h a una distancia de 100 metros del accidente, que en criterio de la Sala fueron desconocidas por el conductor del bus de placas SUL-597 –como se verá al analizar el nexo de causalidad–, habida cuenta que se comprobó el exceso de velocidad. A su turno, no puede pasar por alto la ubicación del montículo de material, pues según los informes técnicos, éste se encontraba en la berma y no sobre el carril, de manera que con él no se obstruía el normal tránsito sobre la vía (fl. 1128 c. pbas. # 6). (iii) El daño antijurídico: a juicio del Tribunal, se encuentra acreditado que los señores ELIZABETH DEL CASTILLO LUGO, CAMPO ELIAS MORENO, RICAURTE PORTILLO, BLANCA LIGIA ACOSTA DE PORTILLO, ESMERALDA COLOBIA DEL CASTILLO LUGO y OFELIA IDROBO UL padecieron lesiones con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 2004. Ello, además, generó padecimientos de tipo moral para ellos y los miembros de sus correspondientes núcleos familiares, que también conforman el grupo actor. (iv) El nexo de causalidad: en el informe técnico rendido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (fl. 1124 c. pbas. # 6), que desarrolló el cuestionario de la orden de misión de trabajo de la Fiscalía, se manifestó que la vía en la que ocurrieron los hechos estaba pavimentada, era recta, plana y, para la fecha, se encontraba en buen estado. Respecto al factor determinante para que se presentara la colisión, el dictamen aludido señaló que el autobús de placas SUL 597 –de Transportes Puerto Tejada– se desplazaba sobre la berma y no sobre el carril, que la berma mide 3,50 metros y que normalmente una berma debe tener 1,80 metros. De esta manera, al desplazarse sobre dicho sector de la vía, se hizo pasar las llantas derechas sobre el montículo de material (fl. 1128 ib.). También se dejó anotado en el dictamen que el montículo se encontraba ubicado a 2,60 metros del carril, por lo que no se obstaculizaba el normal tránsito (fl. 1128 ib). Según el informe especial del accidente de tránsito No. 24-028416, presentado por los funcionarios de la Policía de Carreteras, se encontró que el bus inicialmente siniestrado dejó una huella de arrastre metálico que perforaba la capa asfáltica con 11 metros de longitud y una huella de frenado de 6 metros de longitud, 100 metros antes del punto de impacto (fl. 323 c. pbas. # 2). En ese sentido, se concluyó que el conductor del bus afiliado a Transportes Puerto Tejada transitaba a exceso de velocidad y que al impactar sobre el montículo ubicado fuera de la calzada, perdió el control, ocasionando que el vehículo abandonara su carril e invadiera el carril contrario (fl. 330 c. pbas. # 2).

Resultan de suma importancia los informes técnicos y periciales practicados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, al igual que el informe especial del accidente de tránsito rendido por la Policía de Carreteras, pues con ellos puede establecerse que la carretera contaba con las señales que indicaban la presencia del montículo de tierra y, además, la que advertía sobre los límites de velocidad –la señal reglamentaria SR 30–. De conformidad con las pruebas antes relacionadas, es de concluir que la presencia del montículo no fue la causa determinante del daño, puesto que éste se encontraba por fuera de la vía en distancia de 2,60 metros del carril, lo cual permite establecer que el exceso de velocidad con que se movilizaba el vehículo produjo que el conductor perdiera el control hasta parar al lado de la berma donde se encontraba el obstáculo de tierra, de suerte que en condiciones normales y respetándose las señales de reducción era posible que el conductor conservara su carril sin toparse de forma alguna con el montículo de tierra.

 

 

 

 

 

 

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Magistrado Ponente:  Doctor NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Sentencia 23/09/2010

Expediente:  20050133400

 

 

DE LA CAUSALIDAD ADECUADA

 

En el caso sub examine es claro, según lo demostrado en el proceso penal, que los señores Horacio Muñoz Vejarano, conductor del automotor tipo escalera y Carlos Enrique Canchilla Bravo, conductor del automotor tipo camión actuaron culposamente, el primero, al permitir que el pasajero viajara en condiciones que colocaban en peligro su integridad física y el segundo por haber actuado con impericia, adicionalmente la víctima también se expuso imprudentemente al daño, al subirse al vehículo en las condiciones anteriormente mencionadas. Debe establecerse, sin embargo, si la presunta conducta “omisiva” de la administración contribuyó también a la producción del accidente, de modo que aquélla pueda ser considerada concausa eficiente de éste y, dada la existencia de deberes a su cargo relativos al control y vigilancia del servicio de transporte, si el daño sufrido por la víctima le resulta imputable. En cuanto al tema de la causalidad adecuada el H. Consejo de Estado ha señalado que: “El elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como  la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso,  con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías:  la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce.  De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito”. Ahora bien, dadas las condiciones particulares que rodearon el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor Gómez Gómez, dable es concluir que el resultado dañoso por el que ahora se demanda obedeció al actuar imprudente de quienes resultaron involucrados en él, y especialmente del actor que de manera consciente se expuso al mismo, conducta que enerva cualquier posibilidad de que la causa eficiente en la producción del daño hubiere sido la supuesta falta de control y vigilancia por parte del Municipio demandado como autoridad de tránsito, circunstancia que por demás se encuentra desvirtuada con los documentos que obra a folios 783 a 794 del cuaderno de pruebas número 3, que dan cuenta de los infractores de tránsito en el Municipio de Patía y las órdenes de comparendo que obran sobre ellos en el año 2003. Adicionalmente, debe señalarse que, además de que no obra prueba en el expediente que permita determinar que el Ente Territorial demandado haya contribuido a la causación efectiva del daño, dada la relatividad de la obligación a su cargo, así como el cumplimiento de la misma en los términos en que ha sido establecida y de acuerdo con los estándares racionalmente exigibles, se impone concluir que no se encontraba en posibilidad absoluta de interrumpir, en el caso concreto, el proceso causal que se inició con la conducta indebida de quienes resultaron involucrados.  Concluye en consecuencia  que el accidente en el que resultó lesionado el señor Félix Gómez Gómez, del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se reclama, tuvo por causa la conducta imprudente de la víctima y el comportamiento negligente de quienes resultaron involucrados, incluso de aquel, y, por lo tanto, el hecho dañoso no resulta imputable a la Entidad demandada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

 

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CONCILIACION EN MATERIA TRIBUTARIA

 

 

Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia  21/09/2010

Expediente:  20080018200

 

 

 

Se discute en este caso la legalidad del  Acta No 004 de 14 de agosto de 2007 por la cual el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Administración Local de Impuestos de Popayán, rechazó la solicitud de conciliación por considerarla improcedente.  En criterio de la Sala la entidad demandada tiene razón en cuanto a exponer que se tipifica la causal d  del artículo 8 del decreto reglamentario 344 del 2007, que hace improcedente la conciliación, dado que al haberse rechazado por caducidad la acción, el acto de liquidación oficial ha quedado en firme, lo que implica en consecuencia que la entidad deberá pagar en su totalidad el acto de liquidación, sin que sea dable entonces aplicarle la conciliación tributaria.

 

 

EXTRACTO:  Se ha demostrado, por así decirse en los actos cuestionados que en contra de la entidad COOPACKING Colombiana, la Dian realizó la liquidación del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año 2001, decisión contra la cual se ha interpuesto el recurso de reconsideración y al quedar decidido se ha presentado una demanda inicial de nulidad en contra de los referidos actos administrativos,  la cual fue rechazada por el tribunal dado que había operado la caducidad de la acción, y sobre esta determinación la entidad ahora actora presentó recurso de apelación ante el Consejo de Estado.  Por haberse presentado la demanda, la entidad actora  ha realizado una solicitud de conciliación, ante la DIAN con el objeto de obtener los beneficios de la ley 1111 del 2006, por lo que procedió a corregir la declaración de renta, aceptando el mayor valor del impuesto a su cargo y la sanción respectiva. Sometida así la propuesta, el comité de conciliaciones  de la Dian de  Popayán declaró la improcedencia de la solicitud de conciliación porque la entidad convocante no acreditaba los requisitos legales, en especial los previstos en los literales a y d del decreto 344 del 2007, que estableció que la conciliación es procedente cuando se adelantara un proceso contencioso administrativo,   sin que se hubiera proferido sentencia definitiva o que el acto administrativo estuviere en firme, por lo que al estar en desacuerdo con la anterior manifestación, presentó los recursos de reposición y de apelación ante la entidad demandada,  recursos que le fueron resueltos de  modo adverso a sus intereses. Comprende entonces la Sala que el punto central de la controversia radica en analizar si la respuesta ofertada por la demandada para no aceptar la conciliación propuesta está de acuerdo con la ley, o en su defecto, es válida la interpretación que realiza la entidad demandante. La ley que estableció la conciliación en materia tributaria, en concreto el artículo 54 de la ley 1111 de l 2006 (…)  El decreto reglamentario 344 del 2007, dijo sobre el particular en el  artículo 8 que se refiere a la improcedencia de la conciliación, lo siguiente:   “Artículo 8°. Improcedencia de la conciliación y terminación por mutuo acuerdo. La conciliación contenciosa-administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de determinación de impuestos y/o de imposición de sanciones, no será procedente en cualquiera de los siguientes casos: a) En los procesos en los que se haya proferido sentencia definitiva o cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado; b) En los procesos originados en liquidaciones tributarias de aforo; c) En los procesos que se encuentren en trámite del recurso extraordinario de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado; d) Cuando habiéndose agotado la vía gubernativa por fallo del recurso de reconsideración, o por no haberse interpuesto el recurso oportunamente, opere la caducidad del término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”. El sentido de la ley y su decreto reglamentario consistía en que temporalmente el contribuyente podía obtener algunos beneficios si pagaba los valores adeudados dentro del preciso plazo dado en la ley. Pero a la vez, estipuló unas causales de improcedencia  de la conciliación, una de las cuales encontró configurada el Comité de Defensa judicial y Conciliación de la DIAN, concretamente la causal que se refiere al numeral d del decreto reglamentario, en cuanto que la entidad actora presentó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la liquidación oficial correspondiente a la declaración del impuesto a la renta del año 2001, y sobre la cual no hay proceso alguno, toda vez que el Tribunal rechazó la acción por caducidad de la acción, situación que fue apelada y resuelta por el Consejo de Estado, donde se confirmó la decisión de este Tribunal de rechazar la demanda por vencimiento del plazo legal para su presentación. En efecto, el Tribunal conoció una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada por la entidad copacking Colombia, radicado con el No. 200601071-00, donde se rechazó la demanda por caducidad de la acción,  con auto del  16 de marzo del 2007, el que fue apelado y confirmado por el Consejo de Estado en auto de del 28 de febrero del 2008, tal como se puede verificar en el sistema siglo XXI, software mediante el cual se lleva el registro de los procesos que se adelantan en los despachos judiciales. Así las cosas es fuerza concluir que la entidad demandada tiene razón en cuanto a exponer que se tipifica la causal d  del artículo 8 del decreto reglamentario, que hace improcedente la conciliación, dado que al haberse rechazado por caducidad la acción, el acto de liquidación oficial ha quedado en firme, lo que implica en consecuencia que la entidad deberá pagar en su totalidad el acto de liquidación, sin que sea dable entonces aplicarle la conciliación tributaria. No son de recibo en consecuencia, para el tribunal las razones expuestas en la demanda, en el sentido que la conciliación solicitada es procedente, porque se ha presentado una acción que no está sujeta a términos de caducidad, situación que riñe absolutamente con la realidad, toda vez que el propio Tribunal la rechazó porque estimó que había operado la caducidad de la acción, todo lo cual implica que la acción ejercitada por la parte no era otra que la de nulidad resarcitoria y no la de simple nulidad como ahora se ha dicho para tratar de sortear, sin éxito alguno, la causal de improcedencia prevista en el decreto reglamentario. Menos atendible aún el argumento de la demanda que trata de situar el caso propuesto en el literal a del artículo 8 del decreto reglamentario, en el sentido que no se ha dictado sentencia de fondo, puesto que en estricto sentido en este caso concreto al darse la caducidad de la acción no existió proceso, no se ha podido trabar la relación jurídico procesal y por lo tanto, el caso cae en la causal de improcedencia expuesta por la administración.

 

 

 

 

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INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCION/ el manejo de las acciones no depende del libre albedrio  del actor, sino ante todo de la situación fáctica y jurídica que se ha presentado.

 

 

Magistrado Ponente: Doctor CARLOS H. JARAMILLO DELGADO

Sentencia  21/09/2010

Expediente:  2004063000

 

Pretende la demandante la anulación de los actos administrativos contenidos en los oficios de fechas septiembre de 2003, por la cual la Gobernación del Cauca  se limitó a manifestar que no podía darle los mismos efectos a una tutela fallada a favor de una participante en el concurso que a la peticionaria, que no ha demandado; lo mismo que la anulación de la respuesta a un recurso que presentó  frente a esta determinación, de fecha Noviembre 6 del 2003, con el consecuente restablecimiento del derecho que consistía en el nombramiento del cargo al que concurso y ganó con el pago de las diferencias salariales a que haya lugar con el cargo que ocupa la actora. Observa la Sala, que la parte demandada,  si bien hizo la convocatoria y realizó el concurso tal como estaba en la convocatoria No. 085, durante el año de 1999, no conformó la lista de elegibles,  porque ha entendido que de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional y una instrucción o circular enviada por el Departamento Administrativo de la Función Pública,  que el concurso se encontraba suspendido si el mismo no había llegado a la conformación de la lista de elegibles hasta el 12 de julio de l999. Para la Sala, en el caso así planteado  existe una indebida escogencia de la acción, tal como pasa a explicarse.  En este sentido, es preciso señalar la diferencia entre la acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho, para determinar si la acción escogida por la demandante era la debida. El Consejo de Estado se ha pronunciado acerca de la diferencia entre estas dos acciones:  “El C.C.A. enseña: en cuanto a la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho que “toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la  nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente” (art. 85);  en cuanto a la acción de reparación directa que “la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública” (art. 86). De lo anterior se deduce, claramente, que para una y otra acción  las causas que originan su ejercicio son distintas. En efecto: La conducta administrativa, como causa, que origina la acción nulidad y restablecimiento es un acto administrativo en firme, que se considera ilegal; se persigue con esta acción no sólo la nulidad de ese acto sino también el restablecimiento, y/o la indemnización y/o la devolución de lo indebidamente pagado Para la acción de reparación directa varias son las causas que permiten su ejercicio, como son: causa un hecho, una omisión, una operación administrativa ilegal, la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa por parte de la Administración, que ocasiona un daño; y las conductas materiales provenientes de los particulares que le causan daños a la Administración; se persigue con dicha acción a más de la declaratoria de responsabilidad extracontractual la la reparación del perjuicio.” (Negrillas originales) Ha reiterado el Consejo de Estado, que la acción mediante la cual se debe demandar no depende del capricho del demandante sino que se debe tener en cuenta la fuente del daño. “El C. C. A. enseña claramente que a cada conducta administrativa procede una vía propia de acción, pues ésta no es de escogencia alternativa de quienes reclaman judicialmente (art. 85 y 86 C. C. A); que mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa (art. 86) y que mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo, se le restablezca en su derecho y se le repare el daño; también se tendrá esta acción para que se modifique una obligación fiscal o de otra clase, o se produzca la devolución de lo pagado indebidamente (art. 85).” (Subrayado fuera de texto)

 

Igualmente, ha manifestado que cuando la fuente del daño, es un acto administrativo la acción que se debe seguir es la de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Como se observa, tanto en la acción de reparación directa, como en la de nulidad y restablecimiento del derecho, se pretende que se repare el daño que se ha causado al demandante, pero cuando la causa del daño es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente a causa de trabajos públicos, el derecho deberá reclamarse a través de la acción de reparación directa; si el daño se deriva de un acto administrativo, la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho. (Subrayado y negrillas  fuera de texto). En el caso concreto, las pretensiones del demandante se encaminan a obtener la nulidad de un acto administrativo que surgió como respuesta dada a la petición de la actora, donde pedía que se de aplicación a un fallo de tutela propuesto por una persona que participó en el concurso y ganó, por lo que pedía la conformación de la lista de elegibles y que se proceda a su designación con el pago de las diferencias salariales.  La Sala advierte muy claramente que la actora ha pasado por alto demandar la omisión en que incurrió la administración, cuando en el  concurso convocado y realizado por la Gobernación del Cauca, no se conformó la lista de elegibles en el año de l999, por lo que ha debido demandarse  la OMISION en que supuestamente incurrió la administración dentro del plazo legal que da la ley de los dos años, en acción de reparación directa,  plazo que ha debido contarse a partir de la circular emitida por el Departamento de la Función Pública,  y no como en el presente caso, hacer una petición el 9 de junio del 2003, donde se solicitaba a la administración que extienda los efectos de un fallo de tutela a la situación de la actora, petición que fue negada y frente a esta decisión volver a reabrir el debate que ha debido realizarse en tiempo oportuno. Para la Sala no existe duda alguna que la demanda así propuesta lo que ha buscado es revivir unos términos judiciales que de otra manera estaban caducados, puesto que como se insiste, el manejo de las acciones no depende del libre albedrio  del actor, sino ante todo de la situación fáctica y jurídica que se ha presentado. Si la omisión en que incurrió el Departamento del Cauca se produjo en el  segundo semestre de l999, esto es no conformar la lista de elegibles por así disponerlo una circular del Departamento de la Función Pública, a partir de allí han debido contabilizarse los plazos para demandar la omisión en que incurrió la administración, situación que no puede purgarse presentado una petición para forzar a la administración a un pronunciamiento expreso, tal como es la situación planteada. Obsérvese que la actora relaciona en el hecho 3.9 que si ben se conocía el pronunciamiento de la Corte Constitucional  y la instrucción recibida sobre los efectos de los concursos en trámite, se afirma que el Departamento no ha informado nada al respecto, lo que implica un reconocimiento de la omisión en que incurrió la demandada  y al propio tiempo el conocimiento que tenía la actora sobre el motivo de no publicar la lista de elegibles. Así las cosas, estima la Sala que  se ha presentado una indebida escogencia de la acción, puesto que ha debido demandarse la omisión de no hacer la lista de elegibles, dentro de los dos años siguientes  al vencimiento del plazo del deber omitido, o en su defecto a  partir del momento en que se supo el contenido de la circular emitida por el Departamento de la Función Pública,  y no como erradamente lo ha presentado la actora como de nulidad y restablecimiento del derecho, pasados cerca de 3 años y medio, desde cuando se produjo la omisión y la fecha de presentación de la demanda el 12 de marzo del 2004.   En este sentido, concluye la Sala, que al no ser la acción de nulidad y restablecimiento del derecho  la correcta de conformidad con las consideraciones de esta providencia, se declarará oficiosamente, la excepción de fondo de indebida escogencia de la acción  y en consecuencia se declarará inhibida la Sala  para fallar en el fondo del asunto propuesto.

 

 

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DE LA HOMOLACION Y NIVELACION SALARIAL /el trabajador no puede ser trasladado a un cargo de menor jerarquía pues esto conlleva la violación de sus derechos adquiridos en materia laboral

 

 

 

 

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Magistrado Ponente: Doctora HILDA CALVACHE ROJAS

Sentencia 30/09/2010

Expediente:  20080021000

 

 

 

 

Se discute la legalidad de los actos administrativos proferidos por el Departamento del Cauca, por los cuales la actora es homologada y nivelada al cargo de SECRETARIA EJECUTIVA 425 08, sin tener en cuenta que fue incorporada en propiedad a la Planta Global de Cargos de la Administración Departamental mediante decreto número 08901 – 12 – 2004 como TECNICO 401 12A.  La Sala tiene certeza que la homologación del cargo de TÉCNICO 401 12A  al cargo de SECRETARIO EJECUTIVO 425 08, constituye un detrimento en las condiciones de trabajo de la demandante, toda vez que queda probado que el primer cargo en mención corresponde a una jerarquía mayor a la que fue asignada la accionante, violándose los parámetros formales y materiales expuestos por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en desarrollo de la presente materia.

 

 

 

EXTRACTO:  “Conforme a las anteriores precisiones jurisprudenciales, para esta Sala es claro que la homologación es un proceso que busca armonizar la descentralización educativa con el traslado de los funcionarios a cargo de la Nación que, en virtud de la Ley 60 de 1993 y 115 de 1994, serán responsabilidad de las entidades territoriales; bajo el precepto anterior, es importante resaltar que la norma al otorgar competencia a los Departamentos para fijar las plantas de personal administrativo, no entregó competencia para, arbitrariamente, modificar las condiciones de trabajo de los funcionarios descentralizados, toda vez que, permitir tal situación configuraría una violación de derechos fundamentales de aquellos funcionarios homologados, situación que es inaceptable en una norma de rango legal, entendiendo que toda normatividad en el país deberá expedirse e interpretarse a la luz de los principios fundamentales y mandatos constitucionales. Como bien lo ha dicho el Consejo de Estado y en desarrollo del principio de la prevalencia de la realidad, aplicable en materia laboral; la homologación de cargos no es el simple computo de cargos, siendo así necesario un análisis material en las funciones del cargo inicial al cargo que se homologará, toda vez que dicho proceso no puede traducirse en desmejora de las condiciones de trabajo del empleado descentralizado, es decir, una desmejora en su categoría y en su remuneración, pues, no podrá hacerse mas gravosa la situación de los empleados so pena de resultar condenadas las entidades por violación de derechos adquiridos por los empleados de naturaleza laboral, y, por ende, constitucional. Así las cosas, para el asunto sub-lite es indispensable determinar si la homologación del cargo inicial al actual cargo configura una violación de derechos perjudicial a la señora MARÍA DEL SOCORRO OLAVE PÉREZ, situación por la cual esta Sala determinará si el cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO y SECRETARIO EJECUTIVO representan una homologación equitativa o si por el contrario se traduce en un detrimento en las condiciones de trabajo; aclarando que en la homologación no podrá hablarse de una  violación a derechos laborales adquiridos cuando dicho proceso implique que el funcionario resultase incluido en un cargo de rango mayor, situación que deberá ser asumida por la respectiva entidad territorial pero no a titulo de condena sino como una responsabilidad voluntariamente aceptada. Los cargos de TÉCNICO 401 12A y SECRETARIO EJECUTIVO 425 08. Para desarrollar este aspecto es necesario remitirse a la normatividad de orden departamental para determinar si los cargos en pugna tienen su equivalencia, en los términos del Consejo de Estado, desde el punto de vista formal y material. El Decreto No. 1363 – 18 – 12 – 98 suscrito por el Gobernador del Cauca, establece la naturaleza de las jerarquías en los cargos de la planta de dicha entidad (fls. 19 a 23 C. Pruebas), el decreto de la referencia establece: “(…) ARTÍCULO QUINTO: De la Clasificación de los Empleos.- De conformidad con la naturaleza general de las funciones, responsabilidades y requerimientos exigidos para su desempeño, los empleos de la administración central de la Gobernación del Departamento del Cauca, se clasifican en los niveles cuya naturaleza se define a continuación: NIVEL DIRECTIVO: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. NIVEL EJECUTIVO: Comprende los empleos cuyas funciones consisten en la dirección, coordinación, supervisión y control de las unidades o áreas internas encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades. NIVEL PROFESIONAL: Agrupa aquellos empleos a los cuales corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la Ley. NIVEL TÉCNICO: En este nivel están comprendidos los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo y aplicación de tecnologías. NIVEL ADMINISTRATIVO: comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas propias de los niveles superiores. NIVEL OPERATIVO: El nivel operativo comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuelas o tareas de simple ejecución.  (…)” De igual manera, en el mismo decreto se establece que el cargo de técnico tendrá código 401, situación que si se observa a la luz del Decreto No. 890 – 12 – 2004, corresponde al mismo código con el cual se referencia el cargo otorgado en propiedad  la demandante, es decir, el de TÉCNICO código 401, grado 12A (fl. 138 C. Pruebas).  Sumado a lo anterior, el Decreto 0018 – 2001 – 99 establece una escala salarial mayor para el cargo de técnico en grado 12, sobre el administrativo grado 08 (fl. 26 y 27 C. Pruebas). Así mismo ocurre con el Decreto 0571 – 05 – 2002   y el Decreto 0049 – 12 – 2004 Entre las pruebas es necesario detenerse en el Decreto No. 0248 – 05 – 2006, en el cual aparece específicamente la denominación de SECRETARIO EJECUTIVO; de tal forma que al observar detenidamente la mencionada norma puede concluirse que el cargo de SECRETARIO EJECUTIVO tiene una asignación salarial MENOR a la asignación salarial del cargo de TÉCNICO del menor rango (fl. 39 c. Pruebas). Adicional a lo anterior, en el decreto de la referencia, puede observarse que el cargo de SECRETARIO EJECUTIVO se encuentra en un nivel inferior respecto del técnico, pues, se relaciona dentro de los empleos de orden ASISTENCIAL, tal y como el documento lo muestra. Por otra parte la Resolución No. Resolución No. 0456 – 04 – 2005, ratifica que la demandante se encuentra ocupando el cargo de TÉCNICO 401 12A. Finalmente en Decreto 0005 – 01 – 2008, por medio del cual se hace la homologación de cargos y la respectiva nivelación salarial ordenadas por las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 se establece que el único cargo del nivel TÉCNICO ADMINISTRATIVO es el 367 grado 06, y, que el único cargo de nivel SECRETARIO EJECUTIVO es el 425 grado 08, cargo que se le asignó a la demandante en virtud del proceso de homologación. Entre otras cosas, resulta indispensable resaltar que el decreto homologatorio establece una asignación salarial inferior para el cargo de SECRETARIO EJECUTIVO, respecto de aquél de nivel TÉCNICO ADMINISTRATIVO. Con las anotaciones y precisiones anteriores, debe esta Sala manifestar que el nivel técnico corresponde a un nivel superior al de secretario ejecutivo, toda vez que del estudio del recorrido en la escala salarial, se le asigna al primero mayor jerarquía y por ende, mayor remuneración. Ahora, respecto del decreto de homologación debe manifestarse que efectivamente hay una modificación en las condiciones laborales de la demandante, pues, como se manifestó sobre la homologación, no puede un trabajador ser trasladado a un cargo de menor jerarquía pues esto conlleva a una violación de sus derechos adquiridos en materia laboral, y, queda claro que el cargo de técnico tiene mayor jerarquía que el de secretario ejecutivo, pues este segundo pertenece al nivel administrativo o asistencial; así, aplicando el factor formal, el grado técnico es de mayor jerarquía por su denominación, además porque siempre ha tenido mayor remuneración que los cargos de nivel asistencial, y, porque de la denominación de la naturaleza de los cargos puede deducirse que los cargos de nivel técnico comprenden funciones de mayor responsabilidad, por lo que queda probado el factor material de la homologación. Por las anteriores precisiones, esta Sala tiene certeza que la homologación del cargo de TÉCNICO 401 12A  al cargo de SECRETARIO EJECUTIVO 425 08, constituye un detrimento en las condiciones de trabajo de la demandada, toda vez que queda probado que el primer cargo en mención corresponde a una jerarquía mayor a la que fue asignada la accionante, violándose los parámetros formales y materiales expuestos por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en desarrollo de la presente materia. La situación actual de la señora MARÍA DEL SOCORRO OLAVE PÉREZ. Por Resolución No. 0456 – 04 – 2005, se crea la COORDINACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL CAUCA, asignando las funciones del cargo a la señora MARÍA DEL SOCORRO OLAVE PÉREZ. Sin embargo, en la Resolución de la referencia se habla de la asignación de funciones como coordinadora pero no se establece una variación en la asignación salarial. Finalmente, para el año 2008 el Decreto No. 0109 – 02 – 2008 la señora MARÍA DEL SOCORRO OLAVE PÉREZ, es encargada en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 3, tal encargo se hace por vacancia del cargo en virtud de la renuncia de la señora CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ COLLAZOS, titular del cargo. En el encargo en mención, de manera expresa, se hace el respectivo reajuste salarial, es decir, el ajuste salarial de SECRETARIO EJECUTIVO 425 08 a PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 03. A folio 9 del Cuaderno de Pruebas se tiene que la señora MARÍA DEL SOCORRO OLAVE PÉREZ, al 5 de agosto de 2009 se encuentra ocupando el cargo de PROFEIONAL UNIVERSITARIO, sin embargo como no se observa prueba que determine la variación de la situación laboral de la demandante al momento de la presente providencia, se entenderá que a la fecha actual se encuentra ocupando el cargo en mención el cual, sin lugar a dudas, es de mayor jerarquía que el SECRETARIO EJECUTIVO e incluso que el de TÉCNICO ADMINISTRATIVO. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE REPETICION

 

 

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Magistrado Ponente: Doctor NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Sentencia  30/09/2010

Expediente:  20030107700

 

 

DE LA ACCIÓN DE REPETICION /NORMATIVIDAD

 

El artículo 90 de la Constitución Política consagra en su inciso primero una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado frente a sus víctimas, y en el inciso segundo estipula la responsabilidad personal y patrimonial de los agentes estatales, la cual se estructura a título de dolo o culpa grave, cuando por su actuar el Estado es condenado a la reparación de daños, por lo que recae en éste la obligación de repetir contra aquellos. El mencionado artículo dice: “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” (Subrayado no original). En desarrollo de este segundo inciso se expidió la Ley 678 de 2001, por la cual se reglamentó la determinación de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. No obstante, antes de esta ley, la acción de repetición era regulada por los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, en los que se consagró la posibilidad de que la entidad que resultare condenada pudiera repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubiera ocasionado la condena. Dicen los mencionados artículos: “Artículo 77. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.” (Subrayado no original). “Artículo 78.- Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” (Subrayado declarado exequible en sentencia C 430 de 2000 por la Corte Constitucional). De acuerdo con lo establecido en estos artículos, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los siguientes presupuestos y requisitos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a un particular; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria y c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Como se dijo, la ley 678 de 2001 regula la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado bajo dos mecanismos judiciales: la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición. En su artículo 2 define la acción de repetición como: “una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público o el particular investido de funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de repetición.” Además, determina su finalidad, la obligatoriedad de las entidades del estado en promoverla, sus aspectos procesales, el llamamiento en garantía y las medidas cautelares procedentes. Incluye también las definiciones de dolo y culpa grave y sus presunciones. Ahora bien, en tanto que dicha Ley rige a partir del 4 de agosto de 2001, se plantea un conflicto con los hechos ocurridos antes de su vigencia, a los cuales les sería aplicable el marco normativo que reguló la acción antes de la ley 678 de 2001. Sobre esto el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: “De acuerdo con la norma anterior [artículo 29 de la Constitución] cabe efectuar las siguientes precisiones: Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado. En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme a las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño. De otra parte, en cuanto a los aspectos procesales, es claro, que por tratarse de normas de orden público rigen hacía el futuro y con efecto general e inmediato, en aplicación de lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir.  Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las situaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. “Colígese de lo anterior que la Ley 678 de 2001, se aplica en lo sustancial, excepto en lo que resulte más favorable al enjuiciado, para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha de su entrada en vigencia, pues los ocurridos con antelación a dicha fecha y, por ende, el estudio de responsabilidad del agente público se deben analizar conforme a la normativa anterior; y en lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es obligado concluir que se aplica para los juicios de repetición en curso y pendientes a dicha fecha, incoados a la luz de la Ley 446 de 1998.”. Entonces, si los hechos que dan lugar a la acción de repetición son posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, son aplicables sus definiciones y presunciones de dolo y culpa grave; mas si los hechos son anteriores a la Ley 678, en lo referente a dolo y culpa grave, se aplica la normatividad vigente al momento de la comisión de la conducta. En esta última situación se aplican las reglas del Código Civil, artículos 63 y 2341, las cuales en su momento fueron armonizadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado con las disposiciones del artículo 6 y 91 de la Constitución. Así lo reseña la Alta Corporación: “En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación, con antelación a la expedición de la Ley 678 de 2001, para determinar si las conductas de los agentes públicos se subsumían en culpa grave o dolo, únicas modalidades que comprometen su responsabilidad personal y patrimonial frente al Estado en materia de repetición y llamamiento en garantía, utilizó las nociones previstas en la norma civil anterior y asimiló la conducta del agente al modelo del buen servidor público. Posteriormente, agregó, que estas previsiones debían ser armonizadas con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política, que se refiere a la responsabilidad de los servidores públicos por infringir la Constitución y las leyes y por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones; con el artículo 91 ibídem, según el cual no se exime de responsabilidad al agente que ejecuta un mandato superior, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona; y con la particular asignación de funciones señaladas en el reglamento o manual de funciones.”. En los aspectos procesales, dado su carácter de orden público, la Ley 678 de 2001 aplica para los procesos que estuvieran pendientes o en curso al momento de su vigencia, sin perjuicio de la ultractividad de las normas anteriores sobre actos procesales iniciados antes de la vigencia de la mencionada ley.  (…) Teniendo en consideración que  los hechos que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si el pago realizado por Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo Sala de Descongestión con Sede en Cali del 20 de abril de 200,1 dentro del proceso adelantado por la señora Socorro Ortega Realpe, es imputable por dolo o culpa grave al señor Franklin Galvis Riascos, son las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del funcionario público, esto es, los artículos 77, 78 y 86 del Decreto 01 de 1984.

 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE REPETICION/SUPUESTOS

 

 

Revisado el expediente, la Sala advierte que la parte actora no acreditó el pago de la condena judicial impuesta; se limitó a aportar copia al carbón de la Resolución  N° 000084 del 9 de abril de 2002, por la cual el Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional ordenó el reconocimiento y pago de la condena impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo Sala de Descongestión con Sede en Cali del 20 de abril de 2001 dentro del proceso de reparación directa en donde figuran como partes demandante y demandada la señora Socorro Ortega Realpe y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la suma de $268´622.336,91. Así mismo, afirmó que la obligación se cumplió con el pago a través del comprobante de egresos N° 6597 expedido por la Dirección Administrativa y Financiera, no obstante el citado documento no fue aportado ni solicitado como prueba dentro del proceso, situación que igualmente fue resaltada por parte del Ministerio Público. En efecto, la Entidad debió acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, consignación, transferencia y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. Es claro que si el Estado ha sufrido un detrimento patrimonial, al haber tenido que responder por daños antijurídicos imputables a un agente suyo que los hubiere causado con su conducta dolosa o gravemente culposa, debe repetir pretendiendo obtener de éste la reparación del daño padecido. Puesto que en la acción de repetición la Administración obra en calidad de parte demandante, le incumbe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue y, en consecuencia, al ejercer dicha acción, si en verdad existe, como siempre debe existir, el interés de que se despachen favorablemente sus pretensiones, tiene la carga de acreditar oportuna y debidamente: i) Que surgió para el Estado la obligación de reparar un daño antijurídico, bien sea por condena judicial, por conciliación o por otra forma de terminación de un conflicto; ii) Que el Estado pagó totalmente dicha obligación, lo que, desde luego, le causó un detrimento patrimonial. El pago "es la prestación de lo que se debe", según dispone el artículo 1.626 del Código Civil. Por su parte, el artículo 1.757 del mismo cuerpo normativo, al regular la carga de la prueba del pago establece que "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.” La importancia del pago, tratándose de la acción de repetición, ha sido puesta de presente por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: “En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho repetir cuando no se ha pagado. Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.La propia Constitución señala el procedimiento que debe seguirse para presupuestar gastos. El artículo 346 superior, señala que no podrá incluirse partida en la ley de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender al funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el articulo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del ministerio público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto. Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y de vengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo afirmó que "[a] menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago - evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria.” El procedimiento para el pago de las sumas adeudadas es el siguiente: Una vez notificada la sentencia a la entidad condenada, ésta, dentro del término de treinta (30) días, procederá a expedir una resolución mediante la cual se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma; igualmente, deberá enviar copia de la providencia a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la realización del pago. Junto con la sentencia deberá indicarse el nombre, identificación y tarjeta profesional de los representantes de la parte demandada, así como la constancia de notificación. (Decreto 768/93) Quien fuere beneficiario de la condena, también podrá efectuar la solicitud de pago ante la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda. En concordancia con lo anterior, constituirá causal de mala conducta y dará lugar a sanciones disciplinarias, cualquier actuación negligente del servidor público que ocasione perjuicios económicos al Estado, en especial el pago de intereses. De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.”[3] (Destaca la Sala). iii) La magnitud del detrimento patrimonial que se reclama del demandado y su fundamento, puesto que no en todos los casos coincide con el valor anterior; iv) Que el demandado, a quien debe identificar de manera precisa, es o fue agente del Estado, acreditando la calidad o cargo que tuvo; v) Que el demandado actuó con dolo o con culpa grave; vi) Que el daño antijurídico -referido en el primer numeral-, fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado. En reciente jurisprudencia, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado reiteró los anteriores aspectos y en lo que toca con la demostración del pago señaló:  Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los tres primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante, el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad y la calidad de los demandados tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados. En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para estudiar de fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido demandados, de manera que la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en relación con la cual se habría de concluir que carece de fundamento y, por tanto, en tales casos se deberán negar las súplicas de la demanda.”  (Se destaca) De lo anterior se concluye que aunque se encuentra acreditado que existió una condena judicial, no se acreditó el pago efectivo de la suma total correspondiente a la cual fue condenada la entidad que ahora comparece como demandante, toda vez que para el efecto resulta absolutamente indispensable carta de pago, recibo, declaración proveniente del acreedor o cualquier otro medio de prueba que lleve al juez la convicción de que el deudor efectuó el pago debido al acreedor. De otra parte, conviene mencionar que la resolución que ordena el pago, así como el diligenciamiento de la nómina adicional, si bien son importantes para acreditar los pasos seguidos por la Administración con miras a cumplir con la condena que le fue impuesta, no constituye, en modo alguno, prueba de la realización del pago efectivo de la totalidad de la suma de dinero adeudada.

 

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JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DE INTERES

 

Unificación de Jurisprudencia respecto de la competencia del Consejo de Estado en única instancia de las controversias por sanciones disciplinarias de retiro del servicio en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho

 

En auto de 12 de marzo de 2010, siguiendo la línea jurisprudencial expresada por el H. Consejo de Estado en auto de 12 de octubre de 2006, se fijaron las siguientes conclusiones:

 

“(…) De las anteriores reglas observa el despacho lo siguiente: 1. El legislador atribuye un marco general de competencia para los Juzgados Administrativos asignándoles el conocimiento de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía, abarcando las controversias originadas en una relación laboral legal y reglamentaria. 2. Pero al mismo tiempo, el legislador extrae de ese marco general los procesos de nulidad y restablecimiento sin cuantía en los que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, y le asigna esta competencia a los Tribunales Administrativos. 3. Al hacer esta distinción, la jurisprudencia de la Sección ha entendido, que no son competentes los Jueces Administrativos para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carecen de cuantía en los que se controvierten sanciones disciplinarias administrativas que originen retiro temporal o definitivo del servicio, porque “Resulta en consecuencia, contrario a la lógica jurídica el hecho de que mientras el conocimiento de una sanción disciplinaria administrativa, como la amonestación escrita que responde a una falta leve culposa, corresponde privativamente y en única instancia a los Tribunales Administrativos, la destitución que se impone como consecuencia de una falta gravísima dolosa, esté radicada en los jueces administrativos.” 4. Frente a este silencio del legislador, se asume que hay una omisión legislativa pues no se precisa quién es el juez competente para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio. 5. Ante este vacío, el Juez Contencioso está obligado a suplir el silencio de la ley, y es por este motivo que se acude al numeral 13 del artículo 128 del C.C.A. que consagra la competencia residual del Consejo de Estado.”. Para la Sala, en sana lógica jurídica no resulta procedente que, mientras que la competencia para conocer de sanciones disciplinarias que no originan retiro temporal o definitivo del servicio, como lo es, una amonestación escrita, corresponde privativamente en única instancia a los Tribunales Administrativos, la competencia para conocer de la sanción de destitución, que es la más grave, se radique en los juzgados administrativos. Ahora bien, la línea de interpretación que antecede, ha suscitado decisiones judiciales contradictorias al interior de los juzgados y tribunales del país, correspondiendo a esta Sala, unificar los distintos criterios interpretativos en materia de la aplicación de las reglas de competencia respecto de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en las que se controvierta la legalidad de actos administrativos que imponen sanción disciplinaria de destitución. Se concluye, conforme a las consideraciones que preceden y en aplicación de la previsión consagrada en el num. 13 del art. 128 del C.C.A., modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, que la competencia para conocer de las controversias como la presente, en las que se impugnan sanciones disciplinarias que originan el retiro del servicio, corresponde privativamente y en única instancia al Consejo de Estado, tengan o no cuantía.”

 

b) Salvamento de voto del Doctor Luís Rafael Vergara Quintero

 

 

Las controversias por sanciones disciplinarias de retiro del servicio con cuantía al ser de competencia del Consejo de Estado en única instancia se vulneraría el principio de la doble instancia y se limitaría el acceso a la administración de justicia

 

“Al arrogarse el Consejo de Estado el conocimiento de todos los asuntos que tienen que ver con sanciones de carácter disciplinario desconoce el principio fundamental a la doble instancia a que tiene derecho toda persona que se crea lesionada con un acto administrativo que impone una sanción; en otras palabras, el proceso en única instancia de esta Corporación coarta la posibilidad de un recurso ordinario o de una segunda revisión por parte de otra autoridad judicial, lo que constituye un retroceso en materia de garantías procesales y sin explicación jurídica que lo justifique. Las normas del procedimiento contencioso administrativo no admite entendimientos como el que se expone en el proveído del que me aparto, por cuanto en una sana interpretación -sensu contrario- los procesos que tienen cuantía son de conocimiento de los jueces o los tribunales en primer grado de acuerdo al valor de las pretensiones al tiempo de la demanda; entonces, es claro que los procesos en los que se debaten correctivos disciplinarios (multas, suspensiones en el ejercicio del cargo o destituciones) tienen cuantía bien por el valor de la multa impuesta, bien por el valor de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, inclusive por el daño moral que se pueda irrogar con la medida impuesta. En conclusión, radicar la competencia en el Consejo de Estado para conocer de esta clase de procesos en única instancia, se repite, vulnera el principio de la doble instancia y limita el acceso a la administración de justicia de los afectados con el respectivo acto, al imponerles la carga, a quienes no tienen su domicilio en esta ciudad, de trasladarse desde su sitio de residencia para iniciar las acciones respectivas, asumir los costos de viaje de su apoderado, o, en el mejor de los casos, contratar un profesional del derecho que resida en la capital, circunstancias que pasan por alto los principios de gratuidad, economía procesal y la inmediación de la prueba.”


 

 

NOTICIAS DESTACADAS

 

 

 

ANTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE POSESIONARON CUATRO NUEVOS CONSEJEROS DE ESTADO

 

Olga Valle de De La Hoz, Stella Conto Díaz Del Castillo, María Elizabeth García González y Hernán Andrade Rincón, cuatro de los seis Magistrados elegidos por la Sala Plena del Consejo de Estado en días pasados, se posesionaron ante el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

 

OLGA VALLE DE DE LA HOZ, Magistrada de la Sección Tercera

 

Es abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Gerencia Pública de la UDES. Fue Magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar, cargo que ocupó desde 1986. También se desempeñó como Juez Promiscuo de Menores, Juez Penal del Circuito y Juez Penal Municipal. Fue catedrática de Constitucional Colombiano en la Universidad Antonio Nariño.

 

HERNÁN ANDRADE RINCÓN, Magistrado de la Sección Tercera

 

Abogado de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Fue Magistrado del Tribunal Administrativo del Cauca, cargo que ocupó por varios años. Se desempeñó además como Juez Civil del Circuito, Abogado Auxiliar del Incora, Juez Civil Municipal, Profesor Universitario de la Oficina Jurídica de la Superintendencia Bancaria y Abogado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, Magistrada de la Sección Tercera

 

Abogada de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes, en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana y en Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como Magistrada Auxiliar de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional, Directora del Área de Derecho Civil y del Consultorio Jurídico de la Universidad

del Rosario, Juez Municipal y Juez del Circuito. Además, tiene una amplia experiencia docente.

                                                            

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Magistrada Sección Primera

 

Abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad. Fue Magistrada Auxiliar de la Sección Primera del Consejo de Estado, cargo que ocupó desde 1991. Anteriormente se desempeñó como Secretaria Académica del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, donde además fue catedrática de Práctica Forense.



[1] Corte Constitucional. Sentencia  C-431/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de mayo 18 de 1972. En el mismo sentido la sentencia de julio 4 de 1977.

 

[3] Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2.001.