Boletín 10/2012

 

 

 

 

OCTUBRE     

Publicación mensual

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Carrera 4 No. 2-18 Popayán

Secretaría: 8240151/Relatoría: 8240458

Fax: 8240397

e-mail: relatoriatribunalcauca@gmail.com

 

Magistrados

 

Doctor   CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO -Presidente -

Doctora CARMEN AMPARO PONCE DELGADO –Vicepresidente-

Doctor   NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Doctor   DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO

Doctora MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO – Magistrada por descongestión-

Doctor              PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE – Magistrado por descongestión-

 

Secretario: Doctor DARÍO ARMANDO SALAZAR MONTENEGRO    

 

Relator: Magíster CARLOS ALFREDO VALVERDE MOSQUERA

 

Presentación.

 

Resalta por su singularidad la decisión tomada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de septiembre 12 de 2012[1] referida a la circunstancia de que cuando un paro colectivo de trabajo tiene causas razonables –sumado a otros elementos como por ejemplo su realización pacífica - el juez debe declararlo legal.

 

En dicha sentencia afirmó además que decidir lo contrario conduciría a la desintegración de la organización sindical, lo que desconocería el Estado social de derecho y perjudicaría los derechos de asociación y libertad. Precisó también que el juzgador debe analizar todas las circunstancias para resolver el asunto, sin que deba limitarse simplemente a comparar los hechos probados en el proceso con la ley.

 

Especial significación guarda el contenido del mencionado fallo con el hecho del reciente paro de Asonal Judicial el cual fue adjetivado como justo por parte de varias autoridades públicas del orden nacional y local. Tratando de establecer hilos conductores entre dos circunstancias aparentemente distanciados, no hay lugar a equívocos respecto de que el derecho colombiano continúa su avance en el marco de un Estado constitucional, tomando como base realidades sociales insoslayables.

 

El profesor de la Universidad Autónoma de Occidente Óscar Duque Sandoval[2] manifiesta que “El Derecho es por naturaleza, analítico, reflexivo y crítico, tanto en su formulación, en su comprensión y, con mayor razón, en su aplicación. Por ello, el punto de vista filosófico resulta indispensable. A esto agréguese que el Derecho moderno es complejo y plural, que debe acompasarse al ritmo de una sociedad también compleja y plural y, al tiempo, caracterizada por una dinámica de análisis crítico que solo es posible cuando se está frente a una visión amplia del Derecho y sus problemáticas…como ya lo advirtió Dworkin, “la filosofía del Derecho es el prólogo silente de toda decisión judicial”. Con ello se quiere resaltar que la aplicación del Derecho no es ni ha sido un acto mecánico, una simple subsunción lógica de premisas para obtener una conclusión verdadera. Por el contrario, cada vez es más claro, y más allá de lo polémico que pueda resultar esta apreciación, que la aplicación del Derecho supone necesariamente un proceso de ajuste, de adecuación, de aproximación entre el texto normativo y los hechos concretos a los que se aplica”. 

 

Es por ello que la tendencia en la interpretación judicial debe proseguir en una línea de apertura hacia contextos reales específicos, caracterizados por la complejidad de sus componentes;  allí el fallador no puede quedarse subsumido en el texto lineal de la ley sino proponerse ampliar el margen de comprensión de una realidad en continua evolución.    

 

Queda  a disposición de Ustedes el Boletín número 010 de nuestra Corporación, el cual contiene treinta y cuatro providencias que ponemos a su disposición con el gusto de siempre. Esperamos les sea de utilidad.

 

Relatoría Tribunal Administrativo del Cauca

Octubre  de 2012

 


PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.                                                

 


ÍNDICE TEMÁTICO

 

ACCIONES CONSTITUCIONALES

 

1. ACCIÓN POPULAR / Ambiente sano/Manejo de los residuos y de las pilas usadas/ Reglamento técnico aplicable a pilas de zinc-carbón y alcalinas que se importen o fabriquen para su comercialización en el país/ Carencia de objeto/La reglamentación ya fue expedida por Minambiente dentro de sus competencias legales/Carencia de objeto/Modifica decisión del a quo.  19001333100420090037901. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.

 

2. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ Bono pensional /BBVA debe resolver la solicitud de pensión del actor y adelantar los trámites que le correspondan ante la entidad territorial para su pago efectivo. 19001333100520120009801. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.

 

3. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de Petición/ Peticiones de autorización de despido colectivo/La respuesta está supeditada a la realización de un trámite por parte del accionante/No concede. 19001233300220120044300. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.

 

4. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud con carácter reforzado/Persona vulnerable/Osteoporosis no especificada. 19001233300420120054300. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.

 

5. ACCIÓN DE TUTELA/ Agente oficioso/ No se señaló ni demostró tal calidad./Deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1.991. 19001233300320120050900. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.

 

6. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/ Habeas Data/ La UAE está en la obligación de verificar los datos de los usuarios que reposan en sus bases de datos. 19001333100220120009501. MP/ David Fernando Ramírez Ocampo

 

7. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/Prórroga de ayuda humanitaria/Al desplazado no se le debe someter a procedimientos injustificados. 19001233300220120013901. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.

 

8. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/Oportunidad y efectividad para entrega de ayuda humanitaria de emergencia/ Deben considerarse los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para dicho fin. 19001333100220120012301. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.

 

9. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Prevalece la formulación del médico tratante sobre las determinaciones de la entidad de salud. 19001233300220120050000. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz. 

 

10. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/Créditos condonables del ICETEX para miembro de comunidad indígena/ No se podía dar la suspensión del servicio de la forma que lo hizo la Entidad demandada. 19001233300420120044500. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.

 

11. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/Afectación de la unidad familiar en razón de la reclusión/Constituye una restricción legítima. 190012332003201200014901. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.

 

12. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso/No se desconoció ya que la notificación del acto administrativo se hizo supletoriamente por edicto/Revoca decisión del a quo.  19001333100420120009601. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.

 

13. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho a la salud/ Autorización del servicio de enfermería para adulto mayor. 19001233300220120012101. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.

 

14. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho a la salud/ Protección reforzada a adulto mayor/ Atención médica integral de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante. 19001233300420120050600. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.

 

15. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/Validación de título de especialista no otorgada por la Comisión Nacional del Servicio civil vulnera derechos fundamentales del accionante. 19001233300420120051800. MP/ David Fernando Ramírez Fajardo.

 

16. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Paciente de la tercera edad/EL CTC no puede justificar no entrega de medicamentos ya que el médico tratante los determinó desde su conocimiento profesional. 19001233300320120044900. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.

 

17. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/Alimentación suministrada/No se encuentra vulneración de derechos/Relación de sujeción. 19001233300320120012901. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.

 

18. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho a la salud/ Gastos de estadía del paciente en otra ciudad/Negación indefinida que no requiere ser probada/Precedente de la Corte Constitucional. 19001233300220120050100. MP/ Naún Mirawal Muñoz Muñoz.

 

ACCIONES ORDINARIAS 

 

19. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/  Liquidación unilateral de contrato de obra/Acta concertada por mutuo acuerdo entre las partes sin que se hubiera probado la presencia de vicios de consentimiento/ Niega pretensiones. 19001233170120020075500. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

20. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/ La historia clínica del actor resultó insuficiente/Al no probarse el daño antijurídico no se requiere probar la existencia de los demás elementos de responsabilidad. 19001333100520060000601. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

21. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de particular por artefacto explosivo/Los medios probatorios no son suficientes para determinar la propiedad del artefacto/Revoca decisión del a quo. 19001230000020040173701. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.

 

22. REPARACIÓN DIRECTA/ Internos/Autoagresión por depresión/ El INPEC no adelantó los procedimientos médicos necesarios para prevenir la ocurrencia de los hechos/Revoca la decisión de primera instancia. 19001233170120070016601. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

23. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de alcalde en manos de la guerrilla/El hecho de no aceptación expresa de su renuncia no demuestra que ello hubiera sido la causa eficiente del daño/Renuncia voluntaria a protección policiva/Confirma decisión del a quo. 19001233100420050103601. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

24. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/ Sanidad militar/ No se demostró falla en el servicio. 19001233170120060073000. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

25. REPARACIÓN DIRECTA/ Daño de inmueble por operación militar/ No se probó la calidad de propietarios, poseedores o tenedores de los actores/Confirma decisión del a quo. 19001230000120050064001. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.

 

26. REPARACIÓN DIRECTA/ Información sobre resolución de acusación en la persona de un candidato a Concejo municipal/Accede a pretensión.  19001233170120080021300. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

27. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de particular en manos del Ejército/Confrontación probatoria/ Las declaraciones de los miembros del Ejército no prestan credibilidad alguna frente a las demás pruebas obrantes en el expediente/Confirma decisión del a quo/ Reconocimiento de lucro cesante a favor de los padres/Presunción de que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años/Prolongación en el tiempo. 19001230000120050014001. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.

 

28. REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/Régimen subjetivo/ Falla probada del servicio/ No se probó la falla del servicio/Deniega pretensiones. 19001233170120050188900. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

29. REPARACIÓN DIRECTA/ Cobro de sumas de Hospital frente a IPS/Faltan elementos probatorios para demostrar que no se le permitió al Hospital adelantar las acciones judiciales procedentes. 19001233170120070046000. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

30. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Declaración de renta/ Exención tributaria establecida en la ley 218 de 1995/ / Inconsistencia presentada entre la declaración privada y la certificación emitida por el revisor fiscal/ Imposición de la sanción por inexactitud/ La diferencia le generó a la sociedad una exención mayor a la que realmente le correspondía/ Razón por la cual la entidad tributaria deberá liquidarla nuevamente. 1900123000032005101100. MP/ Magnolia Cortés Cardozo.

 

31. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación/ El Decreto 57 de 1993 no hace parte del conjunto de normas que regulan a los servidores de la Fiscalía. 19001233170220050143601. MP/ Magnolia Cortés Cardozo.

 

32. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Asignación de retiro/ Ineptitud sustancial de la demanda/ Falta de integración en debida forma del litis consorcio necesario por pasiva/ No se incluyó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional/ La reclamación por vía administrativa debió dirigirse también a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y no solo a la Caja de Sueldos de la Policía Nacional/Revoca sentencia del a quo. 19001233170220080000401. MP/ Magnolia Cortés Cardozo.

 

33. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Industria y Comercio/Es sujeto pasivo el comercializador de energía eléctrica/Servicio público domiciliario/Las resoluciones demandadas se encuentran ajustadas a derecho/ Ley 383 de 1997/ El municipio siguió el procedimiento legal para la liquidación de aforo. 19001230000220100019800. MP/ Pedro Javier Bolaños Andrade.

 

34. UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL/ COMPETENCIA DE LA SALA PLENA DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SALA PLENA DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO-Importancia jurídica / Auto que resuelve sobre la admisión de recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público / AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA ADMISIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO- Capacidad con la que cuenta para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción en materia de conciliación, pero extensivo a otros asuntos.

 

TÍTULO 1

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Acción:                                  Popular         

Magistrado Ponente:           CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO         

Sentencia:                              26 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001333100420090037901

 

Tema tratado: Ambiente sano/Manejo de los residuos y de las pilas usadas/ Reglamento técnico aplicable a pilas de zinc-carbón y alcalinas que se importen o fabriquen para su comercialización en el país/ Carencia de objeto/La reglamentación ya fue expedida por Minambiente dentro de sus competencias legales/Carencia de objeto/Modifica decisión del a quo. 

 

“Respecto a la pretensión referida al control del ingreso de pilas piratas al país, observa la Sala que el actor popular no demostró la ocurrencia de tal hecho y por ende no es posible realizar un juicio frente a la vulneración del derecho colectivo alegado como consecuencia del mismo. Así las cosas para la Sala los hechos que dieron lugar a  la presente acción, hoy en día han sido superados y en consecuencia no existe una orden a impartir, porque contrario a lo afirmado por la entidad apelante, de los medios probatorios allegados al expediente se  infiere que si bien la regulación del manejo de los residuos y de las pilas usadas, así como  el reglamento técnico aplicable a pilas de zinc-carbón y alcalinas que se importen o fabriquen para su comercialización en el país, se dio luego de la presentación de la acción popular, tales actuaciones fueron realizadas por el Ministerio accionado, dentro de sus competencias asignadas por la ley, hecho que indica que la obligación a su cargo en el caso en concreto y que podría atentar contra el derecho al goce de un ambiente sano ya fue cumplida. Con todo, advierte la Sala que la actuación del MAVDT no estuvo dentro de los principios de eficacia y celeridad que deben caracterizar la función pública, dado que dicha Cartera como responsable de la política pública ambiental en el país, teniendo conocimiento del grave daño que causan al medio ambiente los componentes de las pilas y su mal manejo al momento de desecharlos, desde el año 2006,  no  concretó acciones y programas que representaran verdaderas soluciones para la referida problemática, en el entendido que se conformó con intentar un convenio con los productores de los aludidos dispositivos, el cual finalmente no fue suscrito; y si bien en el año 2008, en cooperación con la Universidad Nacional realizó un estudio del consumo de los mismos, solo en el año 2010 define un sistema de recolección y manejo de los residuos generados por el uso de las pilas, hechos que indican el desinterés en desarrollar los lineamientos de la política ambiental sobre una necesidad que requiere la actuación pronta y determinante de la administración, siendo competencia del mencionado Ministerio y que de todas maneras ya ha tenido repercusiones en el medio ambiente”.

 

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TÍTULO 2

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Acción:                                   Acción de tutela         

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO           

Sentencia:                              04 de septiembre de 2012  

Expediente:                           19001333100520120009801

 

 

Tema tratado: Derecho de petición/ Bono pensional /BBVA debe resolver la solicitud de pensión del actor y adelantar los trámites que le correspondan ante la entidad territorial para su pago efectivo.

 

“No es la acción de tutela el mecanismo judicial idóneo para ordenar al Departamento del Cauca el pago de la cuota parte financiera del bono pensional porque se estaría pretermitiendo el procedimiento administrativo que se encuentra reglado. En todo caso, como quedó dicho, BBVA HORIZONTE no puede por la falta de redención de la cuota parte del bono desconocer el derecho pensional, debiendo resolver la solicitud de pensión del actor y adelantar los trámites que le correspondan ante la entidad territorial para su pago efectivo. En este orden de ideas, se confirmará el numeral primero de la sentencia de primera instancia, y se adicionará el numeral segundo para ordenar a la AFP que en el evento de que el FONPET no gire los recursos financieros para el pago de la cuota parte del bono, de todos modos resuelva la solicitud de pensión del actor, sin que pueda negar el derecho pensional por la no redención de la cuota parte del bono a cargo del Departamento del Cauca, trámite que BBVA HORIZONTE puede adelantar directamente con la entidad territorial”.

 

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TÍTULO 3

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Acción:                                   Tutela    

Magistrado Ponente:           NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ            

Sentencia:                              03 de septiembre de 2012                                                 

Expediente:                           19001233300220120044300

 

Tema tratado: Derecho de Petición/ Peticiones de autorización de despido colectivo/La respuesta está supeditada a la realización de un trámite por parte del accionante/No concede.

 

 

“Así las cosas, el término de los dos (2) meses que dispone la entidad accionada para dar respuesta de fondo  a la petición formulada por el accionante,  en aplicación del artículo 12 del C.C.A., se encuentran suspendidos hasta tanto el peticionario cumpla con la carga de suministrar la información o documentación relacionada con las garantías para la protección del pasivo pensional y la realización del trámite administrativo ante la Dirección de Pensiones y otras Prestaciones del Ministerio de Trabajo para la normalización de dicho pasivo. En virtud de lo expuesto, la entidad accionada no ha incurrido en violación al derecho fundamental de petición toda vez que la respuesta de fondo que se deba producir frente al mismo está supeditada a la acreditación de una condición o trámite por parte del accionante”.

 

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TÍTULO 4

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Acción:                                   Tutela     

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO      

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001233300420120054300

 

Tema tratado: Derecho a la salud con carácter reforzado/Persona vulnerable/Osteoporosis no especificada.

 

“…se trata de una persona vulnerable cuyo derecho a la salud tiene carácter reforzado, y cumple con las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional para ordenar, a través de tutela, la prestación del servicio de salud. En tal sentido en amparo de sus derechos fundamentales a la salud, integridad personal y dignidad humana la Dirección de Sanidad de la Policía Cauca deberá prestarle en forma integral la atención médica que requiere, dado que lo que se está protegiendo son los derechos fundamentales de la paciente”.

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TÍTULO 5

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Acción:                                   Tutela  

Magistrado Ponente:           CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO       

Sentencia:                             13 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001233300320120050900

 

Tema tratado: Agente oficioso/ No se señaló ni demostró tal calidad/Deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1.991.

 

“La Sala observa que SARA MARIA GUTIERREZ ANTE no señala la calidad de agente oficiosa en la que actúa y tampoco se observa ninguna clase de motivación dentro del escrito de tutela respecto de las circunstancias que acrediten algún tipo de imposibilidad física o mental que afecte al agenciado para ejercitar sus derechos, así como tampoco de los hechos o circunstancias en las que se fundamenta la acción se puede inferir tal circunstancia. Así las cosas, el solo parentesco existente entre SARA MARIA GUTIERREZ ANTE y LUIS FERNANDO MERA GUTIERREZ no la habilita para ejercitar la presente acción constitucional, debido a que su hijo es mayor de edad, razón que hace imperativo el  cumplimiento de los requisitos de la agencia oficiosa establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1.991.En suma, el sub examine no puede realizarse un pronunciamiento de fondo, en tanto el titular de los derechos fundamentales invocados no es quien promueve la acción de tutela, ni se encuentra imposibilitado física o mentalmente, pues si bien padece en la actualidad de de algunas enfermedades, ninguna de ellas tiene la entidad suficiente para que no pueda procurar personalmente la defensa de sus derechos. Por tanto, al evidenciarse que no se cumplieron los requisitos mínimos previstos en la ley para aceptar a SARA MARIA GUTIERREZ ANTE como agente oficioso de su hijo, le corresponde a esta Sala declarar la improcedencia de esta acción por falta de legitimidad”.

 

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TÍTULO 6

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ OCAMPO

Sentencia:                              05 de septiembre de 2012  

Expediente:                           19001333100220120009501

 

Tema tratado: Desplazados/ Habeas Data/ La UAE está en la obligación de verificar los datos de los usuarios que reposan en sus bases de datos.

 

“Ahora bien, es claro que por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas existió una vulneración al derecho de habeas data por lo que esta entidad está en la obligación de verificar los datos de los usuarios que reposan en estas bases de datos de la misma y en el caso en que exista información errónea disponer a su corrección para de esta forma evitar que se presenten casos como el que se está debatiendo. De la misma manera es claro que los menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad de sus derechos al retirarles la ayuda humanitaria del programa “Familias en Acción”, máxime cuando cumplieron con todos los compromisos y su retiro se debió a un error en la información del registro civil del No. NUIP de uno de los menores”.

 

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TÍTULO 7

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:           NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ         

Sentencia:                              25 de Septiembre de 2012

Expediente:                            19001233300220120013901

 

Tema tratado: Desplazados/Prórroga de ayuda humanitaria/Al desplazado no se le debe someter a procedimientos injustificados.

 

“Así las cosas, la Sala considera que se han vulnerado los derechos fundamentales de la accionante por parte de la entidad accionada, al no inscribirla en los programas a que hace referencia el Auto precitado y no habérsele prorrogado de forma automática la ayuda humanitaria, condicionándola a que previamente se adelante el trámite administrativo previsto para ello, sometiéndola así a procedimientos injustificados que en lugar de propender porque se supere la situación de desplazamiento por la que atraviesa, por el contrario lo que ocasionan es que se agudice el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Por la anteriores razones, y a partir de la calidad de sujeto de protección constitucional reforzada, radicada en cabeza de la peticionaria, pues se trata de una mujer víctima del desplazamiento forzado interno y además jefe de hogar, -condiciones que tornan preferente la ayuda que debe brindarle el Estado-, se REVOCARÁ  la sentencia del 16 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán y se concederá a la accionante el amparo deprecado”.

 

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TÍTULO 8

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO   

Sentencia:                              04 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001333100220120012301

 

Tema tratado: Desplazados/Oportunidad y efectividad para entrega de ayuda humanitaria de emergencia/ Deben considerarse los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para dicho fin.

 

“También, por Auto 008 de 2009 la Corte constató la persistencia del estado de cosas inconstitucional, a pesar de los avances logrados por la Administración para intentar solventar la grave, permanente y estructural situación de vulneración de los derechos constitucionales de la población desplazada y uno de los ejes respecto de los cuales el gobierno nacional debía mostrar el logro de soluciones duraderas, fue justamente el del enfoque diferencial para las personas con mayor nivel de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Así las cosas, la Sala considera que la conducta desplegada por la entidad accionada constituye una vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del actor y su familia en tanto les asignó un turno de entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, sin considerar los parámetros establecidos por el Máximo Intérprete Constitucional, esto es, oportunidad y efectividad al no informarle al señor José Mayorga una fecha cierta y oportuna para la entrega de la ayuda, y por tanto somete a  una familia de especial condición de indefensión, entre las cuales hay un infante y un adulto mayor, a una espera indeterminada que podría tardar años, pese a que la misma entidad, constató tras el proceso de caracterización que el núcleo familiar no ha superado su situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, se convierte en un incumplimiento de la segunda obligación, esto es se le efectuó el proceso de caracterización, le asignó un turno, pero no le informó una fecha cierta para el cumplimiento de la obligación dentro de un plazo razonable y oportuno”.

 

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TÍTULO 9

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:           NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ      

Sentencia:                              11 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233300220120050000

 

Tema tratado: Derecho a la salud/ Prevalece la formulación del médico tratante sobre las determinaciones de la entidad de salud.

 

“Así las cosas, en el caso en concreto se cumplen con las condiciones fácticas para la procedencia del suministro de medicamentos NO POS y para la inaplicación de las normas que regulan su trámite, ello en atención al delicado estado de salud de la menor (…). Ahora bien, ha sido objeto de discusión por parte de la entidad accionada el suministro de los medicamentos en su denominación comercial, pues uno de ellos fue autorizado en su condición genérica del Laboratorio LAFRANCOL y el otro, ordenada su entrega por medida provisional, se señala será cambiado de la marca CELL CEPT ® a la marca MICOFLAVIN 500mg, es por ello que la Sala le recuerda a la entidad accionada que la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que en estos casos prevalece la prescripción hecha por el médico tratante y por tanto no podrá a su arbitrio cambiar el medicamento ordenado, así bajo su entendido el mismo cause los mismos efectos, pues ello sólo se define por el médico tratante, quien es el que conoce de las condiciones particulares del estado de salud del paciente y quien, bajo su experticia en la materia, determina las condiciones de calidad, eficacia, seguridad y comodidad del paciente frente al medicamento”.

 

TÍTULO 10

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Acción:                                   Tutela  

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO         

Sentencia:                              05 de septiembre de 2012    

Expediente:                           19001233300420120044500

 

Tema tratado: Debido proceso/Créditos condonables del ICETEX para miembro de comunidad indígena/No se podía dar la suspensión del servicio de la forma que lo hizo la Entidad demandada.

 

“De los documentos aportados al expediente se encuentra plenamente demostrado que el hecho generador de la interrupción de los estudios universitarios   del señor Palechor en los años 2010 y 2011, obedeció a su elección y designación como Gobernador del Cabildo Yanacona de Rioblanco, tiempo durante el cual no solicitó renovación alguna de su crédito, ni fue objeto de DECLARACION DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CRÉDITO CONDONABLE, tal como lo dice el parágrafo del artículo reglamentario mencionado. Es decir no existió actuación administrativa que terminara con la decisión tomada y comunicada en la respuesta a sus derechos de petición y con ello la inobservancia de las formas propias del juicio a voces del artículo 29 de la Carta Política. (…) Continuando con la reflexión precedente se tiene en evidencia que la Institución demandada, con su actuación, desconoció en efecto el principio constitucional al debido proceso y al derecho de defensa, al no observar rigurosamente aquellas disposiciones que buscan garantizar la intervención del afectado dentro del procedimiento, a fin de preservar los derechos fundamentales del accionante, por lo que debió materializar su posibilidad de interposición de los recursos en la vía administrativa. En lo relacionado con las causales, se tiene que la conducta desplegada por el actor, no encuentra asidero en las descritas en el Reglamento Operativo del Fondo “Álvaro Ulcué Chocué” ni en el Reglamento de Crédito del Icetex para suspender definitivamente el beneficio una vez otorgado. En consecuencia se trata de casos especiales que no pueden ser valorados en la forma en que lo realizó la Entidad, si no a través de los propios mecanismos dados en el Reglamento del Fondo, bajo la lupa de los procedimientos diseñados para estos eventos especiales por ser sui generis en su conformación y solución.(…). Advierte la Sala en la actitud asumida por el ICETEX, al no precaver para la toma de su decisión la garantía y salvaguarda de los derechos fundamentales del tutelante, que incurrió en la violación a su derecho al debido proceso administrativo, por lo que concurrirá a su protección. En tanto que no implementó el mecanismo establecido en la norma para  casos especiales, como es el análisis y resolución a través de la Junta  Administradora del Fondo, la cual tiene entre sus funciones revisar y definir casos especiales reportados por los beneficiarios del mismo, que no sean determinados por el reglamento del Fondo. La afectación del debido proceso  pone en riesgo el derecho a la educación del tutelante”.             

 

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TÍTULO 11

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:            CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO       

Sentencia:                             28 de septiembre de 2012

Expediente:                           190012332003201200014901

 

Tema Tratado: Internos/Afectación de la unidad familiar en razón de la reclusión/Constituye una restricción legítima.   

 

“En cuanto a la afectación de la unidad familiar, esta es una de las restricciones legítimas que debe soportar el accionante y su grupo familiar por encontrarse privado de la libertad, no obstante del mismo formen parte tres menores de edad, ya que este hecho no es razón suficiente para utilizar esta vía excepcional como mecanismo a través del cual se ordene el traslado de penitenciaría, más aún cuando de las circunstancias particular del caso no se puede colegir que los menores estén enfrentando una grave afectación de sus derechos. En este sentido la Corte Constitucional ha señalado que se impone la intervención constitucional cuando con el traslado de penitenciaría los derechos de los niños, que son prevalentes, se ven afectados, verbigracia ha concedido el amparo constitucional cuando los dos padres de los menores se encuentran privados de la libertad o la madre, quien es la única responsable se encuentra en la misma situación y alguien externo al núcleo familiar se encarga del cuidado de los menores. Sentencias T 566 de 2007 y T 319 de 2011. Por tanto, para el caso en concreto se advierte una restricción a la unidad familiar entre al accionante y sus hijos menores, la cual es legítima, no es absoluta ya que existen otros medios a través de los cuales se puede mantener el contacto entre ellos y tampoco obedece a una situación caprichosa de la entidad accionada, ya que esta tiene fundamento legal. Además no se evidencia que los menores de edad se encuentren desprovistos de los cuidados que éstos requieren o por lo menos esa no es la situación fáctica de la presente acción”.

 

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TÍTULO 12

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:           CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO        

Sentencia:                              05 de septiembre de 2012

Expediente:                           119001333100420120009601

 

Tema tratado: Debido proceso/No se desconoció ya que la notificación del acto administrativo se hizo supletoriamente por edicto/Revoca decisión del a quo. 

 

“Por tanto, ante la existencia de los nuevos documentos con los cuales se demuestra que la notificación de la Resolución No 02487/03/2011 se realizó de manera supletoria a través de edicto (Fl.50) ante la inasistencia de Jesús Albeiro Dagua Chocué para notificarse personalmente de la misma, lo cual está de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario para tal efecto, fuerza concluir que el Departamento del Cauca no desconoció el debido proceso del accionante. Por tanto, la Sala encuentra que el amparo constitucional deprecado por Dumer Antonio Ortega Hoyos como representante de la Fundación Sol y Tierra no es procedente, toda vez que la Gobernación del Cauca no ha desconocido ningún derecho fundamental de éste, debido a que las peticiones elevadas fueron contestadas, puestas en conocimiento de los peticionarios y se les imprimió el trámite correspondiente”.

 

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TÍTULO 13

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Acción:                                   Tutela

Magistrado Ponente:           NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ

Sentencia:                              17 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233300220120012101

Tema tratado: Derecho a la salud/ Autorización del servicio de enfermería para adulto mayor.

 

“De lo anterior, y teniendo en cuenta la insistencia de la agente oficiosa por la prestación del servicio de enfermería permanente, además de la condición de salud  del señor (…), que no le permiten realizar por sí solo las necesidades fisiológicas, que le permitan llevar una vida en condiciones de dignidad y que de no recibir el servicio solicitado se pone en riesgo el derecho fundamental a la dignidad humana y a la salud, al carecer de los medios para hacerse cargo de sus necesidades básicas, tales como comer, bañarse y movilizarse, esta Sala, confirmará la decisión del juez de primera instancia, ordenando a la entidad ASMET SALUD EPS-S que realice las visitas de enfermería las 24 horas al señor (…).

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TÍTULO 14

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Acción:                                   Tutela  

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO       

Sentencia:                              14 de Septiembre de 2012

Expediente:                              19001233300420120050600

 

 

Tema tratado: Derecho a la salud/ Protección reforzada a adulto mayor/ Atención médica integral de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante.

 

“Así pues, se encuentra debidamente acreditado el incumplimiento de la entidad accionada, en brindar la debida protección reforzada a un adulto mayor, que no es otra que prestar la atención médica integral que requiera de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante. De la misma manera este Tribunal considera que, en aplicación del principio de la buena fe y teniendo en cuenta que la entidad accionada no desvirtuó la incapacidad económica de la afectada, se considera está probada para efectos de sufragar los gastos que implicaría el tratamiento médico a seguir. En el caso en comento evidencia este Despacho que según el problema jurídico planteado es procedente la acción de tutela, respecto de un adulto mayor puesto que se encuentra probada la omisión de la entidad prestadora de salud en suministrarle los medicamentos prescritos por el médico tratante y los procedimientos pertinentes los cuales requiere para tratar sus patologías (glaucoma, osteoporosis, osteopenia y hernia discal), por lo que se encuentra que la actitud de la Institución en negarlos repercute en el deterioro de la salud de la accionante desmejorando de esta forma su calidad de vida”.

 

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TÍTULO 15

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Acción:                                   Tutela      

Magistrado Ponente:           DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO   

Sentencia:                              25 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233300420120051800

 

Tema tratado: Concurso de méritos/Validación de título de especialista no otorgada por la Comisión Nacional del Servicio civil vulnera derechos fundamentales del accionante.

 

“De esta forma concluye la Sala que el argumento dado por la Comisión Nacional del Servicio civil de no validar el título de “Especialista en Gerencia de Impuestos”, es abiertamente violatorio de los derechos fundamentales de la actora por cuanto queda demostrado de acuerdo con la documentación obrante en el expediente que las funciones desarrolladas por ella hasta el momento en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar guardan estrecha relación pues desarrolla todo lo relacionado con las áreas de procedimientos contables, de presupuesto, tesorería, así como el control y organización de la gestión financiera, recaudo entre otras. Es por ello que este Tribunal de acuerdo al análisis precedente del caso en debate considera que la tutela es procedente para revisar los procedimientos llevados a cabo en los concursos de méritos para acceder a cargos públicos, según se expuso con anterioridad, por esta razón la Sala tutelará los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a cargos públicos de la accionante y ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil que tenga en cuenta y valide el Título de Especialista en Gerencia de Impuestos para el cargo de “Profesional Especializado” Código 2028 Grado 17 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro del presente concurso de méritos”.

 

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TÍTULO 16

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Acción:                                  Tutela       

Magistrado Ponente:           CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO           

Sentencia:                              10 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233300320120044900

Tema tratado: Derecho a la salud/ Paciente de la tercera edad/EL CTC no puede justificar no entrega de medicamentos ya que el médico tratante los determinó desde su conocimiento profesional.

 

“No puede aducirse como justificación para no entregar los medicamentos prescritos que el Comité Técnico Científico haya determinado que primero se deben agotar las alternativas contempladas dentro del vademécum, ya que el médico tratante desde su conocimiento profesional determinó cuáles eran los medicamentos que mejor resultado tendrían en la recuperación de la salud del paciente, quien presenta “ una osteoporosis muy severa”, por tanto puede concluirse que el tratamiento no puede ser reemplazado por otro. Por tanto, se vulneran los derechos a la vida e integridad personal del accionante con la negativa de proporcionar Tramcontin por 150 mg, Bonesse por 150 mg, Legabin por 75 mg y Bienex ampollas ordenados por el médico tratante, actor que se encuentra bajo la especial protección constitucional por tratarse de una persona de la tercera edad. La vulneración de los derechos es evidente, toda vez que el accionante no puede costear directamente los medicamentos recetados, debido a que no posee la capacidad económica para ello, situación que si bien es cierto no se encuentra demostrada en aplicación del principio de la buena fe y a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se debe asumir la veracidad de la información dada en el escrito de acción de tutela”.

 

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TÍTULO 17

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Acción:                                  Tutela        

Magistrado Ponente:           CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO          

Sentencia:                              25 de septiembre de 2012

Expediente:                                       19001233300320120012901

 

Tema tratado: Internos/Alimentación suministrada/No se encuentra vulneración de derechos/Relación de sujeción.  

 

“En el trámite de la tutela se prueba que la alimentación suministrada por parte del centro carcelario accionado a los internos (fls. 22 a 36) es acorde a las necesidades nutricionales, establecidas por la respectiva médica especialista. Así, no se acredita un racionamiento drástico de comida o el suministro de alimentos descompuestos, contaminados o antihigiénicos y no aptos para el consumo humano y lo que se observa es que los actores pretenden que les suministren alimentos diferentes a los que les ofrecen pero no con un fundamento serio y razonable, sino con base en consideraciones poco relevantes, como por ejemplo, que desean consumir tilapia roja y no otro tipo de pescado. Tales planteamientos de los actores desconocen su propia condición, puesto que al haber infringido el ordenamiento jurídico, están sometidos al sistema penitenciario y por tanto, tienen ciertas restricciones a algunos derechos, que frente a los hechos planteados en la tutela y contrastando con su especial relación de sujeción, no se observa que hayan sido vulnerados”.

 

TÍTULO 18

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Acción:                                  Tutela              

Magistrado Ponente:           NAÚN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ          

Sentencia:                              11 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001233300220120050100

 

Tema tratado: Derecho a la salud/ Gastos de estadía del paciente en otra ciudad/Negación indefinida que no requiere ser probada/Precedente de la Corte Constitucional.

 

“Respecto de la capacidad económica del accionante, es preciso señalar que  en la demanda se manifiesta que ni el tutelante ni su núcleo familiar disponen de los recursos económicos para sufragar los gastos de estadía del tutelante, así como tampoco para asumir los gastos de acompañante en el evento en que la Junta Médica se realice por fuera de la ciudad de Popayán, lo cual a criterio de la Corte Constitucional es una negación indefinida que no requiere ser probada, invirtiéndose la carga de la prueba a la entidad accionada, quien en el sub lite no demostró lo contrario. Así las cosas, observa la Sala, que en el asunto de autos se encuentran acreditados los parámetros jurisprudenciales decantados por la Corte Constitucional para ordenar a través de la acción de tutela el reconocimiento por parte de la entidad accionada de los gastos de estadía al accionante así como los gastos de transporte y estadía para un acompañante, en el evento en que la Junta Médica Laboral se realice en un municipio distinto al municipio de Popayán”.

 

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TÍTULO 19

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Acción:                                  Contractual       

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE          

Sentencia:                              06 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233170120020075500

 

Tema tratado: Liquidación unilateral de contrato de obra/Acta concertada por mutuo acuerdo entre las partes sin que se hubiera probado la presencia de vicios de consentimiento/ Niega pretensiones.

 

“Como quedó visto, la parte demandante manifiesta su inconformidad contra el acto de liquidación unilateral del contrato de obra No. C.R.C. 0475-10-08-00, es decir la Resolución No. 0417 de 14 de mayo de 2002 y su acto confirmatorio Resolución No. 0643 de 24 de julio de 2002 proferidas por la C.R.C., centrando la controversia en cuatro puntos: i) La liquidación unilateral del contrato por fuera del plazo estipulado en la cláusula vigésima primera del contrato y del artículo 60 de la ley 80 de 1993, ii) La falta de planeación y de estudios técnicos previos a la ejecución del contrato que sobrevinieron en circunstancias que causaron la variación del precio y cantidades del ítem 3.22 relacionado en la propuesta presentada por la Unión Temporal Domínguez y Domínguez, iii) La posibilidad de declarar la nulidad del acta de reunión No. 1 del 15 de enero de 2001 al estar afectada de vicios del consentimiento y iv) La demora injustificada en el pago del acta 09 y final de 25 de octubre de 2001. (…) Conforme a lo anterior, para la Sala la respuesta al problema jurídico principal es negativa, toda vez que no fue posible determinar alguna irregularidad que pudiera desestimar la legalidad de la Resolución No. 0417 del 14 de mayo de 2002 proferida por la C.R.C. mediante la cual se realizó la liquidación unilateral del contrato de obra No. CRC 0475 del 10 de agosto del 2000, ni de la Resolución No. 0643 del 24 de julio de 2002 que resolvió el recurso interpuesto contra el acto de liquidación. De igual forma, la respuesta al primer problema jurídico subsidiario es negativa, toda vez que como se explicó en la parte motiva de la presente providencia, el acta de Reunión No. 01 fue concertada de mutuo acuerdo entre las partes y elevada a escrito, sin que se hubiera probado la presencia de vicios en el consentimiento por parte de los demandantes  y que fueran inducidos por la C.R.C. para la suscripción de la misma. La respuesta al segundo problema jurídico subsidiario es negativa, toda vez que no se logró demostrar la fecha en la que la parte demandante presentó el acta 09 y final para cobro ante la C.R.C”.

 

 

TÍTULO 20

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Acción:                                  Reparación directa       

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE          

Sentencia:                              06 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001333100520060000601

 

Tema tratado: Lesiones a internos/ La historia clínica del actor resultó insuficiente/Al no probarse el daño antijurídico no se requiere probar la existencia de los demás elementos de responsabilidad.  

 

“De ese modo, entiende la Sala que la historia clínica del actor resultó insuficiente, en tanto que solo se constata la atención médica brindada al interno el 26 de agosto de 2006 tanto en la unidad de sanidad del penal como en el Hospital Universitario San José, observando que dicha fecha no coincide con lo aseverado por la parte demandante, pues reclama indemnización de perjuicios teniendo como fundamento unos hechos ocurridos el 29 de agosto de 2006, como se afirma en la demanda y en el recurso interpuesto contra la sentencia del a quo. Según lo expuesto, entonces, considera la Sala que no está probado el primer elemento de la responsabilidad, cual es el daño antijurídico sufrido por el actor y por cuya ocurrencia se reclama indemnización de perjuicios, por lo que no hay lugar a analizar los restantes. Lo anterior, comoquiera que éste constituye el elemento necesario de la responsabilidad y en el esquema de análisis actual es el punto de partida que permite sólo ante su acreditación, explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado”.

 

TÍTULO 21

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Acción:                                  Reparación directa       

Magistrado Ponente:           CARMEN AMPARO PONCE DELGADO           

Sentencia:                              13 de septiembre de 2012  

Expediente:                           19001230000020040173701

 

Tema tratado: Muerte de particular por artefacto explosivo/Los medios probatorios no son suficientes para determinar la propiedad del artefacto/Revoca decisión del a quo.

 

“En este orden, si bien encuentra la Sala que el señor Marino Orobio Venté murió con ocasión a la explosión de un artefacto que se encontraba dentro del material recogido en el río, no se tiene certeza de la procedencia de dicho elemento, dado que los medios probatorios allegados al expediente, no son contundentes ni suficientes para determinar las características y propiedad del artefacto explosivo, y por tanto no es posible establecer que se trataba de un arma de guerra producida o adquirida por la Armada Nacional, o de dotación de los militares acantonados en la base militar de Guapi, siendo preciso reiterar, que verificadas las respuestas de las autoridades como la Procuraduría Provincial de Popayán, el Batallón Fluvial de Infantería Marina No. 70 de la Armada Nacional,  la Capitanía del Puerto de Guapi y la Procuraduría Provincial de Buenaventura, se observa que ninguna de ellas da cuenta según su competencia, que se haya tenido conocimiento alguno de los hechos objeto de demanda, o que se hayan impulsado investigaciones penales o disciplinarias o que se hubiese certificado la realización de las prácticas militares por parte de la Armada Nacional, previo a la ocurrencia de los hechos. Bajo las anteriores circunstancias, considera la Sala que la imputación del daño no puede recaer en la entidad demandada, toda vez que frente al artefacto explosivo que produjo la muerte del señor Marino Orobio Venté, no se pudo establecer que era de dotación oficial o que se encontrara bajo la guarda y el cuidado de la accionada y por lo tanto que la entidad haya creado un riesgo para la sociedad por el cual deba responder, lo que en definitiva lleva a despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. En consecuencia, al no compartir la Sala la decisión adoptada por el Juez de primera instancia, la misma será revocada”.

 

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TÍTULO 22

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Acción:                                  Reparación directa          

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE          

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012   

Expediente:                            19001233170120070016601

 

Tema tratado: Internos/Autoagresión por depresión/ El INPEC no adelantó los procedimientos médicos necesarios para prevenir la ocurrencia de los hechos/Revoca la decisión de primera instancia.

 

“Para la Sala no cabe duda que la entidad demandada incumplió con las funciones legales encaminadas a la protección de la vida e integridad física del actor, pues en el caso que hoy se discute, -como ya se dijo- pese a tener un conocimiento previo de las afecciones psiquiátricas, un concepto médico que las evidenciaba y el registro de múltiples intentos de suicidio o autolesiones, no se adelantaron los procedimientos necesarios tendientes a prevenir la ocurrencia de los hechos que hoy se demandan, y menos aún a prodigarle la atención médica especializada que requería, máxime si desde el día anterior se sabía de las intenciones que tenía para atentar contra su vida. Dicho lo anterior, y partiendo del hecho que entre el Estado y las personas que se encuentran recluidas en un centro penitenciario surge una relación especial de sujeción en virtud del poder punitivo del primero, que le genera el deber de custodia, vigilancia y protección de los internos, mientras perdure la privación de la libertad; y dadas las especiales condiciones mentales del interno, la entidad demandada estaba en la obligación legal de haber adelantado una vigilancia más estricta en aras de prevenir las continuas autoagresiones del interno, haciendo énfasis en las recomendaciones formuladas por el psiquiatra, las cuales, como ya se expuso, no fueron tenidas en cuenta por dicha entidad. Bajo los anteriores elementos, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar condenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2007”.

 

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TÍTULO 23

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Acción:                                  Reparación directa          

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE                      

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012   

Expediente:                            19001233100420050103601

 

Tema tratado: Muerte de alcalde en manos de la guerrilla/El hecho de no aceptación expresa de su renuncia no demuestra que ello hubiera sido la causa eficiente del daño/Renuncia voluntaria a protección policiva/Confirma decisión del a quo.

 

“…que el señor FABIO GÓMEZ RENGIFO presentó renuncia al cargo de Alcalde Municipal de Almaguer en el mes de octubre de 2002, es decir casi un año antes de ocurrencia del  nefasto hecho. Así pues, para la Sala pierde relevancia el argumento planteado en la alzada, toda vez que si bien no se encuentra prueba alguna de que el Gobernador del Cauca le hubiera negado la renuncia, es de observar  que luego de treinta días de haberla presentado, éste podía optar por separarse del cargo sin incurrir en ninguna falta disciplinaria. Como tampoco obra prueba que permita inferir que el extinto alcalde  hubiera insistido en renunciar o apartarse de su oficio, pues siguió fungiendo como burgomaestre –como ya se dijo-, por casi un año más. De esta manera, no puede admitirse, entonces, que el hecho de no haberle aceptado expresamente la renuncia, hubiera sido la causa eficiente del daño que hoy se depreca, por lo que pierde sustento el argumento planteado por el apelante en este sentido. Finalmente, si bien es cierto que el señor FABIO GOMEZ RENGIFO se desplazaba desde la ciudad de Popayán al Municipio de Almaguer  con el ánimo de cumplir con sus funciones Constituciones y legales de alcalde municipal, lo cierto es que debió hacerlo - en razón a las amenazas que se cernían contra los mandatarios locales de la región -  con la debida protección policial, a la cual renunció voluntariamente, conforme a la prueba testimonial  relacionada anteriormente.  Así las cosas, al no aparecer demostrada la responsabilidad de las demandadas en los hechos que dieron origen al presente proceso,  la Sala confirmará el fallo del a quo”.

 

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TÍTULO 24

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Acción:                                  Reparación directa         

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE         

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001233170120060073000

 

Tema tratado: Responsabilidad médica/ Sanidad militar/ No se demostró falla en el servicio.

 

“Como se aprecia, el Hospital Militar Central brindó al paciente la atención médica hospitalaria que requería, sin que se aprecie que se hubieren presentado complicaciones en el proceso de recuperación de la cirugía a la que fue sometido en dicho centro hospitalario. Ahora, en lo que respecta a la atención brindada al paciente entre el 16 y el 23 de diciembre de 2005 en el Batallón de Sanidad Militar, observa la Sala que no obra en el proceso copia de la historia clínica de este centro asistencial, no siendo factible, en consecuencia, determinar cómo transcurrió su estadía en el mismo, qué clase de cuidados se le dieron, si presentó o no complicaciones en su estado de salud, por qué se le dio salida el referido 23 de diciembre, si se le autorizó o no que viajara por carretera a su lugar de residencia  y finalmente en qué condiciones  de salud hizo el referido viaje. Teniendo en cuenta  el régimen de responsabilidad aplicable al caso - falla del servicio -, según el cual corresponde a la parte actora demostrar los tres elementos que la constituyen (falla, daño y nexo causal), concluye la Sala que no es posible atribuir responsabilidad en cabeza de la entidad accionada por el daño antijurídico que se demanda, toda vez que no se logró demostrar la falla del servicio en la que supuestamente incurrió y que habría sido determinante en la causación del daño”.

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TÍTULO 25

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Acción:                                  Reparación directa            

Magistrado Ponente:           CARMEN AMPARO PONCE DELGADO         

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001230000120050064001

 

 

Tema tratado: Daño de inmueble por operación militar/ No se probó la calidad de propietarios, poseedores o tenedores de los actores/Confirma decisión del a quo.

 

“Lo anterior, evidencia la falta de actividad probatoria desplegada por la parte demandante, quien se reitera, no logró acreditar la calidad de propietario, poseedor o tenedor en que actuaban los actores, respecto del bien inmueble el cual alegan fue destruido con ocasión de una operación militar adelantada por el Ejército Nacional, y en consecuencia acreditar la legitimación material por activa de la demandante. Se debe recordar que conforme el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso, para que los derechos le sean reconocidos; lo contrario equivaldría a trasladar la carga de la prueba al fallador, quien si bien tiene el deber de interpretar la demanda y de decretar pruebas de oficio, no puede remediar la inactividad del accionante, ni actuar como si fuera tal. En consecuencia ante la ausencia de pruebas idóneas que permitan determinar, si en efecto los demandantes son las personas con derecho a reclamar la indemnización por los perjuicios que endilga al Estado, carece de sentido entrar a analizar los elementos de la falla atribuida a éste; puesto que el reconocimiento de las pretensiones está supeditado a la debida legitimación de quien se presenta como titular de las mismas. Por lo tanto, al compartir la Sala la decisión adoptada por el Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, procederá a confirmar la sentencia proferida el 21 de julio de 2010”.

 

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TÍTULO 26

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Acción:                                   Reparación directa            

Magistrado Ponente:            PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE  

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233170120080021300

 

Tema tratado: Información sobre resolución de acusación en la persona de un candidato a Concejo municipal/Accede a pretensión.

 

“De las anteriores declaraciones se  evidencia que fue a través de los medios de comunicación - radiales - que se tuvo conocimiento de la información que se había divulgado sobre la presunta investigación penal que por el delito de peculado  adelantaba  la Fiscalía General de la Nación contra  el entonces candidato al Concejo Municipal de Popayán RODRIGO ANTONIO GUZMÁN PAREDES, información no ajustada a la verdad y que había emanado del mismo ente de investigación. Como también dan cuenta dichos testimonios que la información errada dada por la fiscalía afectó la campaña política del candidato GUZMÁN PAREDES, en tanto varios de sus seguidores optaron por no apoyarlo, por lo que los cuadros directos del grupo político del referido candidato debieron intensificar  la campaña con miras a limpiar su imagen  e informar correctamente a sus  electores sobre lo falso de la información que circulaba, además de la preocupación, angustia y tristeza  que dicha situación generó en el aspirante al concejo  y su núcleo familiar”.

 

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TÍTULO 27

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Acción:                                  Reparación directa         

Magistrado Ponente:           CARMEN AMPARO PONCE DELGADO          

Sentencia:                              13 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001230000120050014001

 

Tema tratado 1: Muerte de particular en manos del Ejército/Confrontación probatoria/ Las declaraciones de los miembros del Ejército no prestan credibilidad alguna frente a las demás pruebas obrantes en el expediente/Confirma decisión del a quo.

 

“…se puede concluir que la versión de los hechos rendida en las declaraciones de los miembros del Ejército, no presta credibilidad alguna frente a las demás pruebas obrantes en el expediente, por el contrario, las declaraciones que sostienen la otra versión, referente a que no existió combate o enfrentamiento alguno en tanto únicamente se escucharon 3 disparos, si se encuentran respaldadas por otras pruebas, como lo son el protocolo de necropsia, y el acta de levantamiento del cadáver, los cuales muestran que los elementos encontrados en poder del occiso, Sánchez Campo, nunca fueron manipulados por el mismo en tanto no se encontraron sus huellas en dichos elementos, además que se logró acreditar que el occiso no accionó arma alguna en contra de los militares antes de su muerte. Situación que lleva a concluir a la Sala que la medida desplegada por el Ejército Nacional, no resulta ser proporcionada a la situación, hecho que implicó la muerte del señor Sánchez Campo. De lo expuesto se concluye, que el contexto fáctico en el cual tuvieron ocurrencia los hechos objeto de la demanda que aquí se examina, se encontraba inequívocamente ligado a la actividad de la administración, como quiera que el miembro del Ejército que accionó el arma que finiquitó la vida del señor Sánchez Campo, se encontraba dentro del servicio cumpliendo funciones propias del mismo. Así las cosas, el acervo probatorio obrante en el expediente no deja a la Sala duda alguna en torno a que entre la actuación de los miembros del Ejército Nacional, y el daño irrogado a los demandantes, existe relación de causalidad¾como quiera que, la actuación de los mismos, dio lugar a la muerte del señor Sánchez Campo, daño que desde el punto de vista jurídico, resulta  exclusivamente imputable a la Administración actuante, como lo alega el apoderado de la parte demandante, toda vez que no existe ninguna causal de exoneración de responsabilidad como lo sería la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor”.

 

Tema tratado 2: Reconocimiento de lucro cesante a favor de los padres/Presunción de que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años/Prolongación en el tiempo.

 

“Ahora en cuanto a la apelación de la parte demandante, en lo referente a que se debe reconocer la indemnización por lucro cesante a favor del señor Marco Tulio Sánchez, padre del occiso, cabe señalar, que para el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. No obstante, ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de éstos, la privación de ésta tendría un carácter cierto y ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, con la condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único”.

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TÍTULO 28

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Acción:                                  Reparación directa        

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE             

Sentencia:                              13 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233170120050188900

 

Tema tratado: Responsabilidad médica/Régimen subjetivo/ Falla probada del servicio/ No se probó la falla del servicio/Deniega pretensiones.

 

“…se pretende reclamar la reparación de los perjuicios ocasionados por la supuesta falla en la prestación del servicio de salud dado a la señora (…), circunstancia que devino en el aborto del feto que estaba gestando (…) Descendiendo al caso sub judice y de conformidad con el material probatorio allegado al proceso, observa la Sala que deberán despacharse negativamente las pretensiones de la demanda, al no aparecer demostrada la falla en el servicio”

 

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TÍTULO 29

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Acción:                                  Reparación directa               

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE       

Sentencia:                              06 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001233170120070046000

 

Tema tratado: Cobro de sumas de Hospital frente a IPS/Faltan elementos probatorios para demostrar que no se le permitió al Hospital adelantar las acciones judiciales procedentes.

 

“En consecuencia, no hay pruebas que permitan concluir que al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ E.S.E. no se le permitió adelantar las acciones judiciales procedentes contra COMSALUD I.P.S. tendientes a cobrar las sumas que le adeudaba por concepto de la prestación de los servicios médico hospitalarios, máxime si de las pocas pruebas allegadas en debida forma y obrantes en el expediente, no se tiene certeza si fueron siquiera suspendidos - como se anotó - los procesos ejecutivos que se encontraban en curso contra dicha I.P.S.(…) Como conclusión y para dar respuesta al problema jurídico planteado, y teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad aplicable al caso es el de falla en el servicio, según el cual corresponde a la parte actora demostrar los elementos que la constituyen, concluye la Sala que no es posible atribuir responsabilidad en cabeza de las entidades accionadas por el daño antijurídico que se demanda, toda vez que no se logró demostrar la existencia del mismo”.

 

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TÍTULO 30

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Acción:                                  Restablecimiento del derecho              

Magistrado Ponente:           MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO        

Sentencia:                              06 de septiembre de 2012

Expediente:                           1900123000032005101100

 

 

Tema tratado: Declaración de renta/ Exención tributaria establecida en la ley 218 de 1995/ / Inconsistencia presentada entre la declaración privada y la certificación emitida por el revisor fiscal/ Imposición de la sanción por inexactitud/ La diferencia le generó a la sociedad una exención mayor a la que realmente le correspondía/ Razón por la cual la entidad tributaria deberá liquidarla nuevamente.

 

“En el presente asunto, está acreditado que para el año gravable 2001, el contribuyente dentro de la declaración de renta incluyó una renta exenta distinta a la certificada por el revisor fiscal y presentada en la oportunidad legal para hacerse acreedor a la exención tributaria establecida en la ley 218 de 1995, lo que obligó a la administración tributaria a realizar un requerimiento especial por la inconsistencia presentada entre la declaración privada y la certificación  emitida por el revisor fiscal y que ocasionó la posterior aclaración o corrección por parte del contribuyente de la certificación inicialmente presentada. Sin embargo, la posterior certificación del revisor fiscal justifica sólo de manera parcial la diferencia que dio lugar a la sanción por inexactitud por valor de $906.187.290, soportada debidamente con las facturas antes mencionadas, pero no así la suma de $38.919.729, la cual carece en absoluto de soporte probatorio o contable que la verifique, en consecuencia conforme al aparte jurisprudencial transcrito, la diferencia no acreditada o justificada por la entidad contribuyente da lugar a imponer la sanción por inexactitud en tanto esta diferencia le generó a la sociedad una exención mayor a la que realmente le correspondía, razón por la cual la entidad tributaria deberá liquidarla nuevamente, teniendo en cuenta que el Impuesto de renta gravable se encuentra afectado por el total de rentas exentas correspondiente a  la suma de $ 16.119.604.000 y que por ende modifica el monto del saldo a favor declarado por el contribuyente”. 

 

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TÍTULO 31

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Acción:                                  Restablecimiento del derecho              

Magistrado Ponente:           MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO      

Sentencia:                              06 de septiembre de 2012

Expediente:                           19001233170220050143601

 

Tema tratado: Régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación/ El Decreto 57 de 1993 no hace parte del conjunto de normas que regulan a los servidores de la Fiscalía.

 

“La parte demandante solicitó se revoque la sentencia proferida por el juez de primera instancia quien negó las pretensiones del libelo, manifestó expresamente que tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial  y prestacional por concepto del incremento de 2.5% previsto en el Decreto  57 de 1993, en razón a no haber optado por el nuevo régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación. Considera igualmente que el Decreto 057 de 1993 se aplica  a aquellos servidores públicos de la Fiscalía que no se acogieron al nuevo régimen salarial y prestacional, pues  éste no es de aplicación exclusiva de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Justicia Penal Militar.  Consideró además que el incremento del 2.5% previsto en el Decreto 057 de 1993 debe ser aplicado sobre la remuneración  total y no sobre el salario básico. En aplicación de la jurisprudencia reseñada del H. Consejo de Estado, es claro para la Sala que el actor, como empleado de la Fiscalía General de la Nación, no tiene derecho a que se le reconozca y pague el incremento del 2.5% establecido en el artículo 17 del Decreto 57 de 1993, por las siguientes razones: Por consagración constitucional, la Fiscalía General forma parte de la rama judicial del poder público, pero opera con plena autonomía administrativa y presupuestal, y goza de su propio estatuto; conforme al Decreto 2669 de 1991 y demás normas que lo adicionan o modifican, se erige como un organismo distinto a los demás órganos de la rama judicial y goza de su propio régimen salarial y prestacional. A su vez se tiene que la creación constitucional de este organismo en 1992, permitió la incorporación en su planta de personal de  empleados que provenían de la Rama Judicial, cuyo régimen salarial fue establecido en el Estatuto Orgánico de esa entidad (Decreto 2699 de 1991) y en el cual se otorgó la posibilidad de optar por una sola vez, entre el régimen salarial y prestacional anterior y la escala de salarios prevista en el artículo 54 de ese estatuto, en aras de proteger sus derechos adquiridos. Aquellos empleados que no optaron por el régimen salarial y prestacional contenido en el artículo 64 del aludido decreto conservaron el derecho que tenían a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras especiales que estuvieran percibiendo antes de la incorporación a la nueva planta, derechos que siguieron conservándose tanto en el Decreto 903 de 2 de junio de 1992, como en los decretos posteriores que lo modificaron, como son el decreto 51 de 1993, 104 de 1994, 47 de 1995 y demás expedidos por el Gobierno anualmente para incrementar el valor nominal de la asignación básica, en especial en lo que se refiere a la prima de antigüedad. Por su parte el Decreto 57 de 1993, y el incremento del 2.5% establecido en su artículo 17, no hace parte del conjunto de normas que regulan de manera específica a los servidores de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y por ende no es aplicable a dichos funcionarios, en tanto que constituye un régimen salarial opcional aplicable únicamente para los servidores de la Rama Judicial, sin que pueda hacerse extensivo a quienes fueron incorporados a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, toda vez que, se repite, esta entidad goza de un régimen de carácter especial y de aplicación restrictiva, el cual no prevé el reconocimiento del 2.5% solicitado. De suerte que cuando el demandante  fue incorporado  a la entidad en 1992 y de manera voluntaria decidió quedarse en el régimen salarial que se le venía aplicando, asumió igualmente su sometimiento a las normas que regularon específicamente su situación laboral y que corresponden a los Decretos 903 de 1992, aplicada transitoriamente tras la implementación del régimen salarial de la Fiscalía, y derogada a su vez por  los Decretos 51 de 1993, y posteriormente por los decretos104 de 1994, 47 de 1995, 34 de 1996, 47 de 1997, 65 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 y 2724 de 2001 y Decreto 682 de 2002, régimen prestacional que debe ser aplicado en su integridad en virtud del principio de inescendibilidad de la norma tanto en lo favorable como a lo desfavorable y que si bien reconoce la prima de antigüedad para los empleados incorporados de la rama, no reconoce el incremento mencionado por el actor. Las conclusiones extraídas imponen la confirmación de la sentencia proferida por el juez de primera instancia, quien acertó al negar las pretensiones de la demanda”.

 

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TÍTULO 32

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Acción:                                  Restablecimiento del derecho              

Magistrado Ponente:           MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO       

Sentencia:                              06 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001233170220080000401

 

Tema tratado: Asignación de retiro/ Ineptitud sustancial de la demanda/ Falta de integración en debida forma del litis consorcio necesario por pasiva/ No se incluyó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional/ La reclamación por vía administrativa debió dirigirse también a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y no solo a la Caja de Sueldos de la Policía Nacional/Revoca sentencia del a quo.

 

“Así las cosas es evidente que son dos las entidades las que tienen a cargo el pago por cuotas partes de la asignación de retiro reconocida al actor en atención al tiempo de servicios que prestó en cada una de las entidades, situación que obligaba al demandante a dirigir su reclamación administrativa tanto al Ministerio de Defensa, como a la Caja de Sueldos de Policía Nacional, a efectos de agotar vía gubernativa; para el caso, no está acreditado que la parte actora hubiese realizado alguna solicitud sobre el incremento mencionado a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional, ni mucho menos que la hubiese vinculado como parte pasiva en el presente asunto, a pesar de que está acreditado que esta entidad responde por el 11.8666% del total de la prestación reconocida. Lo expuesto es suficiente para concluir respecto de las pretensiones enunciadas, que existe una ineptitud sustancial de la demanda y en ese entendido se declarará probada de manera oficiosa por falta de integración en debida forma del litis consorcio necesario por pasiva. Adicionalmente debe resaltarse la imposibilidad de vincular oficiosamente al proceso a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA, en tanto no se le dio la oportunidad de decidir en vía administrativa sobre el derecho pensional reclamado, a través de un pronunciamiento expreso o ficto, y mucho menos se puede predicar el agotamiento de la vía gubernativa para presentar la acción de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de esta entidad, en ausencia del requisito de procedibilidad regulado en el art. 135 del C.C.A (falta de agotamiento de vía gubernativa en relación con el MINISTERIO DE DEFENSA). Como consecuencia de lo expuesto, habrá de revocarse  la sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE POPAYAN, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar  se declarará una ineptitud sustantiva de la demanda por falta de integración del litis- consorcio necesario por pasiva”.

 

TÍTULO 33

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Acción:                                  Restablecimiento del derecho           

Magistrado Ponente:           PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE   

Sentencia:                              13 de septiembre de 2012

Expediente:                            19001230000220100019800

 

Tema tratado: Industria y Comercio/Es sujeto pasivo el comercializador de energía eléctrica/Servicio público domiciliario/Las resoluciones demandadas se encuentran ajustadas a derecho/ Ley 383 de 1997/ El municipio siguió el procedimiento legal para la liquidación de aforo.

 

“…EMGESA S.A. E.S.P., es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Puerto Tejada como comercializador de energía eléctrica al usuario final - Papeles del Cauca S.A.-, en virtud de la prestación del servicio público domiciliario, y conforme se señala en el dictamen pericial, corresponde a la entrega a usuario industrial final a través del Sistema de Interconectado Nacional –SIN. Así las cosas, las resoluciones demandadas se encuentran ajustadas a derecho toda vez que fueron expedidas en virtud de la Ley 383 de 1997, artículo 51, inciso primero, norma que se aplica al caso, teniendo en cuenta que el Municipio de Puerto Tejada era sujeto activo del impuesto de industria y comercio por la prestación del servicio público domiciliario en el ente territorial por parte de EMGESA S.A. E.S.P. a PAPELES DEL CAUCA S.A., como hecho generador del impuesto, independiente a la generación de energía. En cuanto al argumento relacionado con la sanción por no declarar, se observa que  el Municipio de  Puerto Tejada  siguió el procedimiento legal para la liquidación de aforo frente a EMGESA S.A. E.S.P., por el incumplimiento en la obligación de declarar el impuesto de industria y comercio, contemplado en el artículo 715 y siguientes del Estatuto Tributario, para lo cual procedió a realizar el emplazamiento previo, frente al cual EMGESA manifestó no realizar el hecho generador del impuesto de industria y comercio en el referido municipio, por cuanto las obras y plantas de generación no están ubicadas allí, por lo que - sostiene -  en términos de la Ley 56 de 1981 no es contribuyente de ICA ni sus complementarios”.

 

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

                                                                                              

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Tema tratado: COMPETENCIA DE LA SALA PLENA DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO-Unificación de Jurisprudencia. / COMPETENCIA DE LA SALA PLENA DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO-Importancia jurídica / COMPETENCIA DE LA SALA PLENA DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO-Auto que resuelve sobre la admisión de recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público / MINISTERIO PUBLICO-Capacidad con la que cuenta para impugnar las providencias proferidas por esta jurisdicción en materia de conciliación, pero extensivo a otros asuntos.

 

Acción:                                  Reparación directa           

Magistrado Ponente:           ENRIQUE GIL BOTERO   

Sentencia:                              27 de septiembre de 2012

Expediente:                            08001233100020080055701(44541)

“Existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v.gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos. (…) en el caso concreto se admitirá el recurso de apelación interpuesto por la demandada, Fiscalía General de la Nación, pero será inadmitido el presentado por el Ministerio Público, toda vez que no se cumplió con la carga mínima de argumentación en relación con el vínculo que deben tener las razones de la impugnación con los objetivos y derroteros fijados por el Constituyente en el numeral 7 del artículo 277 de la Carta Política (…) en el asunto sub examine una vez estudiado de fondo el documento que contiene el recurso de apelación no se advierte cuál es el objetivo superior y concreto del Ministerio Público-la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y/o de los derechos fundamentales– por lo cual se torna imperativo inadmitirlo ante la falencia absoluta de justificación argumentativa constitucional de la impugnación”.

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[1] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia 46177, septiembre 12/12, M.P. Elsy del Pilar Cuello.

[2] Ámbito Jurídico, No. 357 del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2012. Página 02